El Ejecutivo comunitario ha abierto un procedimiento de infracción contra España por una mala transposición de la quinta directiva antiblanqueo
Este jueves, representantes del Ministerio de Economía y del Ayuntamiento de Madrid han visitado Bruselas para defender la candidatura de la capital española para acoger la futura agencia europea que se encargará de supervisar la lucha contra el blanqueo de capitales. Uno de los puntos fuertes de la candidatura, han explicado fuentes del ministerio, son los altos estándares de España. Lo defendían tras una visita a eurodiputados en el Parlamento Europeo. A solamente unos cientos de metros, la Comisión Europea abría un expediente de infracción contra el país por una mala transposición de la quinta directiva contra el blanqueo de capitales.
Las cartas de emplazamiento han sido enviadas solamente a dos Estados miembros, España e Italia. «Estos Estados miembros habían notificado una transposición completa de la Directiva. No obstante, la Comisión ha identificado varios casos de aplicación incorrecta de la Directiva, que se refieren al funcionamiento de una de sus piedras angulares: la creación de registros centrales de beneficiarios reales», explica el Ejecutivo comunitario.
«Mejorar la transparencia es fundamental para combatir el uso indebido de las personas jurídicas. Los Estados miembros deben garantizar que la información sobre los propietarios reales de estas personas jurídicas se almacene en un registro central», añade la Comisión Europea, que da ahora dos meses a Madrid y Roma para dar una respuesta que convenza a Bruselas. De lo contrario, el Ejecutivo comunitario dará el siguiente paso: enviar un dictamen motivado y, en última instancia, llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
No es el primer roce que tienen la Comisión Europea y el Gobierno de España a raíz de la directiva europea antiblanqueo. En febrero de 2020, España, junto con Chipre, Hungría, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, recibieron el aviso de la Comisión Europea para que procedieran a transponer una directiva que deberían haber incluido en su legislación el 10 de enero de ese año. España procedió a su transposición en abril de 2021, después del toque de atención del Ejecutivo comunitario.
Autoridad Antiblanqueo
Al mismo tiempo que la Comisión Europea expedientaba a España, representantes del ministerio y del Ayuntamiento de Madrid defendían las bondades de la capital española para acoger la sede de la futura Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales. En estos momentos, no existe una candidatura oficial porque el Parlamento Europeo y el Consejo necesitan negociar antes una serie de criterios, pero fuentes de la delegación que ha viajado a Bruselas apuntan a que confían en que, si se siguen unos criterios técnicos, como, por ejemplo, conectividad, opciones para las familias de los empleados, prestaciones públicas o el lugar en el que se establecería la autoridad, la candidatura de Madrid puede ser la ganadora.
Se espera que en abril el Parlamento Europeo y el Consejo puedan empezar a negociar una serie de criterios conjuntos, y que a partir de ese momento el proceso de elección pueda ser rápido. La candidatura madrileña defiende que sus fortalezas son las robustas normas nacionales contra el blanqueo de capitales, y subrayan como ejemplo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que España es el único país con calificaciones altas en 10 de los 11 escenarios estudiados por el grupo.
París (Francia) y Fráncfort (Alemania) también están ya moviéndose para intentar hacerse con la autoridad. En el caso francés, su fortaleza es que ya cuenta con varias autoridades de aspecto bancario, como la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), en la que se impuso precisamente a Madrid. La candidatura alemana cuenta como fortaleza el hecho de contar con la sede del Banco Central Europeo. La candidatura española destaca que la distancia respecto a otras instituciones bancarias es, de hecho, una fortaleza y una garantía de independencia. La autoridad contaría con unos 250 empleados, aunque, dependiendo de las competencias que se le otorguen, podrían aumentar hasta los 500.
