El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «tiene toda la legitimidad» para continuar con el proceso de nombramientos que ya estaba iniciado cuando la reforma que los prohíbe estando en funciones entró en vigor. Así lo considera la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda de la carrera, en una carta que su portavoz nacional ha enviado al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a la que ha tenido acceso ABC. En ella, Jorge Fernández Vaquero le insta a que «continúe con la tramitación de los procesos de nombramiento de cargos judiciales discrecionales que estuvieran en trámite» antes del pasado 30 de marzo, cuando entró en vigor la polémica reforma que silencia al Consejo y que los propios jueces llamaron «ley del apagón» en la carta que la semana pasada enviaron a la Comisión Europea.
La AJFV recuerda que en esta reforma legal, como en cualquier otra, rige siempre el «principio de irretroactividad de las leyes salvo que en ellas se disponga lo contrario», algo que no ocurre en este caso, pues la reforma en cuestión «no contiene ninguna disposición transitoria» que impida al CGPJ acabar lo que había iniciado antes de que entrara en vigor esta limitación, lo cual a afecta a plazas pendientes de cubrir en los principales tribunales y que pueden seguir vacantes con un CGPJ en funciones durante meses o años. El actual lleva en esta situación desde diciembre de 2018.
Los jueces añaden que disposición transitoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que sigue vigente y que, por tanto, se aplica en este caso es la 33ª, según la cual los nombramientos de promoción interna o para cubrir vacantes «que estén convocadas a la fecha de su entrada en vigor serán resueltos por el órgano a quien correspondía la resolución conforme a la legislación anterior», la misma que permitía al CGPJ hacer esos nombramientos, por lo que instan a este órgano a que «dichos procesos continúen hasta su finalización». «Entendemos que esta norma transitoria, en conjunto con el principio de irretroactividad de las leyes salvo que en ellas se disponga lo contrario (artículo 2.3 del Código Civil) y la debida protección de las legítimas expectativas de aquellas personas que presentaron su solicitud para participar en los mencionados procesos selectivos, amparan la petición que formulamos(…)«, señala la misiva.
Legal y necesario
Para Fernández Vaquero se trata de una vía «completamente legal y totalmente necesaria para que la Justicia española no se vea más afectada todavía por el bloqueo y politiqueo al que los partidos políticos, sobre todo PSOE y PP, han sometido al CGPJ» y añade que «este país no se merece que tribunales muy importantes que resuelven cosas muy necesarias permanezcan durante meses o años sin poder avanzar porque dos políticos no se ponen de acuerdo para repartirse un órgano clave de la Justicia en nuestro país como es el CGPJ»
