El Papa Francisco ha suprimido la posibilidad de que los Cardenales y otros altos cargos del Vaticano dispongan gratuitamente o con condiciones ventajosas de las viviendas que son propiedad de la Santa Sede.
El propósito de esta decisión es favorecer el compromiso de la Santa Sede en su servicio a la Iglesia Universal y a los necesitados, “en un contexto económico como el actual, de particular gravedad”. La medida afecta a los Purpurados, así como a los jefes de dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, directores y equivalentes e incluso auditores del Tribunal de la Rota Romana.
En concreto, el Santo Padre instó a “que todos hagan un sacrificio extraordinario para destinar mayores recursos a la misión de la Santa Sede”, aumentando así los ingresos que provienen de la gestión de los bienes inmuebles.
La decisión del Santo Padre deja sin efecto cualquier disposición previa que prevea el disfrute del uso gratuito o con condiciones favorables de alojamiento a las citadas autoridades.
El rescripto también prohíbe el pago de la llamada “contribución de alojamiento” o de otras contribuciones similares que buscan compartir el alquiler o los gastos de vivienda.
Según el documento, “las entidades propietarias deberán aplicar a los sujetos anteriores los precios normalmente aplicados a quienes no tienen encargos en la Santa Sede o en el Estado de la Ciudad del Vaticano”.
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En consecuencia, los Cardenales, obispos y otros superiores de la Curia deberán someterse a las mismas normas de aquellos que no trabajan en la Santa Sede.
Además, incide en la necesidad de que también se pague el hospedaje en la Domus Santa Marta, la residencia del Vaticano donde vive el Papa Francisco junto a otros prelados y que en ocasiones recibe a visitantes que hasta el momento se alojaban gratuitamente.
Se establece asimismo que cualquier excepción a esta nueva regulación deberá ser autorizada directamente por el Pontífice.
La decisión del Papa Francisco se emitió a través de un “rescriptum ex audientia”, tras una audiencia concedida a Maximino Caballero Ledo, prefecto de la Secretaría para la Economía, el 13 de febrero de 2023. El texto de la misma ha sido publicado por varios medios italianos y se ha compartido internamente en el Vaticano.
Esta norma no tiene ningún efecto sobre las facilidades ya concedidas en la fecha de su entrada en vigor y, por lo tanto, los contratos estipulados antes de su vigencia “continuarán hasta su vencimiento natural, pero podrán ser prorrogados o renovados sólo en cumplimiento de lo anterior”.
El patrimonio de la Santa Sede está gestionado por el APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica) y actualmente administra unas 2.400 viviendas y unas 600 oficinas y locales comerciales.
