La posibilidad de que el Gobierno cumpla su acuerdo con el PNV y transfiera ya la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) al País Vasco puso ayer en pie de guerra a la Asociación de Letrados de la Seguridad Social. Este colectivo envió un duro comunicado, con copia al ministro Jose Luis Escrivá, en el que denuncia la «inconstitucionalidad» del plan por atentar contra el criterio de caja única de la institución y establecer distinciones «discriminatorias» entre comunidades de primera y segunda.
En el texto, los letrados recuerdan que la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de la que fue presidente Escrivá antes de llegar al Gobierno, justificó la creación del ingreso mínimo vital para asegurar «un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional» dado que nuestro actual sistema estaba «fraccionado y presenta disparidades territoriales».
Se trataba, por tanto, de poner en marcha una renta «básica, única y uniforme en todo el territorio» que debía eliminar el laberinto de prestaciones que había en España. Un propósito que quedará arrasado si se transfiere la titularidad de la gestión al País Vasco y Navarra sobre la base de «la especificidad que supone la existencia de haciendas forales».
Las consecuencias de que finalmente se concrete esta transferencia son claras para los letrados: «Afecta a la uniformidad de gestión, pues la unidad de criterio e interpretación, encomendada al Estado, no comprenderá todo el territorio nacional»; «frustra la propia finalidad del IMV, quebrando los principios constitucionales de unidad e igualdad»; introducirá una distinción «discriminatoria entre dos clases de comunidades autónomas (País Vasco y Navarra por un lado, y el resto, por otro) que carece de justificación» y, además, «rompe el principio de unidad de caja de la Seguridad Social».
Enmienda al Ejecutivo
El Gobierno ha estado negando que la llamada caja única estuviera en peligro, asegurando que lo pactado con el PNV atañe solo a la gestión. Extremo que los letrados niegan en rotundo argumentando que la financiación del IMV –que se nutre de aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social– debe corresponderse con las prestaciones reconocidas en cada comunidad y «no calcularse con criterios teóricos de compensación fiscal» o «porcentajes genéricos» que se traducen en «condiciones especiales de financiación» para algunas comunidades. La transferencia chocaría, además, con las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas por consenso.
