La Comunidad de Madrid urge al Gobierno de España a conseguir cuanto antes más vacunas, aunque asegura que las segundas dosis en la región están garantizadas y que el retraso anunciado solo afectará a los que deben recibir aún la primera dosis. Enrique López, consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo y hombre fuerte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, acusa al Gobierno de impulsar una «campaña de desprestigio» contra Madrid y su política sanitaria. El «ataque al hospital Zendal», dice, es una cosa más en todo el recorrido de la pandemia. «Siempre hemos ido por delante del Ministerio de Sanidad. En absolutamente todo». Reprocha a Salvador Illa —»un mal ministro y un pésimo gestor»— haber «perjudicado» a la Comunidad en su condición de candidato del PSC ya el pasado otoño. Y sobre la renovación del CGPJ, en calidad de interlocutor del PP con el ministro de Justicia insiste en que el acuerdo «nunca estuvo cerrado» y que están a la espera de tener garantizado que Podemos no estará en el proceso.
P. ¿Están garantizadas las segundas dosis a los vacunados en Madrid?
R. Bueno, están garantizadas como consecuencia del ejercicio de prudencia y responsabilidad que hicimos al reservar una parte de las primeras remesas para prevenir una ruptura del estocaje, que es lo que ha pasado. Por eso hemos suspendido la vacunación de primeras dosis hasta que tengamos garantizadas de nuevo las remesas.
P. Se lo digo porque hay sanitarios a los que les están advirtiendo en sus hospitales que las segundas dosis están en peligro.
R. La segunda dosis sí está garantizada. Lo que se ha suspendido es la finalización de la primera dosis en personal sanitario, que queda todavía por vacunar en torno al 22%. Lo que desea la Comunidad es que cuanto antes volvamos a tener vacunas. Estamos esperando a que la Comisión Europea rectifique lo que ha sido un error claro y que se vuelva a garantizar el suministro. La Comunidad de Madrid, por cierto, coloca un millón y medio de vacunas de gripe en tiempo récord. Es decir, tenemos capacidad y estrategia sanitarias, con puntos de vacunación testados, para hacerlo. Quiero salir al paso de las primeras críticas, que se ha visto que eran injustas, como siempre sucede. Nos decían que vacunábamos más lentos que los demás. Precisamente nos preparamos para lo que ha ocurrido.
P. ¿A qué se refiere con el error de la Comisión Europea? Las compañías farmacéuticas son las que dicen que no pueden garantizar el cumplimiento del contrato.
R. Lo que está claro es que es un problema que tiene la Comisión Europea porque hoy por hoy no tenemos garantizado el abastecimiento necesario de vacunas. Vemos que países como Reino Unido, Israel y otros de Asia lo tienen asegurado, mientras que Europa no. Tenemos que esperar que esto se solucione cuanto antes.
P. Pues el Gobierno reitera el compromiso de terminar el verano con el 70% de la población vacunada.
R. Ojalá. Pero quienes van a vacunar y vamos a poner los medios para vacunar somos las comunidades autónomas. El Gobierno lo que tiene que hacer exclusivamente es conseguir vacunas.
» El Gobierno de España lo que tiene que hacer exclusivamente es conseguir vacunas»
P. ¿Entonces cree que el Gobierno tiene que aumentar la presión en Bruselas? ¿Cree que es cuestión de peso internacional?
R. Creo que a pesar de los posibles errores que haya sufrido la Comisión Europea, nos va mejor que si España fuera sola a tramitar las compras de las vacunas. El ministro Illa ya puso de manifiesto su incapacidad para conseguir material sanitario en la primera ola del coronavirus a pesar de la centralización que se produjo. Las CCAA tuvimos que abastecernos y, concretamente, la de Madrid se abasteció con más de 20 aviones procedentes de China. Si estamos esperando al Gobierno de España estaríamos aún en la segunda ola y sin material. Y esto nos hace albergar la duda razonable de que si la vacunación dependiera exclusivamente del Gobierno y de su Ministerio de Sanidad estaríamos todavía peor.
