El cuarto informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho de la UE señala que «aumenta la preocupación» por la falta de renovación y pide que se cambie la forma de elegir al fiscal general
Bruselas vuelve a amonestar a España por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que está en funciones desde 2018. La preocupación «aumenta» señala el cuarto informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea que se ha presentado este miércoles y que expone, además, la necesidad de cambiar la forma de elegir al fiscal general del Estado para separar el poder del Gobierno.
«En España, la situación del Consejo del Poder Judicial suscita serias preocupaciones, en primer lugar, por la no renovación del Consejo a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, porque no se han tomado medidas para adaptar el proceidmiento de designación de sus jueces-miembros», expresa el informe.
De esta forma, Bruselas vuelve a poner el foco en que se cambie la elección de los vocales de forma que sean los jueces los que elijan a sus pares en el órgano de gobierno y no como hasta ahora que son los miembros del Congreso y del Senado los que deben seleccionar a los 20 miembros de una lista más amplia que les facilita la carrera. “En marzo de 2021 hubo una reforma en el funcionamiento del régimen del CGPJ cuando está en funciones, que ya no puede proceder a nombramientos para altos cargos judiciales, incluido el Tribunal Supremo. Debido a la no renovación, el 30% de puestos en el Tribunal Supremo están vacantes”, resalta Europa.
Por su parte, desde el Ejecutivo hacen responsable de la situación del bloqueo al PP: «Es muy poco habitual que en un informe de estas características se diga tan abiertamente que el principal problema del Estado de Derecho de un país se debe a la actitud de la oposición, lo cual muestra la profunda preocupación que existe en Bruselas por el incumplimiento sistemático de la Constitución por parte de Feijóo».
Europa advierte de un problema de separación de poderes. «No se han tomado medidas para fortalecer el estatuto del fiscal general y abordar la separación del mandato de la oficina del fiscal general de la del Gobierno», muestran . Tal y como está el Estatuto del Minsiterio Público en la actualidad, el jefe del órgano es nombrado por el presidente del Ejecutivo de turno y su mandato termina cuando acaba el del político por lo que la dependencia es notoria. Si se ampliara el mandato del fiscal general por el plazo de cinco años no coincidiría con el tiempo político.
El documento habla también de la lucha contra la corrupción. «España tiene que hacer frente a los retos relacionados con la duración de las investigaciones y enjuiciamiento, para aumentar la eficiencia en el manejo de alto nivel casos de corrupción». Aunque no menciona expresamente la modificación del delito de malversación que el Ejecutivo de Pedro Sánchez desdobló en dos bajando la pena de lo que no suponga ánimo de lucro.
Falta de transparencia
«Las normas sobre conflicto de intereses de los altos cargos ejecutivos no están implementado adecuadamente», añade Bruselas que desglosa país a país fortalezas y debilidades. Asimismo, recuerda que a pesar de que existe una solicitud del Tribunal de Cuentas, la ley que rige la financiación de los partidos políticos sigue sin cambios.
Sobre la transparencia del legislativo, aclara que «si bien en España existen salvaguardas que garantizan la consulta sobre propuestas de ley» que elabora el Gobierno, hay preocupación por «ciertas prácticas en el Parlamento que pueden tener un impacto en la calidad de la legislación».
Igualmente, se pone el foco en algunas de las fortalezas del sistema español como, por ejemplo, los abogados. «Pasos para garantizar el derecho de acceso a un abogado están en curso en varios Estados miembros. En España, el marco de justicia gratuita ha sido fortalecido aún más», dicen.
