Los parlamentarios del Partido Popular y Vox en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid sorprendieron ayer a la izquierda madrileña (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) y la dejaron descolocada al votar una enmienda de Más Madrid a la Ley de Educación. Ambas formaciones políticas habían rechazado en la reunión del pasado día 7 de la Ponencia, que redacta el texto final, todas las enmiendas de la oposición. Una estrategia que provocó un tremendo malestar en la oposición, que ayer registró un escrito en la Cámara regional para exigir que se garantice la democracia a la hora de poder debatir sus enmiendas en la Ley Maestra de Educación.
Las formaciones de izquierda ya habían quedado también marginadas en el acuerdo presupuestario entre PP y Vox, en el que pactaron por escrito no aceptar ninguna enmienda.
En el caso de la ley educativa no fue un compromiso tan formal, pero el efecto ha sido prácticamente el mismo.
Esta protesta se produjo momentos antes de iniciarse la última reunión de la Comisión de Educación en la que se iba a votar el dictamen final del texto legislativo, con la incorporación de las enmiendas, como así sucedió. Este trámite es previo al envío al pleno de la Asamblea del texto para su aprobación y su entrada en vigor. Esta ratificación se realizará posiblemente en los primeros plenos después de las vacaciones de Navidad.
Pero populares y Vox habían preparado un giro a su estrategia y decidieron apoyar una de las enmiendas presentadas por Más Madrid. Con esta maniobra evitaban que les pudieran acusar de no haber tomado en consideración ninguna de las iniciativas de la izquierda. Pero, además, ni Más Mádrid, ni el PSOE, ni Unidas Podemos, pudieron votar la enmienda porque en señal de protesta abandonaron la sesión de la Comisión de Educación cuando llegó el momento de la votación.
Apoyo a la discapacidad
La citada enmienda de Más Madrid, que no votó, y sí aceptaron PP y Vox, afecta a las personas con discapacidad. Concretamente, se refiere al artículo 24 de la Convención sobre los derechos de este colectivo que establece que los estados «asegurarán que se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de plena inclusión».
En total, el PP ha aceptado 10 enmiendas de Vox y ha transaccionado 25. Entre ellas, hay que destacar una que se refiere al obligado cumplimiento de la Ley de Banderas de 1981, que obliga a todos los centros educativos públicos a tener en un lugar visible la bandera de España. «Puede haber algún centro que es de titularidad municipal y que corresponde a los Ayuntamientos tener la bandera, como es el caso de los colegios públicos», aseguró a ABC la portavoz de Educación del PP, Lorena Heras.
Igualmente, el Grupo Popular ha aceptado incorporar al texto de la ley la alternativa al pin parental que Ayuso le ofreció a Vox en la anterior legislatura. Así, la ley contempla que se reconozca «el derecho» de «conocer y ser informado sobre los contenidos curriculares de las materias y los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, así como de los contenidos y los procedimientos de las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios que se vayan a impartir». Además, otra enmienda aceptada se refiera a que «la administración educativa de la Comunidad de Madrid y los centros educativos deberán facilitar información» relativa a «la oferta educativa disponible, ideario del mismo, listado y precio de todas las actividades complementarias, extraescolares que se hayan llevado a cabo en el centro el curso anterior y las que estén previstas para el nuevo curso«.
Por otra parte, el PP todavía no ha decidido si en el pleno de mañana jueves votará a favor de la toma en consideración de la ley de igualdad que presenta Vox y que pide derogar las leyes de género.
