La Fiscalía pide el ingreso en prisión de Griñán para cumplir su condena por el caso ERE

El expresidente andaluz había pedido su indulto parcial al Gobierno para evitar la cárcel

La Fiscalía Anticorrupción pide la entrada en prisión de los condenados por un delito continuado de malversación en el caso ERE, entre los que destaca el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. En un escrito presentado a ultima hora del pasado jueves ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, los fiscales se oponen a la suspensión de la penas de cárcel durante seis años del que también fuera presidente del PSOE federal. La decisión final corresponde al órgano judicial que dictó la sentencia notificada el 19 de noviembre de 2019, ratificada el pasado mes de julio por el Tribunal Supremo.

La familia del expresidente socialista de la Junta de Andalucía había pedido su indulto parcial al Gobierno para evitar la pena de cárcel impuesta por su participación en el sistema «fraudulento» de ayudas. La Sección Primera había preguntado a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular ejercida por el PP andaluz si debía suspender la ejecución de las penas privativas de libertad «mientras se tramitan los indultos» planteados tanto por Griñán como por los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación), José Antonio Viera y Antonio Fernández (ambos al frente de Empleo), entre otros. La cuantía malversada asciende a casi 680 millones de euros y eran nueve, incluido el expresidente, quienes se enfrentaban a penas privativas de libertad

Según ha podido sabe ABC, el escrito presentado por la Fiscalía esgrime abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Constitucional y otras instancias judiciales para justificar su decisión. Emplea razones jurídicas, sin entrar en valoraciones subjetivas, para desarmar los argumentos de las defensas que pedían la suspensión de las penas hasta que el Constitucional se pronunciara sobre sus recursos de amparo.

La opinión de la Fiscalía no es vinculante para los magistrados que tienen la capacidad de decidir sobre la ejecución de las penas. No obstante, suele tenerse en consideración. Los precedentes no eran halagüeños para los condenados.

Fuentes jurídicas ya avanzaron a ABC que es infrecuente que los tribunales dejen en el aire el cumplimiento de castigos cuando se trata de penas de entre seis a siete años de prisión por la mera solicitud de indultos. La presión se desplaza, pues, al Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha allanado el camino para su concesión al cuestionar abiertamente la sentencia.

La Sección Primera sólo va a valorar el indulto a la hora de tomar una decisión. En su escrito enviado a la Fiscalía y la acusación, no mencionaba los incidentes de nulidad presentados por los condenados ante el Supremo por las defensas de los ex altos cargos condenado. Griñán había pedido, a través de su abogado, anular la sentencia y reducir la pena a dos años, lo que evitaría su entrada en prisión a sus 76 años al carecer de antecedentes penales.

Situación de Chaves y Zarrías

Otros seis ex altos cargos socialistas han sido sancionados con una inhabilitación absoluta para empleo o cargo público como autores de un delito continuado de prevaricación. La sala va a enviarles un requerimiento para que cumplan la pena. Esta situación afecta al expresidente Manuel Chaves; al exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez. Ninguno de ellos ha pedido el indulto.