Después de 48 horas de silencio público, de dudas y críticas internas en el seno de Unidas Podemos, por fin el jefe negociador en asuntos económicos de la parte morada del Gobierno ha hablado públicamente sobre «la ampliación a 35 años el periodo de cálculo de la pensión«. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y enviado personal de Yolanda Díaz, asegura que su formación «no va a aceptar» la medida que Moncloa ha comprometido con la Comisión Europea.
El pasado miércoles, el Ministerio de Hacienda hacía públicos los documentos firmados por María Jesús Montero y el comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni. En ellos, el Ministerio de José Luis Escrivá -aunque lo niegue- se compromete, entre otras muchas cosas, a «ajustar el período de cómputo ampliando el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación«.
Desde entonces, la líder de Unidas Podemos en el Gobierno y vicepresidenta segunda ha permanecido en silencio. Y todo, a pesar de las presiones internas para que saliera a la palestra a dejar claro que los morados «jamás van a aceptar cualquier medida que suponga un recorte en las pensiones».
Finalmente, ha sido Álvarez quien ha confirmado las informaciones que estos días daba EL ESPAÑOL, advirtiendo de que aplicar ese «recorte en las prestaciones» significaría la salida de Unidas Podemos del Gobierno. Y lo ha hecho a través de un tuit que eleva aún más la tensión dentro del Ejecutivo de coalición.
Tanto socialistas como morados se empeñaban en estos dos días en una especie de desmentido que no era tal. Escrivá se dejó entrevistar en varios medios este jueves y, muy indignado, exigía que se le creyera a él cuando decía que «esto no es una exigencia de Bruselas».
Firmas de Paolo Gentiloni, comisario de Economía, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda e interlocutora con la UE para los fondos de recuperación.
Lo mismo aseguraba en la mañana de este viernes la ministra Ione Belarra, en una comparecencia con el presidente autonómico castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco. Que la UE no está detrás de esta imposición. La secretaria general de Podemos añadía que «la medida no está tampoco en el pacto de Gobierno».
Pero lejos de desmentir la información -lo cual era absolutamente imposible porque está por escrito en documentos oficiales, que incluso debían permanecer secretos y fueron desclasificados por el propio Gobierno- lo que hacían ambos era confesar uno y acusar la otra de algo mucho más llamativo: que la propuesta nace de las filas del PSOE.
Belarra incluso añadía que «en este momento, los ciudadanos necesitan certezas, y más aún los pensionistas, y yo desde luego se las quiero dar: Unidas Podemos no va a aceptar ningún recorte en pensiones, ni presentes ni futuras«.
«Sin informar a UP»
Ya la semana pasada este diario informó de que Escrivá se negaba a incluir a la vicepresidenta segunda en la mesa social de la reforma de las pensiones. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social aseguraban que «no tiene sentido que esté el Ministerio de Trabajo en la negociación, las pensiones son competencia de Seguridad Social«.
Sin embargo, en el departamento de Díaz se preguntaban por qué a ellos sí se les ha «intervenido» en la reforma laboral, pero no se les permite aportar su visión a un asunto que está «afectando al mercado de trabajo» como la subida de las cotizaciones para hacer sostenible el sistema de prestaciones por jubilación.
La propuesta para ampliar de 25 a 35 los años de cálculo de las pensiones, que llegó días después «sin pasar por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos», explicó el porqué: estaba incluido en el punto 408 del contrato con Bruselas, acordado el 29 de octubre y firmado el 4 de noviembre por la ministra de Hacienda «sin informar a Unidas Podemos».
El plan hay que aprobarlo antes de que acabe 2022 para seguir cobrando de los Next Generation EU, así que a Sánchez le queda un año para inventarse una salida. Porque el PSOE sabía ya desde enero -al menos- que ni Unidas Podemos ni el resto de aliados parlamentarios pueden aprobar esta medida.
Aunque los morados son conscientes de que lo firmado con Bruselas es ‘ley’ para recibir los fondos europeos que financian el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
¿Documento secreto?
El PP reclamaba conocer las condiciones firmadas desde que se terminaron de redactar las 346 páginas, hace dos semanas. Y es que se olía lo que había y quería aprovechar la ocasión para desgastar al presidente, a quien Pablo Casado acusa de «no decir la verdad ni al médico».
Y por eso, cuando el Gobierno las hizo públicas, lo primero que llamó la atención es que el documento está calificado en su primera página como «sensitive«. Es decir, que no puede ser distribuido salvo para quien «necesite conocerlo», que no debe ser «expuesto a la vista en sitios públicos», que debe ser «guardado con seguridad y encriptado» y que deben «destruirse las copias triturándolas o eliminándolas de forma segura».
Según fuentes de Hacienda, se hizo público «al día siguiente de la firma de Gentiloni» porque «no hay nada que esconder». Y sobre todo, para hacer frente a las acusaciones de «pactos secretos y condiciones draconianas» que llevaba 15 días sugiriendo Casado.
Pero la operación transparencia fracasó. Lo único que se destacó es que «habrá exámenes trimestrales» de técnicos de Bruselas para comprobar que el Gobierno cumple lo prometido. O sea, visitas de hombres de negro. Y lo segundo, que la guerra entre socialistas y morados del pasado enero regresaba, esta vez con la amenaza de que Bruselas corte el grifo del dinero que impulsa la recuperación económica y, por tanto, mantiene con vida al Ejecutivo.
José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, junto al documento que dice que «no ha existido y no va a existir».
Tal como confirmó EL ESPAÑOL en exclusiva, el último borrador del Componente 30 del plan, Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo, incluía los cálculos del ministro, José Luis Escrivá, de que se podría ahorrar un 6% en las futuras pensiones en caso de aumentarse el periodo de cálculo de 25 a 35 años.
La medida desapareció a última hora del PRTR después de una enorme crisis en el seno de la coalición. «Esa propuesta no llegará al Congreso», sentenció el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Algo parecido, con sus formas menos agresivas, ha pretendido advertir este viernes Nacho Álvarez, tras 48 horas de silencio. Se esperaba a Yolanda Díaz y no apareció, pero aunque hubiera parecido lo contrario tras dos días de apagón, Unidas Podemos no tragará este sapo. Queda un año para que se rompa el Gobierno… o su palabra.
