El Gobierno, en contra de lo previsto inicialmente, planea hacer la solicitud a la Comisión Europea en las semanas siguientes a las elecciones generales
Nuevo viraje en los planes del Gobierno sobre la reforma de las pensiones. A principios de junio se conoció que Nadia Calviño no iba a pedir a Bruselas el cuarto pago de fondos UE, en el que destaca esta polémica reforma. Esto implicaba, como avanzó Vozpópuli el 12 de junio, dejarle la patata caliente al próximo gobierno, que podría hacer cambios; y obligaría a Alberto Núñez Feijóo a retratarse si gana las elecciones.
Si bien la vicepresidenta anunció que sí pediría la adenda antes de las elecciones del 23-J y dio a entender que también pediría el cuarto pago, no era sí respecto a este último. Fuentes próximas a Calviño han trasladado este martes que prevé realizar esta petición a la Comisión Europea, a cambio del pago de 10.000 millones, estando en funciones; es decir, desde el 24 de julio. En julio o incluso en agosto o septiembre, detallan.
Este plan resulta sorprendente una vez que se ha renunciado a pedirlo antes de las elecciones, dado que el Gobierno no entra en funciones hasta que pase la jornada electoral. Y cuando la petición de este pago estaba prácticamente lista, según venía transmitiendo Calviño.
Las fuentes antes citadas justifican no pedirlo antes del 23-J en que los funcionarios encargados de estos trámites no tendrían tiempo y que ha habido mucha saturación de negociaciones en el Plan de Recuperación.
Sin embargo, Calviño ha declarado durante la primavera que el pago estaba casi preparado y que se pediría en cualquier momento y la adenda ya se remitió a Bruselas el 7 de junio, con lo que había mes y medio para presentar la petición antes de los comicios.
A la pregunta de si el plan de no pedirlo antes de las elecciones obedecía a un intento de que el próximo gobierno se retrate y de que expliquen por qué se va a hacer estando en funciones, fuentes de Asuntos Económicos niegan lo primero y subrayan la importancia de pedir los pagos sin dilación y seguir operando con normalidad. A esto añaden: «No sabemos cuánto tiempo puede estar el Gobierno en funciones».
Si el Gobierno de Pedro Sánchez pide el cuarto pago, las reformas quedarán más ‘cerradas’ que si no lo hiciera. Con todo, un ejecutivo diferente al que le tocara el cierre definitivo de la negociación seguiría teniendo cierto margen para realizar cambios. Menor, eso sí.
El cuarto pago y sus condiciones
La petición del cuarto pago pendiente corresponde a las reformas e inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022, entre ellas, la reforma de las pensiones, que Escrivá cerró con retraso en marzo, y que Calviño asegura desde entonces que iba a pedir. Esta petición no tiene plazo. Se pueden solicitar un máximo de dos pagos al año, pero no hay exigencias, salvo que si se retrasa el ritmo puede no dar tiempo a pedir y ejecutar los fondos, ya que de momento el plazo final es el 31 de agosto de 2026.
Sin embargo, España es el país más adelantado en la petición de los tramos y en los pagos -no en la adenda, que ha pedido de los últimos-. Es decir, no hay compromiso oficial con Bruselas sobre la reforma de las pensiones ni plazo para solicitar el pago de los fondos de ese tramo, salvo que se cumpla lo firmado en el Plan, que en suma lo que plantea es que la reforma sea sostenible, lo que la AIReF, el Banco de España, BBVA o Fedea han dicho que no lo es, en lo que coincide el PP.
Desde que Asuntos Económicos trasladara a principios de junio que no iba a pedir el cuarto pago ha habido un cambio en el escenario político. Además de la publicación por este medio y otros de que el hecho de no pedir el cuarto pago supondría que le caiga la negociación al próximo gobierno y podría obligar a retratarse a Núñez Feijóo en la reforma más inflamable -si no hace cambios, se entenderá que la avala; si los hace, de momento los sindicatos ya han advertido de que no lo van a tolerar, con la vista puesta en las protestas en Francia que casi tumban a Macron-, precisamente la semana pasada se han conocido los planes del líder de los populares, que pasan por hacer cambios.
