Las dos asociaciones mayoritarias de jueces han pedido este jueves la dimisión de Irene Montero por sus ataques a los tribunales que están acordando revisiones de condenas de agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha emitido un comunicado en el que expresa su «más enérgico rechazo» a «las descalificaciones» de la ministra de Igualdad y otros responsables de ese departamento.
«Las últimas declaraciones efectuadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, se suman a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país y resultan intolerables e inadmisibles en una democracia, por ello, desde la Asociación Profesional de la Magistratura exigimos su inmediata dimisión», afirma el escrito de la AMP, la de más representación en la carrera y de carácter conservador.
La asociación responsabiliza a la imprevisión del ministerio las rebajas de condena. «Acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos, en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse, por imperativo de los básicos principios penales, en favor del reo, resulta una actuación totalmente reprobable por falsa y por injusta».
Frente a las acusaciones de machismo y de interpretar la ley de forma reaccionaria, la APM afirma que esa afirmación «carece del más mínimo rigor», es «ofensiva» y «se desmiente con la evidencia constatable de la labor cotidiana de los Juzgados y Tribunales que persiguen con determinación y denuedo las conductas criminales que integran estos delitos contra la libertad sexual».
REMARCAN SU «INFANTILISMO»
También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), de carácter moderado y segunda con más jueces asociados, ha reclamado la salida de Montero del Gobierno: «La AJFV exige que la Ministra doña Irene Montero asuma, con su dimisión, la responsabilidad política que le incumbe por trasladar, desde el Gobierno de la nación, el mensaje de que ‘jueces machistas’, deliberadamente, están beneficiando a personas condenadas por la comisión de delitos contra la libertad sexual, atribuyendo una aplicación torticera de la Ley en el ejercicio de sus funciones a los miembros de la carrera judicial».
El texto ha sido acordado en la asamblea general, que hoy estaba reunida en Palma de Mallorca y que reunía a 300 jueces, según la AJFV.
Las peticiones de dimisión llegan al día siguiente del duro comunicado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), tercera en representación y de carácter progresista. Su reacción resulta especialmente significativa, ya que Victoria Rosell, que ha protagonizado las críticas más duras junto a Montero, fue miembro de la directiva de la asociación e incluso portavoz, antes de dejar la militancia para incorporarse a la de Podemos y luego al Gobierno como delegada para la Violencia de Género.
«Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como ‘justicia machista’ o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley», afirma la asociación progresista, que considera «desafortunadas e injustas» críticas como las de Rosell, que califica de «muy desafortunadas e inapropiadas».
También desde Foro Judicial Independiente (FJI), cuarta asociación en número de miembros, han pedido la dimisión de Montero. «Dada la gravedad de las acusaciones vertidas y el infantilismo de tratar de proyectar a otros la responsabilidad por actos propios, entendemos que la Sra. Ministra de Igualdad debería presentar su dimisión para cerrar este lamentable espectáculo con una mínima dignidad», afirma la asociación.
LOS FISCALES TAMBIÉN
La mayoría de las revisiones a la baja de penas ya firmes debido a la bajada de penas de la ley del sólo sí es sí han sido apoyadas por la Fiscalía. Aunque las críticas desde el Gobierno se han centrado en los jueces, las asociaciones judiciales se han sentido concernidas. La conservadora Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en representación, ha mostrado su «más enérgica repulsa» por las palabras «inaceptables».
«El legislador debe asumir la falta de técnica legislativa y de rigor jurídico en su reforma y no culpar a quienes exclusivamente nos limitamos a dar debido cumplimiento a esa ley. Consideramos de extrema gravedad en un Estado democrático de Derecho en el que deben prevalecer el respeto institucional y la separación de poderes, el ataque injustificado al poder judicial por parte de quienes ostentan cargos públicos en el Gobierno u otras instituciones con el único fin de crear confusión en la ciudadanía».
El comunicado de la AF concluye diciendo que «reconocer el error legislativo cometido sería un acto de responsabilidad política y madurez democrática de la que carecen».
Como en el caso de los jueces, también la asociación más progresista, de la que fue portavoz el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reaccionado públicamente a las críticas contra la revisión de sentencias. «Consideramos que no son admisibles las descalificaciones genéricas vertidas sobre la realización de dichas revisiones», afirma la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en un comunicado.
