Los letrados de la Cámara consideran «antijurídico» la introducción de hasta nueve enmiendas en la proposición de ley
Los servicios jurídicos del Congreso ven con muchos recelos la pretensión del Gobierno de cambiar la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial a través de una enmienda introducida en el último minuto en la proposición de ley que deroga el delito de sedición y rebaja la malversación en beneficio de los condenados y encausados por el procés.
Los letrados de la Cámara consideran «antijurídico» la introducción de hasta nueve enmiendas en dicha proposición de ley que no guardan relación con la finalidad principal de la misma que no es otra que la de cambiar dos aspectos sustanciales del Código Penal, principalmente los tipos delictivos dedicados a la sedición y a la malversación.
Del conjunto de enmiendas señaladas por la letrada asignada a la Comisión de Justicia, destacan dos, la 61 y la 62, firmadas por el PSOE y Unidas Podemos y con las que se pretende modificar dos leyes orgánicas, la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional.
La letrada señaló la «antijuricidad» de esta pretensión verbalmente durante la sesión celebrada el lunes por la tarde por los miembros de la omisión de Justicia encargados de elaborar el dictamen sobre la reforma del Código Penal que hoy ha quedado aprobado y listo para ser debatido y votado en un pleno extraordinario que se celebrará el jueves.
Su «informe verbal» coincide con los argumentos expresados por el PP en un escrito dirigido a la Mesa de la Comisión de Justicia y en otro destinado a la propia Mesa del Congreso reclamando la inadmisión de dichas enmiendas.
Tanto la letrada de la Cámara como los populares esgrimen varias sentencias del Tribunal Constitucional que consideran ilícita y antijurídica la práctica de introducir enmiendas a una iniciativa, ya sea proposición de ley o proyecto de ley, que no guarden ninguna conexión con la misma. Es lo que, en este caso, sucede con la pretensión de modificar la forma de elección de los magistrados del Constitucional a través de una enmienda colada en una reforma del Código Penal.
Ni la Mesa de la Comisión de Justicia, dominada por los dos grupos que sostienen al Gobierno, ni la propia Mesa del Congreso en la que también cuentan con mayoría, ha tenido en consideración ni el escrito de los populares, avanzado ayer por EL MUNDO, ni las consideraciones de los letrados de la Cámara. No obstante, tanto el PP como Vox ya han anunciado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma «en fraude de ley» de las leyes orgánicas del CGPJ y del TC.
