Los socialistas se resisten a las medidas de Vivienda y todavía no hay acuerdo con el cheque de 300 euros para alimentación que plantea el socio morado
Los socialistas se resisten a las medidas de Vivienda y todavía no hay acuerdo con el cheque de 300 euros para alimentación que plantea el socio morado
El Gobierno de coalición negocia desde hace días el decreto económico que aprobará este martes el Consejo de Ministros, el último y tercer paquete de ayudas que se aprobará este año para paliar las consecuencias de las crisis. En las últimas horas, Unidas Podemos ha incrementado la presión a los socialistas, a los que acusan de no estar respondiendo a sus propuestas a falta de horas para cerrar el acuerdo.
Así, cuatro de las medidas que plantean la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, están bloqueadas por la negativa del PSOE a introducirlas en este decreto. Sobre todo la relativa a la materia de Vivienda.
Se trata de la congelación de los precios de los alquileres y las hipotecas, que Unidas Podemos había planteado aplicar a través de esta batería de medidas, dado que la ley de Vivienda sigue bloqueada en el Congreso de los Diputados; y también el cheque de 300 euros para 8 millones de familias en ayuda directa para la cesta de comprar y la de aumentar hasta el 50 por ciento la rebaja del abono transporte.
El PSOE ya ha pactado con Bildu, a cambio del apoyo de la formación independentista a los Presupuestos, extender la limitación de las subidas de los alquileres en las revisiones anuales al 2% durante todo 2023. Pero Unidas Podemos pretende ahora que, además de esa medida, el tercer decreto anticrisis contemple una extensión automática de un año para los contratos del alquiler. Una iniciativa que parte desde el Sindicato de Inquilinos y que permitiría minimizar el impacto de la invasión de Ucrania y la escalada de los precios en los arrendatarios.
La congelación de los alquileres con la que presiona la formación morada sería una alternativa del control de precios en la que PSOE y Unidas Podemos siguen sin ponerse de acuerdo en el Congreso. En la práctica, supondría una especie de limitación de los precios, ya que los caseros tendrían casi imposible subir el alquiler a sus inquilinos un 2% el año que viene. Para acometer una subida mayor deberían romper unilateralmente el contrato y redactar uno nuevo, y esto solo se puede llevar a cabo en casos muy concretos.
Los propietarios, grandes y pequeños, ya se están movilizando a través de la asociación Asval para reclamar una compensación al Estado por la limitación del 2% pactada con Bildu. En este contexto, la aprobación de una congelación de los alquileres crearía un nuevo cisma entre el Gobierno y los propietarios. El Ejecutivo ya acometió esta medida durante el primer confinamiento del coronavirus, pero aseguró que era una iniciativa temporal y condicionada por la pandemia.
Las reclamaciones de Unidas Podemos en materia de vivienda no terminan ahí. La formación morada reclama además que se congelen las hipotecas a tipo variable. Para ello, a la hora de actualizar la cuota del préstamo se tomaría como referencia el euríbor del pasado 30 de junio, cuando la tasa no era tan elevada. Aunque es cierto que el índice ha crecido de forma ininterrumpida desde primavera, ha sido a partir de septiembre cuando se ha disparado hasta el 3,2% que marca actualmente. La banca ya pactó con el Ministerio de Asuntos Económicos un código de buenas prácticas que incluía carencias y reducciones de intereses. Un acuerdo que, según Díaz, no era suficiente para proteger a los hipotecados. Ahora la formación morada presiona para sacar nuevas medidas de ayuda.
«Es importantísimo prorrogar el escudo social para que siga habiendo protección en los próximos meses para todas las familias, no está siendo una negociación fácil. Proponemos unas medidas imprescindibles para que las familias tengan una mejor economía», ha expresado la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, en la Plaza de las Cortes, al lado del Congreso, a mediodía de este lunes. «Nuestro prioridad es que estas medidas salgan adelante», ha añadido.
Fuentes de Podemos admiten a ABC su «preocupación» y sus «malas sensaciones» porque la parte socialista no está contestando a las propuestas que les están enviando a escasas horas de aprobarse. El Ministerio de Hacienda de Maria Jesús Montero se inclina más por una bajada del IVA a alimentos básicos que los cheques. Podemos se niega porque consideran que lastraría la recaudación y que se trata de una medida que beneficia más a las rentas medias y altas y no a los ciudadanos más vulnerables.
Desde la parte socialista de la Moncloa también aseguran que topar los precios de los alimentos y el impuesto a las grandes distribuidoras está totalmente descartado. Dos medidas sugeridas en un principio por la vicepresidenta Díaz. El cheque de los 300 euros no convence a los socialistas, aunque nadie lo da por descartado todavía.
Por otro lado, el descuento universal a la gasolina se extinguirá con el final del año, el próximo 31 de diciembre, aunque el Gobierno de coalición estudia cómo prorrogarlo para los sectores más expuestos a la subida de los precio de los combustibles, como los transportistas. Las declaraciones de Verstrynge responden precisamente a un intento por aumentar la presión ambiental al PSOE, lo mismo que los tuits escritos por Díaz y Belarra en las últimas horas.