P. A raíz de las vacunas irregulares de políticos, el alcalde de Madrid dijo que él no vería mal que el Gobierno de la Nación o altos cargos como el Jemad se vacunaran de manera prioritaria. ¿Usted qué piensa?
R. Yo creo que el alcalde de Madrid tiene razón. Lo que pasa es que todo debe obedecer a un protocolo transparente, claro y preciso. Y lo que ha ocurrido es que se ha aprobado un protocolo que ha sido todo lo contrario. De las personas que se han adelantado a la vacunación hay un grupo que efectivamente ha podido abusar de su cargo y otros que padecieron errores como consecuencia de un protocolo insuficiente. El Gobierno tiene que rectificar y generar seguridad.
P. Dice que el protocolo es insuficiente. ¿Le decepcionó la Interterritorial de esta semana? Porque la nueva ministra habló de implementar «medidas correctivas» sin especificar nada más.
R. Lo importante es centrar los esfuerzos en conseguir vacunas. Y cuanto antes llegue a la población que la necesite, mejor. Eso es lo prioritario.
P. ¿Pero deben dimitir los dirigentes que se han vacunado sin que les tocara? Son una minoría los que lo hacen. Y, por cierto, los dos consejeros son del PP.
R. Yo creo que aquel que haya abusado de su condición para vacunarse, por supuesto, debe dimitir. Lo que me parece extraño es que la Fiscalía solo haya centrado su investigación en Murcia. Bueno, extraño no. Es una consecuencia de la Fiscalía que padecemos. Una Fiscalía de Gobierno y no de Estado. Yo creo que todo esto debe ser superado con un nuevo protocolo transparente, claro, objetivo y prudente.
P. Con respecto a las restricciones de esta tercera ola, finalmente Madrid ha cerrado la hostelería a las 21:00. ¿Llegan tarde en vista de los datos actuales de contagios y fallecidos?
R. La autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid sigue una estrategia que inició en agosto como consecuencia del aumento de contagios que tuvo éxito en la segunda ola y que aplicamos en la tercera. Vamos aplicando medidas en función de la situación epidemiológica. En Madrid hemos dicho que es falsa la dicotomía entre salud y economía. De hecho, a pesar de la alta incidencia y de seguir con nuestras medidas, no somos la comunidad que peor está. Pero esto no es una competición, son datos objetivos. En esta tercera ola la variante británica ha irrumpido con contagios mucho más rápidos, lo que ha provocado una ocupación muy alta de hospitalización y UCI. Como siempre hemos advertido, la variante británica también entró por Barajas.
P. Al principio Fernando Simón decía que la cepa británica no iba a tener mucha incidencia en España.
R. Primero dijo eso, sí. Y luego, que iba a ser la variante dominante. Pues esto también, como siempre, las autoridades sanitarias de Madrid lo adelantaron y fue negado. Si vemos la historia del covid, en lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, siempre nos hemos adelantado al Ministerio de Sanidad. Propusimos la obligatoriedad y el uso de la mascarilla, y se acabó imponiendo. Nos acusaron por regalar mascarillas FPP2 y ahora hay un debate sobre la necesidad de aumentar su uso. Propusimos cerrar Barajas o incidir en las restricciones de viaje con determinados países y al final se acabó haciendo. Propusimos test de antígenos masivos y se ha terminado asumiendo como una estrategia de lucha contra el coronavirus. Pedimos que los antígenos se pudieran hacer en farmacias y nos ha costado meses de negociación hasta conseguirlo. Hemos construido el mejor hospital de pandemias de Europa y está siendo criticado de una manera torticera e indigna por parte de la izquierda y con el apoyo de un ministro de Sanidad que no quiso participar ni en la inauguración.
