La Comisión Europea se abre a estudiar «los argumentos» de la Junta de Andalucía sobre los regadíos en Doñana

El consejero de Medio Ambiente traslada al comisario europeo que la proposición de ley que tramita el Parlamento autonómico «en absoluto perjudica» al espacio protegido

El Gobierno dice que hay más vías para impedir el plan de la Junta en Doñana además del artículo 155

La Comisión Europea asiste perpleja a la bronca entre la Junta de Andalucía y el Gobierno, entregados a un peculiar duelo a garrotazos en el que son incapaces de entenderse para dar una solución a los regadíos de la corona norte de Doñana. En medio de este clima de hostilidad entre dos administraciones españolas, ha tenido lugar este lunes en Bruselas un encuentro entre el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, y el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, quien había solicitado la reunión para explicar «personalmente» a la Comisión Europea su postura sobre este asunto.

Lo que ha prendido la mecha de la pugna entre Junta y Gobierno es una proposición de ley que ha presentado el PP en el Parlamento andaluz que propugna la ampliación del suelo regable al norte del espacio natural, siempre que haya aguas superficiales disponibles procedentes de trasvases que tiene que ejecutar el Ejecutivo central.

Al término de la reunión, el responsable autonómico ha declarado a los periodistas que la Comisión Europea «se ha comprometido a estudiar los argumentos» de la Junta, a favor de dar una salida legal a los agricultores del entorno de la mayor reserva ecológica de Europa, así como las razones que expone el Gobierno de Pedro Sánchez, contrario a un plan que considera ilegal y que, a su juicio, pone en peligro el humedal declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En la Junta de Andalucía no quieren echar las campanas al vuelo y se guían por una prudencia extrema en un asunto que ha levantado ampollas en la Moncloa y también en Bruselas, que ha amenazado con sancionar a las autoridades españolas si se aprueba plan que apoya el Gobierno regional de Juanma Moreno. El consejero andaluz ha querido rebajar la presión usando la pedagogía para tratar de convencer al comisario europeo de que la iniciativa, lejos de aumentar la presión sobre el acuífero de la mayor reserva ecológica de Europa, persigue precisamente aliviarla porque apuesta por el uso de aguas superficiales para poner coto a los pozos ilegales.

No «perjudica» al humedal

«En absoluto perjudica al acuífero de Doñana, siempre estamos hablando de agua en superficie», ha recalcado Fernández-Pacheco, porque el agua subterránea «tiene que ser» para el espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. No obstante, ha insistido en que se pueden introducir modificaciones en el proyecto durante su tramitación en el Parlamento andaluz, aprobada con los votos del PP y Vox.

En la citada reunión, el comisario europeo de Medio Ambiente le ha expresado la preocupación de la Comisión Europea por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a proteger Doñana. Dicha inquietud es compartida por el Gobierno de Juanma Moreno (PP), ha dicho Fernández-Pacheco, quien ha indicado que, en la cuota que le corresponde a la Junta, «estamos siendo extremadamente diligentes en su cumplimiento». Además, el comisario ha indicado que asiste con preocupación a «todo el revuelo mediático interesado que estamos viviendo en nuestro país», ha abundado el consejero. La Junta está siendo objeto de un «torbellino de descalificaciones, insultos», aparte de «bulos y mentiras» en este asunto, ha añadido.

Un encuentro adelantado

«Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento y como único arma con el que defendernos frente a este ataque continuo y al aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España», ha declarado el consejero al término de la reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, un encuentro que estaba inicialmente previsto para el 3 de mayo, y que se ha adelantado.

El responsable autonómico ha insistido también en que la proposición no supone ninguna «amnistía» para los agricultores que expolian los pozos y ha defendido que desde 2019, tras la llegada de Moreno a la Presidencia de la Junta, «se ha multiplicado por cuatro los procesos sancionadores».

Al acabar la reunión, el consejero ha detallado también que le ha trasladado al comisario que la proposición de ley no afecta al enclave declarado Patrimonio de la Humanidad, ni al parque nacional ni al espacio natural, sino a la corona forestal al norte del mismo.

En esta batalla por el relato, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se apuntó el primer tanto. La pasada semana se reunió con el responsable europeo de Medio Ambiente para hacerle partícipe de la «preocupación» del Ejecutivo con la propuesta apoyada por el Gobierno de Juanma Moreno y le avanzó que usaría todos los medios a su alcance para frenarla.