Frente al «eslogan» de Unidas Podemos, el Gobierno debe estar en la «sustancia». Podrían ser declaraciones de cualquier grupo de la oposición pero las ha pronunciado esta mañana la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha marcado así, tajante, el terreno a sus socios de coalición en materia económica y, muy en concreto, a la próxima vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Calviño se refería en concreto a la derogación de la reforma laboral -«hay que mirar al futuro, no al pasado», ha dicho-, cuya mesa de negociación con los agentes sociales comenzó ayer, y a la futura Ley de Vivienda, que es objeto de un nuevo encontronazo entre PSOE y Podemos.
Calviño, que ha sido entrevistada en Onda Cero, ha afilado su discurso al asegurar que «respeta» la política de eslogan de comunicación y ha remarcado que ella no va entrar en la «lucha» por el relato, sino en conseguir «buenos acuerdos». También ha señalado cuáles son las prioridades del mercado laboral: el máximo objetivo, en su opinión, es el paro juvenil y, para ello, considera necesario impulsar el crecimiento económico, recuperar a los trabajadores en ERTE, reducir la dualidad y recortar las modalidades de contratación a tres.
Llevando esta declaración a las posiciones en la negociación, los planteamientos de Calviño se sitúan mucho más próximos a las intenciones de la CEOE que de los sindicatos y Unidas Podemos. De hecho, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que «de la reforma laboral no van a quedar ni los palos del sombrajo». Y en ese mismo lado del tablero se ha venido posicionando Díaz. Muy presionada por los sindicatos, la próxima vicepresidenta ya ha avisado que derogará la reforma laboral si no se llega a un acuerdo en el diálogo social, aunque sabe también que una reforma impuesta a las empresas no es el mejor camino en un escenario que ya cuenta con más de cuatro millones de parados. Las trabas a la creación de empleo terminan teniendo consecuencia nefastas y ella es una fiel defensora de los acuerdos en el diálogo social.
Aunque oficialmente ayer comenzó el desmontaje de la reforma de Rajoy, para los sindicatos no es el principio de nada y reclaman la derogación inmediata de lo que consideran «aspectos más lesivos» de la reforma de 2012. Esto es, recuperar la ultraactividad de los convenios y acabar con la prevalencia del convenio de empresa sobre los sectoriales, además de poner límites a las contrataciones.
Las declaraciones de hoy de Calviño concuerdan con el discurso que ha venido manteniendo desde su llegada al Gobierno en este sentido. Sí que ha habido un cambio, sin embargo, en su agudeza, pues siempre se ha caracterizado por unas declaraciones sobrias y alejadas del lenguaje político. La vicepresidenta económica siempre ha sostenido que es necesario mantener la esencia de la reforma laboral, más ahora, en tiempos de pandemia cuando la flexibilidad que ahora tienen las empresas va a ser clave para mantener miles de empleos que están en la cuerda floja.
Nadia Calviño, que mantiene hilo directo con la sede empresarial de Diego de León 50, ha defendido que es necesario redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero siempre negociado en las mesas de diálogo social. Calviño es la responsable de rendir cuentas en Bruselas y Díaz va a estar muy marcada por la vicepresidenta, que no va aceptar un endurecimiento de la temporalidad. Defiende, como CEOE, que ahora hay que tomar medidas para frenar la escalada de paro juvenil en España, con la tasa más elevada de Europa, y tomar medidas para acabar con la dualidad en la contratación entre temporales y fijos.
También el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha hablado hoy al respecto. En una entrevista en Telecinco, el líder de los empresarios ha dicho que Díaz «se equivoca al plantear una contrarreforma» de la norma de 2012. «Yo lo llamaría contrarreforma porque lo que ayudó en este país a que se crearan muchos empleos fue la reforma (de 2012), y no lo digo yo, lo dice Bruselas, la OCDE y el Banco Central Europeo. Con todos mis respetos, creo que la ministra se equivoca en sus planteamientos», ha afirmado en declaraciones recogidas por Ep. El dirigente ha confirmado también su disposición al diálogo y ha asegurado que los empresarios acudirán a las reuniones de la mesa (la próxima se celerará el día 30) aunque denunció que el «menú» de esta negociación les ha sido impuesto y que no lo comparten «en absoluto».
Diferencias en materia de vivienda
La fractura en el Gobierno también se escenificó ayer en materia de vivienda. Podemos ha redoblado su presión sobre el PSOE al rechazar la política de incentivos defendida por Ábalos, que ayer propuso desgravaciones de hasta el 90% a los propietarios de viviendas en alquiler. A pesar de las críticas recibidas por sus socios de Podemos, desde el PSOE defienden a capa y espada que la propuesta para el alquiler cumple con el pacto de coalición. En la misma entrevista, Calviño se ha situado al lado del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en lo que a la limitación del precio de los arrendamientos se refiere: «Es muy razonable para cumplir con el acuerdo de gobierno», ha dicho.
El documento para sellar el Ejecutivo de coalición, insistió, apuesta por evitar un aumento desproporcionado de los costes de los alquileres, sobre todo en las zonas tensionadas. Calviño ha remarcado que el instrumento de deducciones en el IRPF planteado por Ábalos «funciona» porque incentiva a los propietarios a arrendar. La vicepresidenta económica ha señalado también que en el ámbito de la vivienda «no hay una solución milagrosa» . «La vivienda siempre ha sido una prioridad para nosotros (…) Por eso hemos puesto en marcha un conjunto de reformas para tratar de facilitar el acceso a la vivienda. Lo cierto es que es una de estas cuestiones en las que es muy fácil encontrar un titular que simplifique, pero se trata de un asunto complejo», añadió.
Asimismo, Calviño tildó de «ridículas» las acusaciones de que defiende los intereses de los grandes fondos para evitar topar los alquileres en las zonas tensionadas. «Este tipo de consideraciones son ridículas teniendo en cuenta mi carrera profesional de 30 años, en las que más bien me he dedicado a regular y a controlar los abusos de todas estas grandes compañías ya no a nivel nacional sino a nivel global», respondió.
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también defendió la propuesta de Ábalos en una entrevista en Cadena SER y destacó que incentiva al propietario para ponerla en alquiler, pero también para que «rebaje el precio respecto al contrato anterior». «Es una propuesta muy interesante que va en relación con lo que se firmó, que era evitar las subidas abusivas», remarcó Montero y recalcó que «hay dos formas de hacerlo». «Una es la prohibición, que tiene una serie de dificultades jurídicas y, por tanto, es un área que tiene para su exploración límites muy claros, constitucionales y de las leyes. Y por otra hacerlo a través de incentivos», explicó