P. Habla del hospital Zendal. ¿Cree que hay una campaña de desprestigio?
R. Bueno, hay una campaña de desprestigio contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y contra su política de salud pública. El Zendal es el colofón de una mala gestión del Gobierno central, que lo que hace es cuestionarlo a través de sus partidos y medios de comunicación afines. Cuestionan una historia de éxito. Lo tuvimos en Ifema y ahora con el Zendal, que es el hospital de España que alberga más pacientes con covid. De hecho, Ifema intentaron patrimonializarlo y al no poder, lo demonizaron. A pesar de que tuvimos una felicitación expresa de la OMS, al Zendal han querido demonizarlo desde el principio, pero la realidad se impone. Y, por cierto, es de ladrillo, no es un hospital de campaña como el de Extremadura o uno que se lo lleve el viento como el de Valencia. Eso sí que es un fracaso.
P. ¿Y no era posible apostar por más contrataciones y menos traslados forzosos?
R. La mayoría de los sanitarios es personal voluntario. El Zendal forma parte de la red de hospitales de Madrid y se tiene que proveer de personal en función de los requisitos que tenga y que se aplicarían en cualquier otro hospital.
P. ¿Se pueden endurecer todavía más las medidas en Madrid? Siguen confinando municipios perimetralmente.
R. Yo creo que no se puede especular con lo que se va a hacer. Sí podemos decir que se empiezan a contener los contagios. Y la traducción en que se rebaje la presión hospitalaria debería llegar en un periodo de quince días. Vamos a tomar medidas en función de lo que ocurra.
P. Episodios como los del Teatro Barceló de fiestas sin mascarillas, ¿no se pueden cortar de raíz? Dicen que debía intervenir la Policía Municipal, pero las discotecas pueden abrir como hostelería gracias a un permiso de la Comunidad.
R. Lo que no podemos es castigar a un sector como consecuencia de una mala praxis. Hay que investigar los hechos y, si realmente ha habido una mala praxis, determinar toda la responsabilidad administrativa que les pueda recaer. Sucesos de esta naturaleza deben ser investigados y deducir la pertinente responsabilidad. También tenemos que pedir responsabilidad individual a los jóvenes y a los dueños de los locales. Estamos permitiendo el mantenimiento de la actividad limitada a la hostelería porque creemos en un equilibrio entre salud pública y mantenimiento del empleo. Quien abuse de eso tendrá que tener una consecuencia que ha de ser el cierre del local.
P. Muchas CCAA han reprochado no poder tomar medidas porque el decreto de alarma no se lo permitía. ¿Cree que debería modificarse?
R. El decreto de alarma tendría que desaparecer y sustituirse por una ley orgánica de pandemias. Pero el Gobierno ha dejado claro su rechazo a un instrumento legislativo que dotara a las administraciones de seguridad jurídica para restringir derechos fundamentales con un procedimiento claro, legal y establecido. Y no un decreto de estado de alarma que depende del Gobierno de turno y que, como ha quedado demostrado, muchas veces no se ajusta a la realidad de la evolución de la pandemia. Es verdad que el Gobierno se reservó en una disposición final la posibilidad de modificar el decreto si lo estimaba oportuno, y no lo ha hecho porque existe una urgencia política que son las elecciones en Cataluña del 14 de febrero. Evidentemente, el apoyo a ese proceso electoral mientras se adoptan medidas cada vez más restrictivas es una contradicción.
P. A Madrid le impusieron un estado de alarma en octubre con cifras menos preocupantes que las que vemos ahora en muchos lugares de España.
R. El ministro Illa cambió su rostro y se convirtió en candidato a la Generalitat en el mes de octubre, como ya advertimos. Illa era un mal ministro, un pésimo gestor, pero era afable. Y, de repente, le sumó a su mala gestión un rostro bronco. Acusó a la Comunidad de Madrid de no tomar medidas en un estado, según decía, de descontrol total del virus y de contagio comunitario. Esto lo hizo con una incidencia acumulada que giraba en torno a los 500 casos por 100.000 habitantes. Y ahí comenzó una frenética campaña contra Madrid que ya nos hacía adelantar que sería el candidato a la Generalitat. De hecho, gran parte de las decisiones que adoptó Illa como ministro con respecto a Madrid las tomó sabiendo que sería candidato a la Generalitat. Y eso nos perjudicó.
