La reciente sentencia del órgano constitucional en la que se abre la puerta a modificar los consensos para que el Ejecutivo pueda renovar el CGPJ sin tener en cuenta al Partido Popular hacía saltar las alarmas
El Tribunal Constitucional controlado por Cándido Conde-Pumpido ha quedado totalmente «desacreditado», tras los últimos acontecimientos, para decidir sobre la amnistía. Así de contundentes se muestran quienes, preocupados por la actual situación política, esperaban que la Corte actuase como medida de contención a las pretensiones imposibles de algunas formaciones. Sin embargo y lejos de ello, el órgano de Garantías ha empezado a mover algunas fronteras jurídicas, algunas reconocidas en su propia doctrina, para favorecer cambios normativos que han puesto a Europa en alerta en estos días.
La reciente sentencia del órgano constitucional en la que, tras dar luz verde al bloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez a los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se abría la puerta a modificar los consensos institucionales para que el Ejecutivo pudiese renovar el Consejo sin tener en cuenta al Partido Popular, hacía saltar las alarmas. Hasta tal punto que la pregunta formulada por los populares en Bruselas sobre esta cuestión llevaban al comisario de Justicia, Didier Reynders, a lanzar una clara advertencia: cualquier retroceso que afecte a la independencia judicial o la separación de poderes en España, podrá ser llevado ante los tribunales comunitarios.
El Debate ya advertía hace unas semanas en exclusiva –tras conocerse el sentido del fallo del Constitucional en el recurso del Partido Popular y Vox contra la modificación legal orquestada entre PSOE y Podemos, en 2021– del temor a que el TC diese alas al Ejecutivo hacia nueva modificación legal que, por fin, le permitiese controlar el máximo órgano e los jueces. Hasta ahora, la única institución que ha resistido los intentos de injerencia de Sánchez en el Poder Judicial.
La fórmula para lograrlo, en primer lugar, reducir las mayorías aritméticas necesarias en Congreso y Senado, las Cámaras constitucionalmente obligadas a impulsar el recambio del CGPJ, para que de cualificadas –de tres quintos– pasen a simples –la mitad más uno–, como ya trató de hacer el Gobierno en la pasada legislatura. Cabe recordar que, entonces, fue el Constitucional el que frenó la maniobra del grupo parlamentario socialista para lograrlo, por la puerta de atrás, incluyendo una enmienda en una ley que trataba sobre una materia que nada tenía que ver con el caso.
En segundo término, y no menos inquietante, concentrando el grueso de la elección de los nuevos miembros del futuro y eventual consejo, en el seno del Congreso, donde el PSOE cuenta con mayoría frente al PP. El argumento, el mayor peso que la soberanía popular tendría en la Cámara Baja frente a la representación netamente territorial de la Alta.
Un escenario que permitiría a Sánchez y a sus socios de legislatura situar, sin cortapisas, hasta un total de 16 de los 20 vocales que conforman el CGPJ, durante los próximos 5 años. Y una opción que el texto aprobado por siete de los once miembros del Constitucional, a propuesta de la magistrada María Luisa Balaguer, ha dejado habilitada «a conciencia». Pese a los intentos de Conde-Pumpido por negar en los corrillos del pasado 12-O, Fiesta Nacional, que ésa fuese la intención real del texto.
No en vano, y como ya alertaron los expertos consultados por El Debate, es consciente el presidente del TC de cómo semejante escenario «supondría desnaturalizar, en su literal, el artículo 122 de la Constitución» que reserva a la LOPJ la capacidad de regular la conformación, el funcionamiento y el gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
