Lo enconado de las posiciones internas y la necesidad de perfilar una ley que, reconocen en el Gobierno, no salió pulida del Consejo de Ministros promovieron el retraso en la tramitación. Dar más margen parecía la mejor opción. Pero la decisión que buscaba calmar los ánimos y dotar de mayor «seguridad jurídica» al texto no hizo sino elevar todavía más el «ruido» con movimientos telúricos dentro y fuera del Ejecutivo y con deserciones de las propias filas socialistas como la de una figura tan simbólica como Carla Antonelli. En el partido aseguran que se respeta su paso, pero ven detrás ciertos intereses. También hubo respuesta por parte del Ministerio de Igualdad, desde donde se percibió la dilación en los plazos como una amenaza directa a la aprobación de la norma antes de final de año.
Los cambios en la ley serán, por tanto, muy limitados y en previsión de que puedan existir futuros recursos ante el Tribunal Constitucional, que Alberto Núñez Feijóo ya confirmó esta semana. En Moncloa defienden que la ley debe ser rigurosamente sólida a nivel jurídico para poder sortear esta ofensiva que ya anticipan desde los partidos de la derecha. A pesar de que el CGPJ emitió un dictamen en el que hizo consideraciones acerca de varios aspectos susceptibles de cambio, por ejemplo, en lo relativo a los menores de 16 años, no está previsto que se retoque más que aquello que respecta a la equiparación de la violencia intragénero con la violencia machista. Un extremo en el que sí existe consenso dentro del PSOE y sobre el que se espera llegar también a un entendimiento con Podemos.
Fuentes socialistas muestran su preocupación por el hecho de que sus socios de coalición les hayan ganado la batalla del relato, pero, sobre todo, robado la bandera de la defensa de determinados colectivos. No olvidan que hubo plataformas trans que amenazaron con vetar la presencia del PSOE en las movilizaciones del Orgullo, si no matizaban sus posiciones sobre la ley. Esto, para un partido que ha sido tradicionalmente garante y vanguardia en la defensa de los derechos sociales es «muy doloroso», aseguran en el partido. Otras fuentes, sin embargo, señalan que esta es una ley «de todo el Gobierno, no solo de Podemos» y consideran que es bueno que el PSOE adopte una posición intermedia dentro del conflicto y, sobre todo, más replegada respecto a los postulados de Podemos.
Sin embargo, el debate que se ha reabierto en su fase parlamentaria ya se vivió antes en el seno del Gobierno y del 40º Congreso del PSOE hace un año. En Valencia, la corriente del feminismo clásico, que abandera Carmen Calvo, volvió a quedar relegada en cuanto a las tesis sobre la autodeterminación de género, cuyo respaldo quedó negro sobre blanco en las resoluciones políticas que salieron de la cita. «Desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones de las personas trans con esta futura legislación que aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso, tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido», reza el documento. Un sentir que no es unánime, pero sobre el que Sánchez ya ha dejado ver su orientación en tres ocasiones.