P. Ya que menciona las elecciones catalanas por segunda vez. ¿Qué le parece que la Generalitat haya ratificado la semilibertad a los presos del ‘procés’ y puedan hacer campaña?
R. Contraría abiertamente la doctrina impuesta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, precisamente en la revocación de esos terceros grados. Con lo cual se produce un abierto enfrentamiento de la Administración catalana con el Supremo, que amerita al Ministerio Fiscal no solo a recurrir como ya ha adelantado, sino a investigar la actividad de la Administración Penitenciaria por si pudiera haber incurrido en algún delito como prevaricación. Estamos ante presos que están cumpliendo una condena que está en su fase primigénea, que no han alcanzado ni de lejos la mitad de la condena, que es precipitada la concesión de ese tercer grado… Esto es lo que dijo el Supremo hace un mes.
P. Sobre el Consejo General del Poder Judicial, una vez más el ministro Campo insiste en que el acuerdo está cerrado. ¿Después de las catalanas puede llegar ese acercamiento por fin?
R. Es que ese acuerdo nunca ha estado cerrado. Nunca. Hay personas que confunden su ilusión con la realidad. Lo que estamos esperando es que el presidente del Gobierno nos garantice que Unidas Podemos y sus líderes no van a estar presentes en la renovación de órganos constitucionales de ninguna manera. Esto no es un capricho del PP, en absoluto, ni es poner el veto a alguien. Es sencillamente una salvaguarda del sistema constitucional español y de garantía de las instituciones públicas.
Unidas Podemos tiene un líder que acaba de comparar a un prófugo de la justicia, imputado, investigado y acusado por nuestra Justicia por cometer delitos muy graves con los exiliados de la República. Es un ejemplo más de cómo no podemos llegar a un acuerdo con una persona que denigra el sistema judicial, que cuestiona sus resoluciones y que no puede poner sus manos, obviamente, en los órganos constitucionales. Es un partido que Sánchez lo ha convertido en un partido de Gobierno, pero que en Europa estaría totalmente excluido de esas labores. Esto, además, se ve aderezado con los pactos que tiene con los herederos de ETA-Batasuna y con los independentistas catalanes. Un cóctel explosivo que pone en riesgo el orden constitucional y, por eso, no podemos permitir que Podemos esté en esa negociación ni que tenga la mínima influencia.
P. Es decir, que el Gobierno no les ha garantizado hasta ahora que Podemos no vaya a estar.
R. No conozco ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno que diga con claridad que Unidas Podemos no va a estar en la renovación de los órganos constitucionales.
P. El comienzo de año estuvo marcado por la borrasca Filomena. Nunca termina de cuajar la coordinación con el Gobierno central. Cuando parecía que había un trabajo conjunto se levanta la polémica y dice Interior que Madrid ha rechazado los medios del Estado.
R. Si algo hemos aprendido de una inclemencia de esta naturaleza es que la coordinación entre administraciones es básica. En este caso se aseguró. Yo mismo, desde que activé el Plan de Inclemencias Invernales, la coordinación con la Administración del Estado y los municipios fue la regla general. Creo que se generó una falsa polémica, un bulo, por una mala gestión de la comunicación del Ministerio del Interior cuando se dijo que la Comunidad de Madrid renunciaba a los medios del Estado como consecuencia de haber bajado al nivel 1 del plan de inclemencias, lo cual no es cierto. No renunciamos a la ayuda de la UME en momento alguno.
