Los carburantes, la luz y el gas, la cesta de la compra o la subida de los tipos de interés han abierto un agujero en los bolsillos de los aragoneses con una subida del IPC cuyo acumulado en 2022 rondará el 6%
Una guerra en el corazón de Europa ha desatado la tormenta de precios que asola las economías domésticas aragonesas. Vladimir Putin cerró el grifo del gas natural a Europa y desató un efecto mariposa que devino en metamorfosis inflacionista, lo que acrecentó una tendencia de los precios al alza que se notaba ya desde mediados de 2021. Europa volvió a mostrar sus debilidades y todavía no ha sabido resolver los cuellos de botella en la logística mundial que desembocaron en una crisis de suministros, una de las razones de estos precios disparados y disparatados.
Ahora sube la leche, el azúcar, la verdura, la fruta, el pescado y hasta el pan. La cesta de la compra al completo en noviembre registraba un incremento medio del 16% en Aragón con respecto a 2019. Los alimentos, que solo son la punta del iceberg de un año en el que todo ha sido más caro, impiden que la inflación termine de moderarse. El Índice de Precios al Consumo (IPC) que tantas portadas ha abierto en este caro 2022 cerrará el acumulado del año en torno al 6%.
Pero primero fue la factura de la luz y el gas, cuyo precio récord en España quedó fulminado al alcanzar los 544,98 euros por megavatio hora (MWh). Las facturas mensuales se duplicaron, triplicaron e incluso cuadruplicaron con respecto al año anterior. Los expertos comenzaban a advertir sobre un crudo invierno que obligaría a reducir las horas de encendido de la calefacción por su elevado coste, con los edificicios con sistemas de climatización central en el ojo del huracán.
Al golpe energético se sumó el coste de los combustibles. La gasolina alcanzó cotas de 2,20 euros el litro mientras el diésel se afianzaba por primera vez por encima del precio del carburante de 95 octanos. Llenar el depósito se convirtió en una quimera; tanto, que muchos optaron por evitar su uso cotidiano. Sin embargo, otros no pudieron prescindir de los carburantes. El precio del gasóleo, utilizado de forma primordial en vehículos y maquinaria agrícola, encareció los costes de producción en el transporte y en el campo, lo que derivó en sonoras protestas de patronales, sindicatos y autónomos.
A las puertas de la Navidad, el sobrecoste energético y de los carburantes ha hecho un receso, fruto de las políticas de alivio ejecutadas por el Gobierno central. La inflación se ha trasladado a la cesta de la compra, cuyos precios ya iban al alza desde la irrupción del covid. La leche se ha encarecido un 31% respecto a hace un año, las harinas cuestan un 37% más, el aceite de oliva es un 25% más caro —aunque alcanzó cotas del 42% en abril– y el pescado, un 12%. En resumen, la media del subgrupo, de los alimentos se alza un 16% en cuanto a la variación interanual de los últimos meses.
Al calor de la inexorable escalada inflacionista, los distintos gobiernos –locales, autonómicos y central– se afanaron por intentar aplacar la fiebre de precios. El Ejecutivo de Pedro Sánchez promulgó varios decretos anticrisis que incluyeron los topes al precio del gas, la bonificación de 20 céntimos a los carburantes (que en Aragón le costará al Gobierno casi 200 millones de euros), la gratuidad de los abonos ferroviarios de Media Distancia y Cercanías de Renfe. Ahora llegará la rebaja del IVA en los alimentos básicos.
Medidas macroeconómicas
Los bancos centrales también adoptaron medidas contra la inflación, pero las suyas, lejos de aliviar las economías domésticas, están destinadas a revertir la tendencia macroeconómica. La frenética subida de los tipos de interés ha catapultado los costes hipotecarios de miles de familias, las que habían adoptado el tipo variable durante años. El precio del dinero había sido prácticamente cero desde que el BCE situara el euríbor por primera vez en la historia al 0% en 2016. Por este tipo de interés se rigen siete de cada diez hipotecas en España. Y eso se nota en las economías domésticas.
La inflación ha derivado en un notable pesimismo en las previsiones de crecimiento económico para 2023 en España y en Aragón. Las más optimistas, las del Gobierno de Aragón, vaticinan que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá un 2,3% –la misma que la Airef–, mientras que entidades financieras como Ibercaja rebajan ese crecimiento a tan solo el 0,1%. Todos alejan, rehúyen, reniegan de esa temida recesión, la pérdida de la actividad económica a través de la bajada del PIB. Pero todos tienen en la cabez un terrible un dolor de precios.
