El Gobierno presentó un plan de choque para contener los precios de la electricidad —siempre dentro de los márgenes del sistema actual, condicionado por Bruselas—, pero el mercado no perdona. Ni la limitación de los ‘beneficios caídos del cielo’, que ha puesto a las eléctricas en su contra, ni la bajada fiscal, que supondrá una merma de ingresos para el Estado, le han valido al Ejecutivo de Pedro Sánchez para revertir el impacto del extraordinario aumento de los precios de la electricidad en la factura de la luz: septiembre cerrará con el recibo más caro de la historia.
El mismo día en que el mercado mayorista vivía un nuevo récord, con el megavatio hora a 216 euros, y Standard & Poor’s daba a conocer un durísimo informe contra la política energética de Moncloa, las asociaciones de consumidores han puesto el dedo en la llaga con su balance mensual. Tanto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como Facua-Consumidores en Acción corroboran que el mes que acaba de finalizar ha sido el peor desde que hay datos para los clientes de la factura regulada, unos 11 millones en toda España.
El recibo que pagará el usuario medio llegará a 87,4 euros, según la OCU, o a 102,71, de acuerdo con Facua. Las diferencias se deben a la metodología que aplica cada una de las asociaciones —la primera considera que el cliente tipo tiene una potencia contratada de 4,6 kilovatios y su consumo mensual asciende a 292 kilovatios por hora, mientras que la segunda contempla una potencia contratada de 4,4 kW y un gasto de 366 kWh—, pero poco importa. Ambas llegan a la misma conclusión: la factura se ha encarecido nueve euros desde agosto —cuando ya batió su récord—, en torno a un 50% respecto a septiembre del año pasado y, lo que es más preocupante, no tiene visos de que se vaya a abaratar sustancialmente en lo queda de año. Al menos no tanto como lo prometido por Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno dio su palabra de que las medidas aprobadas por el Ejecutivo conseguirían que los españoles pagasen por la luz en 2021 la misma cuantía total que en 2018. Pero para las asociaciones, esta meta, que ya fue objeto de crítica en su momento por tomar como referencia el año más caro de la última década, se antoja muy difícil de cumplir. Según la OCU, el consumidor medio ya ha pagado 635 euros en los nueve primeros meses del año, 37 más que en el mismo periodo de 2018. Facua sitúa ese incremento en el 7,9%. Si se descuenta la inflación, las facturas de los últimos meses deberían ser inferiores a 50 euros para que a Moncloa le saliesen las cuentas. En los últimos cuatro años no ha habido ningún mes con cifras similares; en la última década, el año más barato (2020) registró una media mensual de 63,64 euros.
La letra pequeña demuestra que las medidas del Ejecutivo sí están teniendo un cierto impacto en el recibo, aunque insuficiente.
La Organización de Consumidores y Usuarios califica el escenario anunciado por Sánchez de «poco o nada probable», mientras que el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha denunciado que, «incluso si se alcanzara el objetivo del Gobierno, las tarifas eléctricas seguirían siendo desproporcionadamente altas».
Sin embargo, la letra pequeña demuestra que el real decreto del Ejecutivo sí está teniendo un cierto impacto en el recibo de los consumidores. Septiembre ha sido el campo de pruebas perfecto: durante la primera mitad del mes, solo estuvieron en vigor la rebaja del IVA desde el 21 hasta el 10% y la eliminación del impuesto sobre la generación eléctrica, mientras que a partir del día 16 se incluyeron la reducción del impuesto especial a la electricidad, desde el 5,1 hasta el 0,5%, y las medidas para reducir los cargos del sistema —entre ellas la minoración del gas— aprobadas en el Consejo de Ministros del día 14.
Según la OCU, si el Gobierno no hubiera hecho nada, el recibo su habría elevado hasta los 107,2 euros (108,17 euros, de acuerdo con Facua). En cambio, si las nuevas regulaciones hubieran estado vigentes desde el primer día del mes, la factura habría sido prácticamente la misma que en agosto (78,2 euros). Un dato esperanzador, pero que resulta insuficiente mientras el mercado mayorista, desbocado, siga determinando al menos el 25% de la factura y las medidas que faltan por ejecutarse, como el fondo energético o las subastas a plazo, prolonguen sus trámites parlamentarios o burocráticos.
La electricidad ha subido un 47% en septiembre, hasta alcanzar una media de 156,15 euros el MWh. Su brutal revalorización, que continúa sin freno en un escenario marcado por el encarecimiento del gas —debido al incremento de la demanda en Asia— y de los derechos de CO₂, «está contrarrestando buena parte del impacto a la baja en los precios derivado de las medidas del Gobierno», concluye Facua.
Mientras no se reforme el sistema, la actuación del Ejecutivo es una condición necesaria, pero no suficiente, para que la factura vuelva a niveles normales. La otra pata de la ecuación es que los precios de la energía moderen su escalada. Moncloa calcula que en abril regresará la calma, y por eso las medidas se extenderán hasta el 31 de marzo. Sin embargo, muchos expertos apuntan a que habrá que esperar uno o dos años más. No hay otra alternativa que ser pacientes, mirar a China y apagar la luz.
