El Gobierno no consignó en el decreto-ley de los fondos europeos que el Consejo de Estado había dictaminado sobre el texto, aunque la legislación así lo obliga. El artículo 2.2 de la Ley Orgánica del citado órgano establece que «las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo de Estado o se apartan de él. En el primer caso, se usará la fórmula de acuerdo con el Consejo de Estado, y en el segundo la de oído el Consejo de Estado».
El decreto-ley, sin embargo, no recoge ninguna de estas formulaciones, por lo que los diputados no tenían forma de saber que el órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega había emitido un dictamen sobre el texto ni, por supuesto, su contenido cuando votaron mayoritariamente a favor de convalidarlo. Además, el Gobierno defiende que no envió el dictamen del Consejo de Estado al Congreso porque en el caso de los decretos-leyes la consulta es potestativa en lugar de preceptiva y, por tanto, entiende que su publicación también es voluntaria. Sin embargo, el decreto-ley legisla sobre aspectos para los que sí podría ser necesario el informe del Consejo de Estado. En concreto, la reforma del Reglamento de emisiones industriales contenida en la disposición final octava.
La Ley Orgánica del Consejo de Estado recoge que su comisión permanente «deberá ser consultada» ante la elaboración de reglamentos «así como sus modificaciones». ABC ha pedido al Gobierno una valoración de ambas circunstancias pero La Moncloa no ha querido dar respuesta. Estos dos argumentos forman parte de una misiva enviada ayer por la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ante la negativa de esta a convocar una reunión urgente para tratar la ocultación del informe del Consejo de Estado por parte del Gobierno.
En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, Gamarra solicita que se paralice la tramitación del proyecto de ley de los fondos europeos hasta que el Ejecutivo remita el dictamen. Y ello «para garantizar el adecuado ejercicio de la función legislativa por parte de los representantes del pueblo español. Se trata de salvaguardar, un vez más, el adecuado ejercicio del ius in officium de los parlamentarios», sostiene. Además de lo anterior, los populares creen que el contenido de dos artículos del decreto, el 63 -aplicación de las subvenciones relacionados con el uso de fondos europeos- y el 64 -tramitación anticipada de las subvenciones financiables con las ayudas- también eran de consulta preceptiva. Recuerdan que la ley del Consejo de Estado establece su consulta en los anteproyectos de leyes que «hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo».
Los motivos del Gobierno
Según la portavoz popular, la «deficiente información» proporcionada por el Gobierno a la Cámara Baja ha provocado que esta «no haya dispuesto de todos los elementos necesarios para poder configurar su voluntad» y ha «hurtado un elemento esencial para la configuración de la voluntad del órgano». Por ello, advierte de que el Congreso «no puede permanecer pasivo» sino que «debe exigir que se le informe de modo completo», incluyendo los «motivos» que llevaron al Gobierno a no entregar el informe.