P. ¿Y ante la polémica no llamó directamente al ministro Marlaska?
R. No, no. Lo que dijimos fue la verdad. Se produjo una petición por parte del ministerio, por su representante en el comité de desescalada paulatina de la UME, ante la que nosotros les pedimos que dieran 24 horas para preguntar a los ayuntamientos cómo se encontraban. La representante de la Federación de Municipios nos aseguró que tenían medios propios para limpiar las calles, al igual que el Ayuntamiento de Madrid, y decidimos pasar a nivel 1 con el consenso de la Administración central y municipal. Nos sorprendió muchísimo esa nota de Interior, que creo que fue porque no le explicaron al ministro lo que estaba ocurriendo. Prueba de que se desarrolló todo con consenso es que lo ha ratificado el teniente general [Luis Manuel] Mejide en una entrevista reciente. Es una pena que esas notas de prensa hayan empañado una historia de coordinación muy adecuada y de gran éxito entre las tres administraciones.
P. Tras el temporal ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar la Ley de Protección Civil. ¿Puede detallar la propuesta?
R. A nivel autonómico tenemos prácticamente finalizado el proyecto y lo vamos a aprobar en Consejo de Gobierno para remitirlo en última instancia a la Asamblea. Y más allá de esto, creemos que se debe proceder a una reforma de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil concediendo que una parte de esta tenga rango de ley orgánica. ¿Para qué? Con el objetivo de que las administraciones puedan restringir derechos fundamentales mediante mecanismos recogidos en la propia norma ante calamidades de este tipo. Ahora mismo esto no existe. Solo hay una apelación a que se puedan restringir derechos cuando así lo requiera la situación. Creemos que es bueno que haya una ley orgánica para no tener que acudir al estado de alarma ante la ocurrencia de una emergencia de protección civil que acabe en una situación muy grave.
También, que se recoja de una forma más clara lo que es una emergencia de protección civil de interés nacional cuando se produzca en el ámbito de más de una comunidad autónoma. La ley de 2015 es buena, pero requiere una actualización con estos dos objetivos. Paralelamente, proponemos que la nueva Ley de Telecomunicaciones prevea que el Estado pueda dirigir mensajes a la población a través de los móviles de forma directa. Creemos que en situaciones de emergencias deberíamos poder realizar envíos masivos a los móviles anunciando una emergencia.
P. Ya han presentado un acuerdo de Gobierno para los Presupuestos de 2021. Ahora empiezan las conversaciones con Vox. ¿Temen que Rocío Monasterio tense la cuerda? El otro día propuso que la reunión para negociar fuera en un bar abierto más allá de las 21 horas, que es cuando ahora la hostelería cierra…
R. Esto es algo que está gestionando el consejero de Hacienda con notable éxito. Es una persona muy solvente, con mucha experiencia, y confiamos en llegar a un acuerdo lo antes posible porque requerimos unas cuentas adecuadas a la situación que ha generado el covid. Confío en la responsabilidad de Vox, gracias al cual se produjo la investidura de la presidenta Díaz Ayuso y los madrileños pueden gozar de un Gobierno de centroderecha. Esperemos que nunca tengan que padecer un Gobierno de izquierdas, que es lo contrario a lo que son los madrileños.
P. ¿Descarta que pueda influir la tensión a nivel nacional entre PP y Vox? Ahora encima arranca la campaña en Cataluña.
R. Creo que los partidos tienen que ser responsables con las necesidades de los ciudadanos. Debemos tener muy claro que hay que hacer política donde hay que hacerla. Aquí confiamos plenamente en la responsabilidad de Vox. A nivel nacional Vox ha cometido un error claro alineándose con el Gobierno junto con Bildu y dando un instrumento jurídico con el que Sánchez va a poder monopolizar la gestión de los fondos europeos. Es un error claro y manifiesto.
P. Le quiero preguntar también por la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. ¿Qué esperan del caso máster tras la fase final del juicio?
R. De un juez o un tribunal tengo la máxima confianza en la resolución que adopte. Ha habido un juicio y esperamos que el tribunal tenga una respuesta adecuada a la situación y a las circunstancias que han ocurrido. Yo le deseo lo mejor a Cristina Cifuentes, pero evidentemente lo que tenemos es que respetar lo que diga el tribunal.
