El recuento siempre es a la baja, porque no todas las Audiencias Provinciales comunican las modificaciones de condenas
El goteo de rebajas de condenas a delincuentes sexuales en virtud de las modificaciones de las penas que introdujo la ley del ‘sólo sí es sí’ ha superado una nueva barrera esta semana, cuando la actualización de las cifras en los tribunales de Andalucía, Baleares y País Vasco ha elevado el balance por encima de los 400 casos.
Tal y como viene informando este diario, la cifra siempre es provisional y a la baja, porque depende de que los tribunales comuniquen sus decisiones a los medios. Algunos proporcionan balances periódicos que contemplan el total de revisiones y la cifra de cuántas se han rebajado y cuántas se han mantenido como estaban. Otros, sólo las resoluciones que se van generando. En alguno, el cómputo lo es por sentencias, no por individuos afectados y a veces hay más de uno en la misma resolución. Los hay también que no informan.
Con esta premisa, la cifra asciende a, al menos, 402 agresores o abusadores sexuales beneficiados por la reforma, de los que 29 han sido excarcelados por haber cumplido ya la pena resultante tras la revisión de sus sentencias.
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Por comunidades autónomas, son 42 beneficiados en Madrid (en un dato que se actualizará la próxima semana), hasta 53 en País Vasco, 46 en la Comunidad Valenciana, 32 en Galicia -dato que también cambiará en las próximas horas- y 70 en Andalucía, que divulgó este jueves su última actualización.
Situación similar en Baleares, que ha difundido en las últimas horas la cifra de 39 rebajas aplicadas sobre condenados por delitos sexuales. En Castilla y León son 21, suman 14 en Canarias, 16 en Asturias, 8 en Extremadura, 7 en Cantabria, 9 en Navarra, 12 en Cataluña y 20 en Castilla-La Mancha, con datos igualmente de esta semana.
En La Rioja constan dos casos y en Murcia, donde sólo se han comunicado otros dos casos, no se están divulgando las cifras, como tampoco en Aragón, donde sólo figuran dos rebajas con datos oficiales. No obstante, El Heraldo informa de que son cinco los agresores sexuales beneficiados tras revisiones de sus condenas en la Audiencia Provincial de Zaragoza, lo que elevaría el cómputo global por encima de los 400 casos. Además, las revisiones analizadas en el Supremo han beneficiado a nueve condenados.
Según el recuento de Europa Press y los datos recogidos por ABC, se habrían producido además 29 excarcelaciones, de las que seis tuvieron lugar en Madrid y otras seis, en el País Vasco. En Baleares, Galicia, la Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias y Andalucía constan dos excarcelaciones. En Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Canarias, una. Otra más se habría producido en Aragón, con los datos de El Heraldo.
De 100 a 400 en mes y medio
La reforma del Código Penal que unificó los delitos de abuso y agresión sexual en un sólo tipo con diversos agravantes, reduciendo las penas mínimas en varios supuestos, entró en vigor el pasado mes de octubre y acarreó ya desde el primer día revisiones de condenas al abrigo del principio constitucional de que cualquier reforma penológica se debe aplicar con carácter retroactivo en beneficio del reo.
De oficio o a instancia de parte, los tribunales de todo el país han procedido a hacer recuentos de los expedientes susceptibles de verse afectados empezando por los más gravosos que son los de aquellos condenados que están cumpliendo pena de prisión. Son los primeros que se están revisando y van cogiendo velocidad.
Así, la barrera de los cien agresores sexuales beneficiados se cruzó dos meses y medio después de que entrase en vigor la reforma, el 21 de diciembre. Pero para el 23 de enero la cifra se había duplicado y siete días más tarde se contaban más de 300 casos. Febrero arranca con más de 400 ya, siendo siempre cifras a la baja por esos casos de los que no se informa.
No todas las sentencias que se analizan acaban con una rebaja. En el País Vasco, por ejemplo, se han sometido a escrutinio 104 casos y hay otros siete bajo observación. Sin embargo, las rebajadas han sido 46 (con impacto en 53 agresores o abusadores sexuales, con las cifras antecitadas) porque en 58 casos no se ha considerado procedente modificar la pena impuesta.
En diversas provincias de Andalucía el mapa es similar. En Almería se han revisado 25 penas pero sólo se han tocado dos y en Córdoba, por ejemplo, se han visto 50 ejecutorias pero las rebajas han sido quince y una de ellas, derivada en excarcelación. En Sevilla, de treinta, se ha rebajado una.
Mientras tanto, el PSOE y Podemos siguen sin ponerse de acuerdo en el modo en que reformar la ley. Donde sí hay consenso es en el hecho de que las consecuencias «indeseadas», como señalan desde el Gobierno, de la aplicación de la ley son inamovibles. Aunque mañana dejase de estar en vigor la redacción actual, los condenados antes de su vigencia podrán pedir revisiones a la luz de sus horquillas de penas al ser más ventajosas .
De 13 años a 9 con informe favorable del fiscal
Tras las cifras, hay casos como el de Marta, el nombre falso que ha puesto el sistema de Justicia a una mujer de 65 años que fue asaltada en su propia casa mientras dormía, por un hombre que rompió una ventana y se coló para robar cuchillo en mano. La atacó, le arrancó el pijama, la sujetó por el cuello y la cabeza. La violó. Cuando hubo terminado, le quitó 40 euros y se fue de copas por el centro. Fue condenado a 13 años de cárcel por un delito de violación que ahora, se quedan en nueve años y siete meses.
La razón, según la Audiencia Provincial de Zamora, que ha hecho la revisión de su sentencia, es que donde antes cabían penas de entre 12 y 15 años de prisión por una agresión sexual como esta, ahora la horquilla empieza más abajo: la mínima son 7 años así que se modula su condena con las nuevas proporciones. La Fiscalía, como el abogado del violador, estaban de acuerdo en la rebaja. La víctima, no.
Uno de los últimos casos en notificarse ha tenido lugar en Lérida, donde un hombre fue condenado como autor responsable de un delito de violación a siete años de prisión. La Audiencia Provincial le rebaja la pena a cinco años y cuatro meses con el mismo razonamiento que en Zamora, aunque en este caso, la Fiscalía sí mostró su oposición. Lo que dice el tribunal es que le fijaron esa pena porque cabía castigarle con entre 6 y 12 años de prisión pero ahora, la horquilla empieza en cuatro años y toda la escala baja en proporción.
