El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que los contactos «institucionales» entre distintos colectivos de presos con Instituciones Penitenciarias «nunca» condicionarán la aplicación de la legislación porque la ley penitenciaria «ni se ha negociado ni se negocia ni se negociará».
Con esta afirmación. Marlaska ha querido dejar claro a preguntas de los periodistas la posición del Gobierno en torno a la polémica sobre el supuesto trato de favor a etarras a raíz de las conversaciones incluidas en un informe de la Guardia Civil entre abogados de los presos o de la red ciudadana, Sare, como el exconsejero vasco Joseba Azkarraga, con alusiones a gestiones ante el secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz.
«La aplicación de la ley penitenciaria ni se negocia ni se negociará. Esto tiene que quedar bien claro. Las instituciones penitenciarias mantienen encuentros con colectivos de distintos presos dentro de los 47.000 internos y esos encuentros nunca condicionarán la aplicación de la ley penitenciaria», ha enfatizado el ministro.
Marlaska ha defendido que la política penitenciaria se aplica conforme a la legislación «con transparencia y control judicial» y que todos los traslados de presos etarras en estos tres años y medio han sido comunicados tanto a las asociaciones de víctimas como a los medios de comunicación.
«Máxima transparencia», ha dicho el titular de Interior que ha recordado que esta máxima no la aplicaron los gobierno del PP cuando desde 1996 hasta 2004 trasladaron de prisión a 565 etarras «cuando ETA aún secuestraba y mataba» o los más de 200 con el ejecutivo de Mariano Rajoy desde 2011.
También se ha reivindicado a sí mismo el ministro para recordar que precisamente él fue una víctima directa de la organización terrorista por aplicar la ley con los etarras.
«A este ministro que aplicó como todos los funcionarios la ley para vencer a ETA no le van a decir otra cosa que sea el principio de aplicación de la ley», ha subrayado.
Respecto a los temores de asociaciones de víctimas como la AVT que advierten de que el Ejecutivo tiene previsto modificar una ley de 2014 para que los presos de la banda descuenten de su condena los años en prisión en Francia, Marlaska ha reiterado que no hay ninguna intención de acometer esa reforma.
«Ya se ha dicho por activa y por pasiva. No hay en el plan normativo ninguna intención de cambiar esa ley, porque el cambio es para la transposición de datos penales en el marco de la UE».
