Bajo el Gobierno de Chávez y Maduro, estos supermercados de Precios Justos se fueron a la quiebra técnica a los cinco años de nacer. Pese a ello, el Estado mantuvo con dinero público
Podemos tiene nueva medida estrella de cara al 28-M: la creación de supermercados públicos. Una estrategia que persigue vender alimentos a un precio más económico, pagar más a los agricultores y ganaderos, además de generar 50.000 puestos de trabajo. Un proyecto que suena idílico, ya que productores y consumidores se benefician, pero lo cierto es que está lejos de serlo. Y para muestra, un botón: Hugo Chávez ya implantó a bombo y platillo esta fórmula en 2010 -la cadena de supermercados ‘Abasto Bicentenario’– y fracasó de forma estrepitosa, ya que en 2019 cerró el último de sus locales. ¿Por qué? Además de sufrir varios casos de corrupción, la estrategia de comprar caro y vender barato generó pérdidas millonarias.
‘Abasto Bicentenario’ generó pérdidas desde un principio y apenas cinco años después de su lanzamiento, en 2015, se convirtió en una empresa pública en situación de quiebra técnica, tal y como señaló la Memoria y Cuenta del Ministerio de Alimentación de Venezuela. En concreto, cerró aquel ejercicio con unas pérdidas de 3,4 mil millones de bolívares (486,2 millones de euros, al cambio en aquel año), una cifra que según este documento, superaba «en más de dos tercios» el capital social de la cadena de supermercados públicos. Pese a la quiebra, estos supermercados se siguieron sosteniendo con dinero público durante cuatro años más.
Al final, estos supermercados públicos no solo acabaron bajando la persiana y dejaron a 10.000 empleados en la calle: también provocaron una crisis en el sector privado y un encarecimiento de la cesta de la compra. La razón es muy sencilla: compraban por encima de precio y vendían por debajo de él, por lo que solo conseguían que estos negocios funcionaran a base de generar déficit.
Tras su puesta en marcha en 2010, los productores dejaron de vender sus alimentos a la empresa privada, ya que optaron por vender su producción a la empresa pública, ya que pagaba más. Esto generó problemas de abastecimiento en algunas cadenas privadas, ya que muchos de sus proveedores dejaron de trabajar con ellos. Al fin y al cabo, nadie quería vender sus huevos o sus tomates por la menos dinero de lo que daba el Gobierno a través de ‘Abasto Bicentenario’.
El resultado inicial fue fantástico, ya que los venezolanos podían comprar comida a un bajo coste mientras los ganaderos y agricultores ingresban más dinero que nunca. Exactamente lo mismo que promete Podemos. Por ello, los productores accedieron encantados a priorizar la venta a Abasto Bicentenario. Un ejemplo es la Federación Bolivariana de Agricultores y Ganaderos de Venezuela (Fegaven), que en 2010 prometió abastecer con 2.500 reses semanales a la red de supermercados públicos.
Balsamino Belandria, presidente de la organización, creyó que así iban «a trabajar de productor a consumidor», eliminando a los intermediarios. Las patronales lo vieron como una noticia positiva y como una «respuesta inmediata y contundente para frenar la especulación«. Lo cierto es que la utopía duró hasta que se acabó el chorro constante de dinero público.
Mientras se mantuvo vivo, obligó a los supermercados privados a bajar sus precios para poder competir con ‘Abasto Bicentenario’, que no contaban con la red estatal para financiar sus pérdidas. Pese a ello, siempre tenían precios más altos: los supermercados públicos en Venezuela vendían a precio de coste o incluso por debajo. Esto provocó el empobrecimiento paulatino del sector.
A ello hay que sumarle que Hugo Chávez intervino el mercado: impuso un límite a los márgenes de beneficios de las compañías de alimentación, lo que dificultó más la libertad de estas compañías para fijar unos precios que permitiesen la viabilidad de las empresas. Precisamente desde Podemos estuvieron meses pidiendo topar el precio de los alimentos y mantiene sus críticas a Juan Roig por subir los precios de sus productos para paliar el encarecimiento de las materias primas.
¿Márgenes excesivos? La realidad desmiente a Echenique
Podemos, según Pablo Echenique, busca con esta medida acabar con la especulación alimentaria en nuestro país y con los márgenes de beneficio excesivos. La realidad es que la formación morada miente: esos márgenes, según las cuentas de estas empresas, no son ni mucho menos abultados. Además, este hecho dificulta todavía más comprar caro, vender barato y no ser deficitarios.
Mercadona cerró su último ejercicio con un margen de beneficio de 3,2 céntimos antes de impuestos. Carrefour, por su parte, gana 0,6 céntimos por cada euro que ingresa según sus cuentas en el primer semestre de 2022, en este caso sí después de impuestos. DIA, otro de los líderes del sector, cerró en pérdidas 2022. Por tanto, ante márgenes tan cortos y un mercado tan competitivo, es difícil plantear un modelo de ‘súper’ revolucionario que pague caro, venda barato y no genere pérdidas.
Si el modelo Precios Justos de Podemos genera pérdidas, ¿quién las cubre? Pues en este caso, al tratarse de una entidad pública, sería el Estado el encargado de afrontar el gasto. Como ya ocurriera, por ejemplo, durante la pandemia del coronavirus con todas las empresas dependientes del Estado, el déficit se sufragaría con dinero público. Es decir, que los ciudadanos pagarían, al final, un precio mayor por los productos de lo que muestra el ticket de compra: primero pagarían a través de las cajas y después, mediante impuestos.
Hay que tener en cuenta también el alto coste de este proyecto. Según Pablo Echenique, con este plan Podemos pretende crear 50.000 puestos de trabajo, lo que supondría ampliar la plantilla pública en un 1,83% y pagar a una plantilla superior a la que posee Carrefour España (en torno a 45.000 empleados).
