Una coalición provida presenta una queja ante la comisión de Peticiones por una posible violación de la imparcialidad de los magistrados
La Asamblea de asociaciones por la vida y la dignidad, una coalición compuesta por más de 130 asociaciones provida de toda España –y coordinada por entidades como la Asociación Católica de Propagandistas, One of Us y el Foro de la Familia junto a otras como Asociación Neos–, ha decidido denunciar una reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional español con relación a la ley del aborto.
El recurso de inconstitucionalidad del aborto estuvo aparcado durante más de 12 años por el mismo TC y ahora, al tener mayoría el sector de izquierdas, lo ha solventado por la vía rápida: niegan que haya ningún conflicto con la Constitución y la defensa de la vida.
La queja presentada el pasado 7 de octubre ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pone en entredicho la imparcialidad de varios magistrados de dicho Tribunal.
Se alega que ciertos miembros de la mayoría izquierdista del Tribunal no se abstuvieron a pesar de haber expresado previamente opiniones favorables a la ley del aborto en otros cargos que ocuparon. Esto habría influido en la decisión del Tribunal en contra de la inconstitucionalidad de varios aspectos de la ley.
El principio de imparcialidad se encuentra establecido en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Además, la situación podría también ir en contra de los artículos 24, 103.3 y 117 de la Constitución española, aquellos que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva, la imparcialidad y la independencia judicial.
Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, se negaron a recusarse, a pesar de las advertencias presentadas en su contra. Esta situación ha sido denunciada como una amenaza para la apariencia de imparcialidad que los tribunales deben proyectar en una sociedad democrática.
Es importante destacar que los magistrados recusados incluyen a antiguos ministros de Justicia del Gobierno del actual presidente en funciones Pedro Sánchez, lo que agrega un evidente matiz político a la controversia.
