El pleno del Congreso debatirá si procede reconocer los actos de persecución, expulsión forzada de población, asesinatos selectivos y masacres cometidos por ETA como crímenes contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles, universalmente perseguibles y no amnistiables. La iniciativa, a la que ha tenido acceso ABC, busca acabar con la impunidad de los jefes de la banda y ha sido registrada esta semana por el PP, poco después de conocerse la absolución del etarra Gadafi por la Audiencia Nacional en aplicación de la ‘doctrina Atristain’.
En manos del PSOE
No obstante, el texto se estaba preparado previamente y no guarda relación con la exculpación del terrorista, sino con el informe publicado el pasado 21 de abril por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo
. Una resolución que insta a las autoridades españolas a que «agoten las posibilidades interpretativas del derecho penal» para que no prescriban los asesinatos de la banda no resueltos y para se pueda enjuiciar «como autores intelectuales e instigadores» a los jefes de ETA que ordenaron otros atentados por los que sólo se ha juzgado a los autores materiales.
Entre esas posibilidades, cita el reconocimiento de los asesinatos etarras como crímenes contra la humanidad. La figura de la no prescripción de asesinatos terroristas fue introducida en el Código Penal español en 2010, un años después del último atentado de ETA, lo que implica que no es aplicable a ninguno de sus crímenes.
Aunque los juristas han advertido repetidamente de que no es posible agravar la ley retroactivamente, el PP está dispuesto a dar la batalla política y poner en aprietos al PSOE. Si los socialistas apoyan la iniciativa, irritarán gravemente a sus socios de EH Bildu . Si no lo hacen, estarán contraviniendo un mandato político del Parlamento Europeo a favor de la protección de los derechos de las víctimas de ETA.
El partido que encabeza Pedro Sánchez ya pasó fuertes apuros durante la tramitación del citado informe europeo, manteniendo hasta el último minuto que no cabía impulsar las investigaciones sobre crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad. Justo antes de la votación final rectificó y apoyó la medida, lo que complicará ahora su posición cuando el debate llegue al pleno del Congreso. El destino de la iniciativa dependerá de la posición que adopten los socialistas.
Aún no hay fecha para este debate, pero la Mesa de la cámara calificará la proposición la próxima semana, y a partir de entonces el PP estará en disposición de elevarla al Pleno cuando tenga cupo y lo considere oportuno. El valor de la iniciativa es político, ya que ha sido presentada como proposición no de ley y, por tanto, no es vinculante para el Gobierno . Además de buscar el acuerdo del Congreso para esa declaración de lesa humanidad, insta a Moncloa a dar el mismo paso, así como a condicionar los beneficios penitenciarios de los etarras a la colaboración con la Justicia, y a evitar los actos de homenaje a los terroristas. Estas dos últimas también fueron recomendaciones del Parlamento Europeo.
En línea con Estrasburgo, el texto popular también hace hincapié en llamar a las autoridades de España y del resto del mundo a «investigar, esclarecer y hacer justicia a todas las víctimas» de la banda y su entorno, «persiguiendo a todos los autores materiales, inductores o responsables de la organización criminal». En esta línea, pretende que la cámara suscriba la Declaración Institucional del Parlamento de Navarra que en 2015 consideró la actividad etarra como genocidio y crímenes contra la humanidad.
«Impunidad consolidada»
Además de instar a las autoridades españolas a ese análisis de todas las posibilidades interpretativas del derecho penal para que los asesinatos de ETA no prescriban, el informe europeo también pidió la continuación de la investigación de los casos no resueltos desde la Fiscalía, con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin entrar a valorar la posible prescripción de la causa. Y ello «con el fin de responder a las familias que siguen esperando justicia». Otra de las recomendaciones realizadas a nuestro país es que la Audiencia Nacional comunique a las víctimas la situación procesal de los casos no resueltos.
La resolución también reconoció que son 379 los asesinatos de ETA pendientes de resolver –cifra avalada ya por el Defensor del Pueblo–, la «situación de terror» que creó la banda en el País Vasco y Navarra, y la «falta de justicia» que supone que aproximadamente el 44 por ciento de sus asesinatos carezca de sentencia judicial «para todos los autores físicos de los delitos». El texto europeo llegó a denunciar la existencia de una «situación de impunidad consolidada» en nuestro país, que conculca los derechos de las víctimas y que «preocupa especialmente» al Parlamento Europeo, ya que «los derechos humanos de las víctimas del terrorismo «deben ser lo primero que hay que garantizar». «Debe ponerse fin a esta situación», instó la cámara europea.
