El salario mínimo sube a 1.000 euros desde enero sin el apoyo de las empresas

Yolanda Díaz ha cerrado un acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo hasta 1.000 euros al mes por catorce pagas, 35 euros más, con efectos retroactivos al 1 de enero, una oferta alineada con las pretensiones sindicales, y muy lejos de la patronal, y que el Gobierno aprobará de forma inminente, en un próximo Consejo de Ministros. Yolanda Díaz retomaba este miércoles las negociaciones después de las duras críticas recibidas por la patronal a un alza que consideran perjudicial para el empleo y para las empresas y aseguran está justificada más por «aspiraciones políticas» que por la «lógica económica».

Con el escenario que la ministra de Trabajo ha cerrado con UGT y CC.OO. el indicador habrá escalado ya un 35% desde que gobierna Pedro Sánchez, en una carrera alcista que persigue situarlo en el 60% del salario del salario medio (unos 1.050 euros) antes de que acabe la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y comprometida por el Gobierno de coalición, porcentaje que, por otro lado, ya contarían con el ocho comunidades autónomas.

El malestar empresarial se fundamenta en que el aumento afecta fundamentalmente a pymes y autónomos, muy debilitados por la pandemia y acorralados por el alza de costes y la espiral inflacionista, y a sectores muy sensibles como el campo, los jóvenes sin cualificación y las empleadas del hogar. En la orilla sindical, sin embargo, han metido presión al Ejecutivo para que «tome una decisión y cumpla su compromiso» bajo la amenaza de convocar protestas y movilizaciones.

A diferencia de las empresas, el Gobierno y los sindicatos creen que la subida del SMI beneficiará a jóvenes y mujeres con contrato temporal. Así lo han asegurado Díaz y los líderes de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, en la firma del acuerdo. Rechazan el «mantra» de que la subida del salario mínimo ha destruido empleo y coinciden en que España avanza hacia un modelo de sociedad que «no esté basado en sueldos bajos». «No hay mejor herramienta para reducir la desigualdad que el SMI», ha explicado la ministra, que ha recordado que su Gobierno está «combatiendo la anomalía de contar con un puesto de trabajo, pero ser pobre». Con ello se refería a lo que ocurría durante el Gobierno de Rajoy, cuando el SMI estaba situado en 735 euros.

La retroactividad de la subida obligará a las empresas a ajustar los sueldos referenciados a este indicador. Los trabajadores tendrán que recibir compensación del salario del mes de enero así como la actualización de su nómina de febrero. El incremento será del 3,6%, medio punto por encima de la inflación media del año pasado, lo que permite una pequeña ganancia del poder adquisitivo. El alza que se aplica al SMI está en la franja intermedia de lo que recomendó el comité de expertos, cuyo informe fue encargado por la propia Díaz. Estos concluyeron que este indicador debía alcanzar los 1.049 euros en 14 pagas en 2023 en su rango más alto o 1.011 euros en el más bajo. El informe, sin embargo, no era ajeno a la situación pandémica y por ello sugería la aplicación de estas subidas al final de la legislación, cuando se pensaba que mejoraría la situación económica.

«El salario mínimo es una herramienta que mejora la economía en su conjunto», ha defendido la vicepresidenta segunda, que con este nuevo incremento busca tirar hacia arriba de los sueldos en los convenios. Aunque enero dio un leve respiro a los precios, siguen desbocados, en cotas del 6%, lo que está minando la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, teniendo en cuenta que los salarios llevan más de un año estancados en el entorno del 1,5% en un contexto en el que los gastos se multiplican. La subida media pactada en los convenios colectivos firmados el pasado año fue del 1,47%, cuatro veces menos que la evolución que ha tenido el IPC de enero.La variación salarial es la más baja desde que España estuvo en tasas de inflación negativa, entre 2014 y 2016; la diferencia es que ahora los precios están por las nubes. Este freno en el alza de los sueldos supone, por su parte, un barrera para la inflación, que evita, a su vez, los efectos de la denominada segunda ronda.

Intromisión en la negociación colectiva

Pero las empresas no piensan lo mismo que la ministra. Sostienen que «los salarios no se fijan en nuestro país a través del salario mínimo interprofesional, se fijan a través de la negociación colectiva», ha sostenido Rosa Santos, la directora de Relaciones Laborales de la patronal en Onda Cero. Ha asegurado que «el planteamiento que hace el Gobierno y los sindicatos es peligroso porque e la práctica supone una intromisión muy importante en la negociación colectiva».

Pero lo cierto es que la nueva subida del SMI se acomete en un momento muy delicado para los pequeños negocios, que hace pensar a los expertos que puede terminar dañando el empleo. Lorenzo Amor, presidente de ATA, aseguraba ayer que este alza «contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas, lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo». Sostiene la patronal que el nuevo incremento, rechazado de forma unánime por la CEOE, se producirá en un momento en el que dos terceras partes de las empresas no han logrado recuperar niveles de facturación pre-crisis.

En elecciones y tras la reforma laboral

El momento político para acometer la subida no parece elegido al azar; es oportuno por dos cuestiones. Primero, porque se anuncia a solo unos días de las elecciones en Castilla y León y tras el desgaste de Yolanda Díaz por la polémica aprobación de la reforma laboral, que salió adelante gracias al voto equivocado de un diputado del PP. La ministra hace ahora de la actualización del SMI un vehículo para ganar músculo, aunque haya tenido que renunciar al valor que da a los pactos sociales por el plantón de los empresarios.

Con el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos se reproduce el pacto alcanzado el pasado septiembre entre las dos partes, que levantó ampollas en el mundo empresarial pero también en el propio Ejecutivo. El acuerdo situó el sueldo mínimo en 965 euros, 15 euros más, también con incremento retroactivo a enero, aunque la vicepresidenta segunda evitó entonces establecer una senda de subida hasta los 1.000 euros, como exigían las centrales. Los roces con la titular de Economía, Nadia Calviño, fueron entonces público tanto por cuestiones de fondo como de calendario. La responsable económica intentó frenar el acuerdo rechazando la posibilidad de que la subida fuera retroactivo, como finalmente logró Díaz. Se abría así un nuevo capítulo de enfrentamientos, que también fueron públicos en los ERTE o las ayudas directas a las empresas. Ahora las filas parecen estar prietas en el Ejecutivo, según explicó el lunes Yolanda Díaz,