La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo asegura que el Gobierno ignora sus peticiones de información y pone en duda que los fondos estén llegando
Los hombres de negro europeos, que fiscalizan los fondos de recuperación entregados a España, siguen sin saber qué ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con los primeros 40.000 millones entregados. «A día de hoy, no sabemos dónde han ido a parar la totalidad de los fondos europeos recibidos por España». Con esta frase tan clarificadora, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo (CONT) dejó esta semana en evidencia la opacidad y la falta de información del Ejecutivo español durante la presentación del informe sobre la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Sus conclusiones no dejaron lugar a dudas: «La última vez que pregunté por el dinero fue hace tres semanas. Y hoy todavía no he recibido ningún dato», criticó la alemana Monika Holhmeier, que cargó contra el Gobierno español por su falta de capacidad. «No me explico como la Administración española no cuenta con herramientas informáticas interoperables para facilitar búsquedas agregadas que informen al ciudadano y a las instituciones del destino de cada uno de esos fondos».
La Comisión también detectó que el reparto de este dinero se ha hecho sin un control exhaustivo, tras insinuar que no se está gastando bajo las premisas para las que fue concedido, tras haber detectado partidas que se han destinado a gasto corriente y operativo. Por eso, Holhmeier insistió en un tono muy duro que «todos los fondos deben destinarse a proyectos con valor añadido europeo, no a partidas del presupuesto nacional ordinario». En línea con las conclusiones que ya puso de manifiesto el día que finalizó su visita a España, volvió a criticar la excesiva burocracia que está ralentizando la ejecución del Plan de Recuperación –»situación que es extensiva a otros países europeos», dijo–, y la falta de transparencia y los errores de gestión de las comunidades autónomas, que ante la falta de operatividad del programa Coffee «han mandado la información por correo, en hojas Excel o en otros sistemas porque la plataforma del Ministerio de Economía era incompatible con la de otros ministerio».
Desde la Comisión se asegura que volverán solicitar a España los datos para clarificar su destino y «hacer un control de cada céntimo entregado. Todo debe ser fiscalizado al detalle». También han puesto en duda que este dinero esté llegando a la economía real: «No sabemos si está llegando a las empresas y familias que lo necesitan». Asimismo, destacaron que la mayoría de estos fondos han quedado bajo control de las Administraciones públicas.
Las conclusiones de esta Comisión de Control Presupuestario son casi idénticas a las presentadas por el Tribunal de Cuentas español, que ya alertó en su último informe de fiscalización sobre la gestión autonómica del Plan de Recuperación sobre que el Gobierno no ha sido suficientemente transparente con la gestión de los fondos europeos y pidió a las regiones una mejor planificación estratégica de los mismos. Este Tribunal señala los errores de la puesta en marcha de las reformas y las inversiones que deben llevar a cabo las comunidades y las ciudades autónomas y recomienda «cambios para gestionar de forma ágil los proyectos».
Entre sus objeciones destacó la forma en que las comunidades han abordado la gestión de estas ayudas. El informe indica que aunque todas han habilitado espacios web para dar difusión a las actuaciones, esta información «no está completa», aparece «de forma sesgada» y, además, solo ocho autonomías publicaron datos oficiales referidos a las actuaciones desarrolladas. Otro aspecto criticado es la cobertura de las necesidades de recursos humanos para la gestión del Plan, al que define como «uno de los grandes retos a los que se enfrentan las comunidades y ciudades autónomas», sobre el que apunta que existen «oportunidades de mejora en las medidas adoptadas en relación con la planificación de estos recursos». Destaca también que, «con carácter general», las comunidades y ciudades autónomas «no establecieron criterios comunes estandarizados para las valoraciones a realizar por las entidades ejecutoras en la cumplimentación de los test de autoevaluación, de forma que se pudieran comparar entre sí», con la única excepción de Cataluña. La autoevaluación que deben hacer las comunidades sobre su gestión de los fondos no se ha realizado con un proceso «ordenado, coherente y comparable» para identificar y corregir riesgos de gestión.
