ERC o la CUP han apoyado una moción de los populares contra el ministro del Interior. El Grupo dirigido por Cuca Gamarra ha registrado otra reprobación en la Cámara, esta vez contra la titular de Igualdad por la polémica del solo sí es sí
No resulta muy habitual que el bloque de la derecha vote junto a formaciones independentistas en los asuntos que llegan al Congreso de los Diputados. Pero Fernando Grande-Marlaska ha sido una excepción. El Congreso ha aprobado este jueves una moción del Partido Popular para solicitar la reprobación del ministro del Interior, a cuenta de su gestión en la tragedia migratoria ocurrida el pasado 24 de junio en la valla de Melilla, donde murieron más de una veintena de personas al intentar entrar a España.
La iniciativa, que no tiene un carácter vinculante, no sólo ha recibido los apoyos de PP, Vox y Cs, que suelen posicionarse juntos en este tipo de iniciativas contra el Ejecutivo, sino que ha salido adelante con una amplia mayoría de 173 votos a favor frente a 160 en contra. ERC, Junts o la CUP han mostrado su apoyo a la iniciativa, mientras que PSOE o Unidas Podemos se han quedado en el ‘no’. Su aprobación ha suscitado una fuerte ovación en el hemiciclo, procedente de la bancada de la derecha.
La política hace extraños compañeros de viaje. Y, dentro del Gobierno, Grande-Marlaska es la bestia negra no sólo de las fuerzas independentistas, sino también de Unidas Podemos, aunque en esta ocasión ha preferido mantenerse al margen de la iniciativa del PP. El pasado mes de noviembre, la formación morada se sumó a la creación de una comisión de investigación en el Congreso impulsada por Bildu para esclarecer la verdadera responsabilidad del Ministerio del Interior en la tragedia de Melilla, más tras la publicación de una investigación internacional que cuestionaba la versión del Ejecutivo y demostraba que hubo muertes en territorio nacional. En primera instancia, cuando se produjeron los hechos, Sánchez adujo que el asunto estuvo «bien resuelto» por las autoridades, aunque se vio forzado a rectificar.
El PP estuvo a punto de sumarse a esa comisión de investigación, pero optó por evitar la foto con fuerzas independentistas. No ha sido así esta vez, en que el PP ha agradecido congregar a una inusitada mayoría del arco parlamentario contra Marlaska y, entienden los populares, también contra Sánchez. En esta ocasión, Vox ha votado también con los grupos nacionalistas, pese a considerar que el texto del PP es «blando, suave, y muy mejorable». «El señor Marlaska pasa a ser el ministro reprobado del Gobierno de Sánchez. Es un punto de inflexión», analizaba el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
El PP registra la reprobación de Irene Montero
La aprobación de su reprobación a Marlaska ha dado oxígeno al PP en su particular ofensiva parlamentaria contra el Gobierno, y este miércoles registró en la Cámara Baja una nueva proposición no de ley contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. El texto, encabezado por Cuca Gamarra, aparece firmado sólo por diputadas del PP, entre ellas Marta González, Bea Fanjul, Marga Prohens o Rosa María Moreno. En él, los populares se lanzan contra la dirigente de Unidas Podemos por «su sectarismo e intransigencia», así como por su «escasa calidad democrática» por su negativa a reformar la ley del sólo sí es sí pese a los más de 400 agresores sexuales beneficiados por la rebaja de condenas.
Entre otros puntos, los populares piden la reprobación de Montero por la elevación al Consejo de Ministros de una ley sobre violencia sexual «muy deficiente» que ha llevado a revisar a la baja cientos de condenas por delitos sexuales, con la consiguiente «revictimización de las mujeres agredidas»; o la «falsedad de las manifestaciones realizadas por la ministra de Igualdad y el Gobierno estos meses», negando su responsabilidad en la «inseguridad jurídica» de la norma» o tachando de «machistas» a jueces y magistrados.
Los populares denuncian, asimismo, la «ocultación de informes realizados durante la tramitación de la ley», y censuran que, cuatro meses después de la entrada en vigor de la norma, haya trascendido que «el ministerio de Igualdad y el de Justicia llevaban meses negociando una modificación del texto legal para evitar sus efectos en las penas, mientras públicamente el discurso oficial era insistir machaconamente en la bondad de la ley». El registro se produce en pleno terremoto interno en el seno de la coalición por el intento del PSOE de sumar a Podemos y al resto de socios a su propuesta de reforma. Ante la cerrazón de sus aliados habituales, los socialistas están dispuestos a abrir la mano y «hablar» con el PP para acelerar el trámite, para separarlo en la medida de lo posible de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28-M.
