El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha denunciado supuestas irregularidades en las adjudicaciones y ayudas a siete empresas por valor de 326 millones. El escrito, que ya está en manos de la Fiscalía y al que ha tenido acceso El Confidencial, incluye las subvenciones concedidas a Playbol, «vinculada a los padres del presidente del Gobierno», y un contrato adjudicado a Beedigital, «vinculada con el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño«. El PP también apunta a la posible influencia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el de Sanidad, Salvador Illa, en siete contratos de la pandemia.
La denuncia del PP madrileño llega después de que el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid llevaran a la Fiscalía el contrato vinculado con el hermano de Isabel Díaz Ayuso. El Ministerio Público abrió diligencias el pasado febrero por esta adjudicación y, dos semanas después, los populares piden que haga lo propio con los contratos y ayudas a estas siete empresas: «Proceda a incoar las diligencias preliminares de investigación (…) a fin de depurar las responsabilidades penales«, sostiene su escrito.
Según argumentan los populares, el Gobierno pudo incurrir en «delitos de prevaricación, tráfico de influencias o malversación» con estos contratos.
«Vinculada a los padres del presidente»
Una vez analizadas las adjudicaciones a las primeras seis empresas, los populares centran su escrito en un posible «tráfico de influencia» en la «concesión de subvenciones y ayudas» a Industrias Plasticas Playbol. Según explican, esta empresa recibió una «ayuda equivalente» a 64.959,82 euros entre febrero de 2020 y mayo de 2021 por parte de la Compañía Española de Refianzamiento y el Instituto de Crédito Oficial, sociedades que dependen a su vez del Ministerio de Industria y del de Asuntos Económicos.
«La empresa beneficiaria de las ayudas estaba vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez Castejón», denuncian los populares, haciéndose así eco de informaciones publicadas por ‘Ok Diario’. «Los padres del presidente, P.S.F. y M.P.B., fundaron en 1977 la empresa Playbol S.A». «Se trata de una fábrica de envases y embalajes de plástico que tiene sus instalaciones en un polígono industrial del municipio madrileño de Algete». «En la actualidad, el padre de Sánchez continúa figurando como administrador único de la compañía, cargo en el que fue renovado el 13 de septiembre de 2019, mientras su madre figura como apoderada desde el año 2010».
Las ayudas se concedieron por tanto a Industrias Plasticas Playbol y no a la empresa fundada por las padres del presidente, Playbol S.A, pero la denuncia pone el foco en que la primera adquirió «los activos, fondo de comercio, maquinaria y subrogación de los trabajadores» en 2018. «Es razonable plantearse la posibilidad de que haya algún interés común entre ambas empresas, que pudiera poner en cuestión la legitimidad de la concesión de las ayudas», advierten. Para reforzar esta tesis, destacan que «la empresa Playbol SL, propiedad de los padres del presidente del Gobierno, es la propietaria de las naves en las que se ubican las instalaciones en las que la otra empresa».
«Vinculada con el marido de la vicepresidenta»
En cuanto a los contratos denunciados, destaca el de «gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social» por 532.400 euros con IVA, adjudicado en octubre de 2019 por el Ministerio de Inclusión a Páginas Amarillas Soluciones Digitales (Beedigital). «La adjudicación se produjo tras el correspondiente proceso de contratación ordinaria con publicidad». «Se recibieron tres ofertas por parte de las empresas Memorandum Multimedia, Servinform y Páginas Amarillas Soluciones Digitales».
Según explica el escrito, la de Servinform quedó descartada por «presentar un precio aparentemente demasiado bajo», mientras que Memorandum obtuvo una puntuación más baja por parte de la mesa de contratación. «A pesar de la aparente normalidad del proceso de licitación y adjudicación, hay distintos elementos a tener en cuenta para, sin embargo, poder plantear la posible existencia de graves irregularidades en el contrato», denuncian. Entre ellos, el hecho de que el marido de Nadia Calviño, I.M.L., ejerza como «director de Marketing» en Beedigital, una empresa que, según subrayan los populares, «nunca había obtenido un contrato público» hasta entonces.
La denuncia incide además en que la adjudicación se produjo cuando la empresa tenía «una deuda con la Seguridad Social de 421.000 euros» y, un año después, en 2020, se prorrogó el mismo «pese a que seguía adeudando a la Seguridad Social 374.000 euros». «El artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público establece la prohibición de contratar a la administración con empresas que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social», advierte el PP. La denuncia destaca también que la empresa «tenía unas pérdidas de 6,4 millones» en 2019, por lo que plantean la posibilidad de que en realidad fuera un «rescate».
Con la misma idea como telón de fondo, apuntan a que Beedigital ha sido reconocido como “agente digitalizador adherido” de Kit Digital, lo que le permite hacer de mediador «para la captación del fondo» de este programa de la Unión Europea que «gestiona precisamente la vicepresidenta». La empresa se convierte así en una “vetanilla única privada ante el ministerio, tramitando la ayuda, digitalizando a la empresa beneficiaria y recibiendo la subvención como peaje mas los extras no sufragables«.
«A pesar de que la vicepresidenta primera no presentó el programa Kit Digital hasta el 25 de noviembre de 2021, ya el 11 de mayo de 2021 en Twitter, el CEO de Beedigital ya anticipaba su intención de convertirse en uno de los digitalizadores», explica la denuncia. «Se ha creado un mecanismo y entramado para beneficiar a determinadas empresas, cuyo papel es obligatorio para ser posible beneficiario de una ayuda, que curiosamente, resulta especialmente oportuno para la empresa vinculada al marido».
