Lo vivido ayer en el hemiciclo del Congreso durante la votación de la reforma laboral, dejó una imagen de la política trastocada y muy lejos de lo que ansían los ciudadanos. El error en el voto del diputado del PP, Alberto Casero, provocó un tsunami de ataques y reproches que acabarán, si nadie lo remedia, en el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, más allá de las cascarrias, dimes y diretes acontecidos justo después de que la reforma laboral del Ejecutivo recibiera por la mínima el visto bueno de sus señorías, hay que señalar que no es la primera vez que esto ocurre. Así es. No es la primera vez que en una votación ajustada se cuela un “error en un voto”. Lo que sí es diferente es la resolución del problema. A saber: En julio de 2020, el Congreso se vio obligado a repetir una votación tras detectarse una alteración de los votos, más en concreto, en el voto de la diputada de Podemos, Marisa Saavedra.
Esta es la secuencia de los hechos. En una ajustada votación del documento de reactivación económica (dentro de los denominados pactos de reconstrucción por la pandemia), el Ejecutivo de Sánchez consiguió sacar adelante el dictamen con 169 votos a favor, 168 en contra y 11 abstenciones. Sin embargo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras ser advertida por los servicios jurídicos de la Cámara, comunicó a última hora de la tarde que anulaba el resultado por un error en la votación.
Durante el proceso de revisión de los votos se descubrió que la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra había solicitado el voto telemático pero finalmente acudió al hemiciclo y lo hizo de manera presencial. Como la Mesa del Congreso no había acordado previamente que se modificara el procedimiento de ese voto (requisito necesario para llevarlo a cabo), los letrados consideraron que había que corregir el recuento de los votos emitidos y rectificar la proclamación del resultado final. Tras impugnar este voto, la votación del dictamen quedó en un empate, por lo que hubo que repetir la votación.
Desde Unidas Podemos aseguraron que el error no era achacable a la diputada, sino al conjunto del grupo que se equivocó al solicitar su voto telemático estando ella presente en el hemiciclo. Y también descargaron responsabilidades en los servicios de la Cámara, ya que le avisaron de que tenía que votar telemáticamente “apenas tres minutos antes de que finalizara el plazo” y no le dio tiempo.
En esta ocasión, sí se repitió la votación. Ayer, sin embargo, de nada sirvieron las reclamaciones del Grupo Popular ni Vox ante la Mesa del Congreso, que no descartan acudir incluso al Tribunal Constitucional en última instancia.
Qué dice el Reglamento del Congreso
Sea como fuere, en el caso que nos ocupa, El reglamento del Congreso establece, sobre las votaciones telemáticas, que “tras ejercer el voto mediante el procedimiento telemático, la Presidencia u órgano en quien delegue, comprobará telefónicamente con el diputado autorizado, antes del inicio de la votación presencial en el Pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de este. Una vez verificados dichos extremos, el voto telemático emitido se trasladará a la Presidencia al inicio de la votación presencial en Pleno para que pueda anunciar el resultado acumulado de las votaciones”.
Sin embargo, pese a las peticiones del PP en este sentido, no consiguieron que la Mesa del Congreso llamase al diputado del PP Alberto Casero para confirmar el sentido de su voto.
Desde Vox, también recurren al Reglamento, a su apartado sexto, en el que se indica que “el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido”.
En este caso, la Mesa del Congreso no se reunió, contraviniendo lo que dicta el Reglamento. Por este motivo, alegan que el voto debería haber sido considerado nulo y al terminar la votación en empate, tendría que haberse repetido como ya ocurrió en julio de 2020.
