Zaragoza y otros nueve ayuntamientos exigen más de 20.000 millones en ayudas estatales y europeas

Diez alcaldes de distinto signo, a excepción del Partido Socialista, han pedido reunirse de manera inmediata con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para definir el reparto de fondos europeos y mejorar el sistema de financiación. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, encabeza esta iniciativa, que reclama ayudas por valor de más de 20.000 millones de euros.

Ayuntamientos, entre los que se encuentra Zaragoza, Madrid y Valencia, entre otros, reivindican el papel que han jugado en la gestión de la crisis sanitaria. En concreto, han reclamado 1.000 millones para un fondo de transportes y un fondo de 4.000 millones de reconstrucción local.

Además, han planteado la gestión directa de un 14,5% de los 140.000 millones asignados a España de los fondos de reconstrucción de la UE. Azcón ha subrayado que esta cifra está en consonancia con su peso en el gasto público del Estado.

El primer edil ha lamentado que tras un año de pandemia no haya llegado ninguna ayuda a Zaragoza y ha asegurado que si los fondos estatales y europeos llegan, éstos se destinarán a políticas sociales y a ayudas para la hostelería, el comercio y la cultura. También, ha destacado, habrá más dinero para inversión y servicios públicos.

El acuerdo ha sido firmado por los alcaldes de Zaragoza, Cádiz, Gerona, Lérida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona y Valencia.

Los consistorios mencionados reivindican los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus.

Aseguran que estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quien más lo necesitan durante la actual crisis económica.

En este sentido se comprometen a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos.