La empresa que aspire a auditar la situación de sus casas debe tener «sensibilidad»
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El pliego de condiciones del contrato licitado por la Sareb para auditar el estado de sus pisos okupados exige mimo hacia los okupas de sus inmuebles, pese a que estos no solo deterioran su cartera de activos sino que perjudican directamente a los ciudadanos que se encuentran inscritos en las listas de espera de viviendas sociales. Así, la sociedad semipública exige que quienes aspiren a hacerse con el contrato posean «un conocimiento altamente especializado en la recuperación de la posesión mediante gestión amistosa», así como «alta experiencia» en la «gestión de las situaciones ocupacionales» y «sensibilidad en el componente social de la actividad». Y es que la Sareb deja ver su preocupación por la repercusión que pueda tener la recuperación de inmuebles en manos de okupas y por ello incluye entre las exigencias del contrato «minimizar las riesgos reputacionales y legales» incluso en el caso de encontrar pisos vacíos.
En esta línea, la sociedad semipública establece que debe «recuperarse la posesión» en el caso de activos que «se han visto ocupados ilegalmente» o con «alquiler incumplido», pero siguiendo previamente unos pasos que alargarán enormemente el proceso y permitirán que los okupas extiendan su permanencia ilegal en esas propiedades.
‘Desokupación’ voluntaria
Además de realizar «cuantas visitas sean necesarias» para determinar «sin lugar a duda el estado ocupacional del inmueble», el pliego del contrato establece que «adicionalmente» se podrán realizar «un conjunto de acciones amistosas» para «obtener la posesión de forma amistosa», incide. Y ello «siempre cumpliendo los máximos estándares éticos» y «evitando siempre la realización de actuaciones indebidas». Estas tácticas de «gestión amistosa» se concretan en dos. De un lado mediar con los okupas para lograr el desalojo del inmueble y «la entrega voluntaria de la posesión» sin compensación dineraria, De otro, lograr la «firma de documentación de entrega voluntaria» y de ser «necesario» la «recogida y custodia de llaves».
UNA LARGA TAREA
Visitar varias veces cada inmueble
El pliego de condiciones del contrato licitado por Sareb establece los pasos que deben seguir las agencias que auditen sus pisos. El primero de ellos es «realizar cuantas visitas físicas al inmueble sean precisas para determinar sin lugar a duda su estado ocupacional». El mínimo de estos desplazamientos es tres en «diferentes días y horas laborables o no».
Determinar la vulnerabilidad
En el caso de que existan moradores ilegales en los inmuebles, el siguiente paso será determinar la vulnerabilidad de los mismos mediante un completo informe en el que debe incorporarse documentación o información que lo acredite.
Resolución tras la investigación
A continuación, el expediente será volcado informáticamente en Sareb y remitido a un «experto» que volverá a evaluar la vulnerabilidad de los ocupantes y «emitirá resolución».
La vía judicial, nunca en exclusiva
El pliego de condiciones del contrato establece la vía judicial como camino para recuperar inmuebles ‘okupados’ pero nunca en exclusiva, sino siempre en paralelo a una gestión «amistosa» de la situación de ‘okupación’.
Mediación con los inquilinos ilegales
La Sareb deja claro que quiere evitar situaciones de conflicto con los inquilinos ilegales y plantea como camino el planteamiento de «actuaciones amistosas» para obtener la posesión «de forma amistosa». En esta línea, una de las opciones que plantea el pliego de condiciones es la «mediación con los ocupantes dirigida a la desocupación del inmueble y la entrega voluntaria de la posesión sin compensación dineraria».
El recurso a la vía judicial también forma parte del proceso de recuperación pero nunca podrá ser utilizado como camino exclusivo. Es decir, que los procedimientos que se interpongan contras las okupaciones deberán «ejecutar de forma coordinada con el procedimiento de recuperación amistoso», y no se podrá llevar directamente a los okupas ante la Justicia. Esta doble actuación persigue, según la sociedad semipública, evitar «la realización de actuaciones innecesarias» y aplicar «siempre» sus principios de gestión de la vulnerabilidad.
