El paro general dará comienzo el próximo día 16 de mayo a las 00.00 horas y ya ha sido formalmente registrado y comunicado al Ministerio y resto de instituciones competentes, como el CGPJ
Todos los jueces, magistrados y fiscales de España, sin excepción y en unidad de acción, irán a la huelga. No habrá prórroga, ni más oportunidades para el Ministerio de Justicia pese a que, el próximo día 3 de mayo, las partes implicadas en el conflicto declarado, formalmente este viernes, se sentarán entorno a una Mesa de Retribuciones que llevaba más de cinco años sin convocarse. Las principales asociaciones de la Magistratura y del Ministerio Público ya han notificado al Departamento que dirige Pilar Llop su decisión de paro indefinido, a partir del 16 de mayo a las 00:00 horas, hasta que se atiendan sus reivindicaciones en materia salarial y profesional.
En el documento que han hecho llegar al Ministerio, y al que ha tenido acceso en primicia El Debate, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), se explican detalladamente los motivos que han llevado a los jueces y fiscales de nuestro país a un escenario de suma transcendencia y gravedad. Ante la «nula voluntad» negociadora que ha mostrado Llop desde que arrancaron, hace varias semanas, las «medidas de presión» de otros operadores jurídicos como Letrados (LAJ) y funcionarios.
Sobre la mesa, y como eje central de la declaración, «la necesidad de una actualización y adecuación retributiva razonable y justificada tanto por la pérdida de poder adquisitivo» que los miembros de la Judicatura «venimos arrastrando, cuanto menos, desde el año 2009 hasta la actualidad, como por la cada día más compleja labor que implica el ejercicio de las funciones jurisdiccional y fiscal», han expuesto los jueces en el texto registrado en Justicia.
Un extremo en el que hace unas horas, los jueces recibían el apoyo expreso del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que movía ficha para acompañarles con tres interlocutores, designados en el cónclave de este mismo jueves, y un plan de mejoras salariales, a la cita prevista la próxima semana en la sede del Ministerio. Y que se lleva «postponiendo de forma inmotivada e inexplicable» desde hace varios lustros por parte de las autoridades competentes.
«No podemos obviar que asistimos, desde hace años, a un notorio aumento de la litigiosidad dimanante, entre otros factores, de una catarata de reformas legislativas que no hacen sino incrementar exponencialmente las funciones y, por extensión, las cargas de trabajo de jueces y fiscales, lo que a su vez afecta de forma notoria a la salud laboral», lamentan los convocantes del paro indefinido en su carta registrada en Justicia y trasladada al presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo; al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; y, a la autoridad laboral competente.
Así las cosas, y «a fin de garantizar que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sea una realidad y que el servicio público de Justicia se preste a la ciudadanía con la debida celeridad y atención, es imprescindible la creación de juzgados y la convocatoria de oposiciones de acceso a los cuerpos de las Carreras judicial y que sea, sustancialmente, superior a la tenida lugar en los últimos años», han asegurado los portavoces de ambos cuerpos en el texto ya notificado.
Inacción «inmotivada» e «inexplicable»
Las asociaciones judiciales y fiscales llevan décadas reclamando del Ministerio de Justicia que se dé «adecuada respuesta a sus indicaciones, a través de la elaboración de innumerables escritos y comunicaciones y la participación en todo tipo de reuniones», pese a lo que no han obtenido «ningún resultado tangible» desde el Ministerio.
Lo que ha obligado a los jueces y fiscales a instar «medidas de presión» progresivas que han terminado por cristalizar en la huelga que arrancará el próximo día 16 de mayo. «Ninguna utilidad tiene efectuar convocatorias formales» de la Mesa de Retribuciones prevista la próxima semana «si finalmente no se dota de contenido real» a dichas reuniones, han denunciado los profesionales de la Magistratura y el Ministerio Público que se han declarado en conflicto colectivo.
«En la misma línea y en coherencia con nuestras reivindicaciones se ha venido instando de manera reiterada y persistente la imperiosa e ineludible necesidad de la creación de unidades judiciales así como plazas en los cuerpos» de ambas carreras, «de manera sustancialmente superior a la acontecida en los últimos años», han apostillado desde el Comité de Huelga.
Este último estará compuesto por un total de 10 integrates: María Jesús del Barco, decana de los jueces madrileños y su compañero Alejandro González Mariscal de Gante, por la APM; Óscar López Bermejo y Luis Ortiz Vigil, por la AJFV; Fernando Portillo y Francisco Gutiérres en nobre de FJI; así como Cristina Dexeus, presidenta de la AF y Enrique Valdés-Solís; y, Vicente González Mota y Santiago Sánchez López por la APIF.
