La juez imputó a un viceconsejero canario a tenor de un oficio presentado por la Agencia Tributaria que le implica en el presunto amaño de un procedimiento en connivencia con el sobrino del tito Berni y el mediador
La Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en dos cargos del Gobierno canario por su implicación en la trama del ‘tito Berni’. El Ministerio Público se ha hecho eco de un informe aportado a la causa por la Agencia Tributaria que apunta a dos miembros del Ejecutivo regional, entre ellos el viceconsejero del sector primario de Canarias, Álvaro de la Bárcena Argany, por su presunta implicación en el amaño de expedientes de empresarios vinculados a la trama.
La magistrada al frente de la causa acaba de imputar a estos dos cargos junto con cuatro personas más, tal y como avanzó este medio, ante los indicios de que prevaricaron con su actuación. El movimiento se produce a tenor de un informe de la Agencia Tributaria aportado recientemente a la causa en el que vincula a estos dos miembros del Gobierno canario con la cúpula de la trama del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘tito Berni’.
Así consta en un reciente escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que apunta a «indicios racionales» de la comisión de delito de prevaricación respecto de Álvaro de la Bárcena Argany y Estefanía Margarita González Núñez. El fiscal matiza que se aprecia, a través de conversaciones y comunicaciones transcritas, una intervención que revise de indicios delictivos de estos dos cargos públicos de la Administración canaria.
El Gobierno canario, en el epicentro
Todo ello, insiste la Fiscalía, en connivencia con el núcleo duro de los investigados en la causa del ‘tito Berni’. En concreto menciona al sobrino del exdiputado socialista y al exdirector general de Ganadería Taishet Fuentes; al empresario Alberto Montesdeoca; a Antonio Navarro Tacoronte ‘el mediador’ de la trama y a Miguel Ángel Robayna.
Precisamente la juez ha citado al viceconsejero del Sector Primario del Gobierno canario y a la jefa de Servicio de este departamento por los delitos de prevaricación y revelación de secretos. La investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife apuntó desde un primer momento al presunto amaño de subvenciones y manipulación de expedientes desde la Administración canaria y, más en concreto, desde la Dirección General de Ganadería.
Se desprenden indicios de comisión del delito de prevaricación respecto de Álvaro de la Bárcena y Estefanía Margarita González como responsables públicos que han intervenido en la tramitación del procedimientoFiscalía Anticorrupción
Los audios intervenidos y las investigaciones policiales acreditarían pagos de empresarios (en su mayoría ganaderos) a la trama para que el área que entonces controlaba Taishet Fuentes mediara a favor de sus trámites. Con todo, la causa ahora apunta a dos actuales miembros del Gobierno canario que habría mediado a favor de estos presuntos amaños y vincula en los hechos a Montesdeoca.
El primer empresario de la red
Este ganadero, al que se referían como ‘el chaval de la quesería’, acudió a la trama ante el expediente que el Gobierno canario le incoó por el Servicio de reintegro de subvenciones de fondos europeos. Los investigadores le otorgan un papel relevante dentro de la rama de empresarios ya que, según detallan, consta como el primero en formar parte de esta presunta organización criminal.
Según manifestó el mediador en su declaración ante la juez del caso, el sobrino del tito Berni le habló de la quesería de Montesdeoca y le pidió que mediase para ofrecerse a rebajar la sanción. El ganadero tenía que hacer frente a una sanción de 74.099 euros por no haber justificado la subvención del fondo recibido y se enfrentaba, además, a más multas por todas las subvenciones recibidas desde el año 2016.
Por ello fue de los que más abonos giró a la trama del tito Berni contando además con los 5.000 euros iniciales que todos los empresarios tenían que abonar a una asociación a nombre del exdiputado del PSOE en el Congreso. Sin embargo, el ganadero no consiguió eludir el pago de la sanción, lo que le llevó a reprocharle al mediador que se sentía «engañado».
Análisis de más expedientes
La juez acaba de ordenar que se recabe un informe técnico de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en relación al expediente sancionador de este empresario en aras a estudiar si se evidencian indicios de delito de prevaricación. Pero no es el único de los documentos que están bajo el foco de la Justicia.
Anticorrupción ha pedido que se remita a este órgano dependiente de Hacienda otro informe tramitado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario para que estudie si hay visos de delito. Al respecto sostiene que existen indicios en los informes policiales «que hacen pensar razonablemente la existencia de anomalías en la tramitación que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales».
Con todo, Anticorrupción ya avanza que la causa en la que se investiga a una docena de personas por presunta organización criminal y estafa puede agrandarse. «En la medida en que avance la investigación y se tenga conocimiento de otras posibles irregularidades que afecten a la tramitación de procedimientos administrativos, el Ministerio Público tras la oportuna valoración y delimitación solicitará de la Autoridad Judicial nuevos traslados de expedientes para su análisis a la Intervención General», expone.
La magistrada acaba de dar un impulso a la causa y ha imputado, además de a los dos cargos del Gobierno canario, a otras cuatro personas más por su presunta vinculación a la red. Al hilo ha citado a dos más como testigos (entre ellas la actual secretaria general Técnica de Agricultura, Bienvenida Reyes Ojeda) y también al propio tito Berni y a su sobrino.
Estos últimos vuelven al juzgado para ampliar la declaración que prestaron tras el estallido de la causa en febrero y se someterán a una pericial caligráfica ordenada por la magistrada. Las comparecencias tendrán lugar entre los días 28 y 29 de este mes.