La propuesta del PP será el resultado de varias consultas a la AIReF –muy crítica con la reforma-, al Banco de España -que tampoco la ve sostenible-, a los responsables de Trabajo y Seguridad Social -en este hipotético escenario, altos cargos de un gobierno del PP- y a los agentes sociales. Cabe recordar que la reforma de José Luis Escrivá no tiene el aval de CEOE. El principal partido de la oposición promete que su propuesta compatibilizará dos objetivos: asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, lo que cree que la reforma de Pedro Sánchez no hace.
Y es que el próximo gobierno podrá hacer cambios de calado en la reforma de las pensiones sin poner en juego ningún compromiso con Bruselas porque todavía no se ha cerrado la negociación ni realizado petición del pago. Desde Asuntos Económicos destacan ahora que esta posibilidad les parece muy peligrosa y perjudicial.
Las reformas que decaen
Un análisis del Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo de 16 de junio de 2021 sobre el Plan de Recuperación, donde se desglosan con detalle hitos y reformas con sus fechas límite de aprobación y/o entrada en vigor, muestra que sólo una de las reformas que acompañan a las de las pensiones ha decaído con el adelanto electoral, la Ley del Cliente Financiero, a la que sólo quedaba su validación por el Senado.
El resto de leyes que han saltado por los aires con la convocatoria de elecciones -y que Calviño ha incluido en la adenda o ha introducido este martes en el Real Decreto-ley que prorroga las ayudas por la guerra de Ucrania- no están comprendidas en este tramo. Fuentes de Asuntos Económicos apuntan a que se retomarán las reformas pendientes.
El Banco de España también cuestiona la reforma
Esta segunda pata de la reforma de las pensiones, centrada en el aumento de los ingresos de la Seguridad Social y en la suficiencia de pensiones para los trabajadores con carreras laborales más volátiles, es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos del que penden 10.000 millones y debía haberse aprobado el 31 de diciembre. También aquí Bruselas revisará el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en el que ya ha obligado a hacer una subida adicional a la ya proyectada. Esta reforma está comprometida en este pago. Escrivá la adelantó y la aprobó en su primer versión un año antes, pero se revisará ahora.
La subida de cotizaciones sociales incluida en la última reforma de pensiones a través de diferentes vías, elevará los ingresos de la Seguridad Social un 0,6% del PIB en 2030 y un 0,9% en 2050, por debajo del 1,1% estimado por el Gobierno para ese último ejercicio, según cálculos del Banco de España, que en un artículo publicado el 7 de junio coincide con los análisis críticos de la AIReF y Fedea.
La proyección del supervisor no tiene en cuenta el efecto que el aumento de los costes laborales podría tener sobre el empleo y los salarios, por lo que advierte de que la capacidad recaudatoria de la reforma podría ser incluso menor.
La reforma contempla un aumento de las cotizaciones por tres vías: subida de las bases máximas de cotización por encima del repunte de los precios entre 2024 y 2050; una cuota de solidaridad para la parte de los salarios más altos que no cotiza a la Seguridad Social, que entrará en vigor en 2050, y la sobrecotización que establece el citado MEI entre 2023 y 2050 y que se dobla desde 2029.
Estas medidas tendrán un impacto «asimétrico» en la distribución de ingresos, pues los salarios por debajo de la base de cotización máxima se verán afectados únicamente por el MEI, mientras que los ingresos más altos deberán afrontar el aumento de cotizaciones derivado de las tres vías mencionadas, señala el artículo.
El Banco de España constata que existe una «gran incertidumbre» sobre el efecto preciso de estas medidas, dado que «el horizonte de cuantificación es muy amplio». «La materialización de cambios en el mercado de trabajo y la propia reacción de los agentes obligarán a reevaluar su alcance en el futuro», apunta la institución.
