Los mandatarios de Aragón, Andalucía, Castilla y León, Murcia y la Comunidad Valenciana han aprovechado el debate en el Senado para comunicarlo
La sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas no iba de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, el presidente del PP no salió a colación hasta que la extremeña María Guardiola lo mencionó en su discurso, casi tres horas del arranque de la jornada.
Iba de dar voz a esas otras comunidades que no son Cataluña ni el País Vasco, y que se sienten agraviadas por la ruptura del principio de igualdad de los españoles y de la unidad de la nación. Y para ello estaban allí los once presidentes del PP. Para decir «ya está bien», como dijo el de Murcia, Fernando López Miras. Para proclamar que el fin «no justifica los medios, salvo para quienes tengan una concepción maquiavélica de la política», como proclamó el de La Rioja, Gonzalo Capellán.
Para sostener que España «somos todos y el futuro lo tenemos que decidir entre todos», como sostuvo la de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Y para recordar que la amnistía no supone perdonar, sino «pedir perdón», como recordó la presidenta de Baleares, Marga Prohens.
«Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas», leyó el presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Él y otros cuatro presidentes regionales, los de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Andalucía, anunciaron que sus respectivas comunidades recurrirán los pactos de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional si estos incluyen la condonación de la deuda que Cataluña tiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (el FLA) o cualquier otro acuerdo fiscal que suponga un agravio para el resto, como se temen. Esos recursos se unirán al ya anunciado por el PP nacional contra la amnistía.
«Tanta mansedumbre con algunas cosas y tanta mano dura con otras», lamentó el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, al recordar que el Gobierno acaba de recurrir la ley del litoral gallega ante el Tribunal Constitucional mientras negocia una amnistía que, según los populares, es claramente inconstitucional.
«No puede ser negociable el marco de convivencia del 78 para meter a martillazos lo que no está en la Constitución», advirtió Alfonso Fernández Mañueco. E Isabel Díaz Ayuso preguntó a la Cámara Alta: «¿Cuánto dura una nación que se deja traicionar?».
En los discursos de varios de los presidentes hubo alusiones a la ausencia de los tres presidentes regionales del PSOE, pero sobre todo a la del Gobierno en su conjunto. Ni siquiera estuvo la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que se puso un acto en Albacete a la misma hora.
A los barones del PP les indignó eso y, también, la falta de consideración de Pere Aragonès. El presidente catalán llegó, habló y se marchó sin escuchar. Pero le dio tiempo a soltar su bomba de racimo: «La amnistía no es un punto y final. Es el punto de partida de un destino: que la ciudadanía catalana vote en un referéndum, de forma acordada y reconocida».
A lo que el andaluz Juanma Moreno respondió: «Cataluña es cuestión de todos y a todos nos incumbe su futuro».