“De confianza de Ábalos”
La denuncia aborda además otras cinco empresas. La primera es Soluciones de Gestion y Apoyo a Empresas, que entre marzo y abril de 2020 se llevó tres contratos por 40.179.355 euros con IVA. Dos hacen referencia al suministro de mascarillas y el tercero a material de protección. Todos se tramitaron «por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia». En cuanto a las administraciones contratantes, figuran organismos vinculados el Ministerio de Transportes y al de Interior.
La denuncia destaca que esta empresa, con sede en Zaragoza, «ofrece servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas», pero al mismo tiempo «lleva sin comunicar ningún proyecto desde la construcción de una central eléctrica en Angola en 2017», como desveló ‘Vozpopuli’. «No parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato, ni que tampoco pudiera tener actividad relevante en China».
Según recuerdan los populares, el importe de sus negocios en 2019 fue cero, pero en 2020 alcanzó los 53,1 millones. «¿Cómo había logrado, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministro de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos?, se preguntan. Una vez lanzada esta duda, la denuncia deja caer que «la explicación puede guardar relación por ser de confianza del Sr. Ábalos”, pero no concreta esta sospecha.
«Localidad natal de Illa»
La segunda empresa que señala el PP es FCS Select Products, adjudicataria de cuatro contratos que suman 263.126.600 euros con IVA durante la pandemia. Todos hacen referencia al suministro de mascarillas y el Sistema Nacional de Salud tramitó los mismos por el «procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia». Una vez más, la denuncia incide en que la empresa, con sede en Barcelona, no tenía «relación con el objeto del contrato», sino que se dedicaba al «sector de bebidas alcohólicas».
Los populares subrayan además que la empresa recibió adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación y 84.800 veces superior a su capital social», tras lo que se centra en las personas que se encuentran tras la misma: «La administradora de la empresa, M. D. C., fue condenada en el año 2016 por un delito de estafa agravada por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento con problemas financieros», explica el escrito.
Expuesto estos hechos, el PP lanza la misma pregunta: «¿Cómo había logrado, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministro de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos?». Pero en este caso, señala la «amistad de los administradores de la sociedad con el entonces ministro de Sanidad, Salvador llla, cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal de Illa y de la que fue alcalde«.
La empresa Member of the Tribe
La tercera empresa señalada es Member of the Tribe, adjudicataria de dos contratos por valor de 9.444.000 euros con IVA durante la pandemia. Ambos hacen referencia al suministro de guantes de nitrilo y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) los tramitó por «el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia».
Respecto a la empresa, con sede en la provincia de Barcelona, los populares insisten una vez más en que «su objeto social nada tiene que ver con el suministro de productos sanitarios», pues se dedica al «diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios». Expuesta esta idea, apuntan además al precio pagado por los guantes: «Fue de 0,10 €, lo cual representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores que resultaron adjudicatarios».
Tras comparar este precio con el de otras empresas, la denuncia sostiene que la adjudicación «no tenía ninguna lógica económica» y supuso «multiplicar por dos el precio pagado» en aquellas fechas. «La compañía incumplió el plazo de 10 días de entrega que se establecía en las condiciones de contrato, por lo que se resolvió el contrato y se suspendió el segundo. Sin embargo, la administración no ha recuperado todavía, a pesar de haber transcurrido dos años, el importe», concluye el análisis de esta empresa.
La empresa Weihai Textile
La cuarta empresa que señalan desde el PP es Weihai Textile Group, adjudicataria de un contrato por valor de 10.192.605 euros con IVA en marzo de 2020. Este hace referencia al suministro de 500.000 batas desechables e Ingesa lo tramitó una vez más «por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia».
La argumentación que siguen los populares en este caso coincide con el de la anterior empresa: por un lado, no consta «correlación del objeto social de la empresa con el de los contratos» y, por otro, el precio de las batas de 16,7 euros por unidad es «mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores que resultaron adjudicatarios de los correspondientes contratos de suministros, tanto por parte del propio Ministerio de Sanidad, como de otras instituciones».
Apoyándose en este razonamiento, su conclusión es clara: «En el supuesto de que se hubiese realizado la adjudicación de acuerdo a la lógica de las cosas, de acuerdo a los propios datos y antecedentes existentes en Ingesa, la adquisición de las 500.000 batas hubiese tenido un coste para la administración de entre 139.150 y 163.150 euros, impuestos incluidos, frente a los 10.192.605 euros». «Hay un sobrecoste, incomprensible, inasumible e inadmisible de 10 millones», sostienen desde el PP madrileño.
La empresa Hyperin Grupo
La quinta empresa que señalan desde el PP es Hyperin Grupo, adjudicataria de un contrato por valor de 3.310.000 con IVA en marzo de 2020. El mismo hace referencia a la adquisición de 144 dispositivos de ventilación mecánica invaiva y fue tramitado por la Secretaría de Estado de Sanidad «sin publicidad y carácter de emergencia».
Tras recordar que esta empresa tiene como objeto social «la fabricación de yesos para la construcción” y «su objeto social nada tiene que ver con el suministro de productos sanitarios», el PP subraya que, el 25 de marzo de 2020, Sanidad «adelantó al contratista la totalidad del importe». Pese a ello, la empresa comunicó poco después que «no le era posible el suministro y planteó otra opción que fue desechada por el ministerio, arrancando así un proceso para recuperar el dinero que todavía sigue abierto.
«La situación resulta extravagante, incomprensible y enormemente perjudicial para los intereses públicos, tanto desde el punto de vista patrimonial como de la prestación de un adecuado funcionamiento del servicio sanitario», critica la denuncia. «El hecho de que se hayan podido adjudicar contratos sin comprobarse la idoneidad de los contratistas, con apariencia de haber primado la existencia de relaciones familiares o de amistad, supone un quebranto a ese principio de confianza de los ciudadanos».
