Hoy el Congreso de los Diputados ha recordado al Gobierno que su mayoría es mucho más exigua de lo que pudiera pensar tras aprobar sólidamente los Presupuestos Generales del Estado. El real decreto ley sobre el reparto de los fondos europeos, que ha salido adelante esta tarde en la Cámara Baja, ha pendido de un hilo por momentos, hasta que fuentes del grupo parlamentario de Vox han confirmado su abstención a ABC, con lo que el Ejecutivo ha evitado su primera derrota parlamentaria del año.
Ya ayer algunos de los socios habituales del Gobierno de coalición, como ERC y EH Bildu, se desmarcaron de los planteamientos gubernamentales en el Real Decreto Ley para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -que regula el reparto de los fondos europeos por la crisis del coronavirus-. Pero las alarmas se han encendido esta mañana cuando la diputada del PP Elvira Rodríguez ha anunciado que su partido votará en contra esta tarde por «la discrecionalidad, falta de transparencia y concentración de las decisiones».
Un reproche al que se ha sumado el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, quien ha confirmado vehemente que los suyos también se unirán al bloque del «no» en este real decreto ley. Las calculadoras han echado humo entonces, a pesar de que el diputado independentista daba por hecho que el real decreto saldría finalmente adelante. El parlamentario de Bildu Oskar Matute, aunque crítico, ha aseverado en su intervención que no iban a «obstaculizar» el real decreto. Tras debatirse entre el «sí» y la abstención, el propio Matute ha confirmado el «sí» de los herederos de la ilegalizada Batasuna, a cambio del «compromiso» de aumentar la financiación de los ayuntamientos y mejorar el control de la gestión de los fondos.
Con el PP y ERC en el «no», además de Junts per Catalunya, Unión del Pueblo Navarro, la CUP y el BNG, todas las miradas apuntaban a Ciudadanos (Cs), que ya en el pasado salvó al Gobierno en las votaciones del estado de alarma en las que le fallaron sus socios. La diputada liberal María Muñoz, mientras Cs ganaba tiempo para decidir, ha apuntado en tribuna que no podían «apoyar» el decreto. Una afirmación que abría la puerta a dos posibilidades: abstención absolutoria o «no» de condena. Fuentes del grupo, después, han informado a este periódico de que votarán en contra, lo que dejaba al Ejecutivo ante su primera derrota del año.
Un salvador inesperado
No obstante, contra todo pronóstico, al Ejecutivo le ha salido un salvador inesperado a última hora: Vox, «la ultraderecha», que ha decidido abstenerse. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha concedido declaraciones en el patio del Congreso después del debate y, visiblemente enfadada, ha cargado contra el PP por su «deslealtad» y por, según ella, arriesgar todo el trabajo hecho en Europa para garantizar la llegada de los fondos europeos. No ha sido solo el PP quien se ha decantado por el «no», con multitud de críticas a la unilateralidad y a la falta de negociación, pero la número dos del Gobierno solo afilaba sus palabras contra el líder de la oposición.
Se ha mostrado agradecida a todos los partidos, sin citarlos, que permitirán «a priori» salvar el real decreto ley del Gobierno, «tan necesario» para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero también ha exhibido cautela, consciente de lo ajustado de la votación. Hasta que no se produzca al final del pleno y se confirme el resultado, la vicepresidenta no respirará aliviada. La pregunta que le han repetido y que no ha contestado permanecía en el aire: «¿Ha negociado el Gobierno con Vox?».
Sí ha respondido después el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha negado tajantemente que haya existido «ningún tipo de interlocución, conversación o negociación» con un Gobierno al que su partido no duda en calificar como «ilegítimo o criminal». Espinosa de los Monteros ha justificado la abstención de su formación en «lo importante y urgente», que es que lleguen los fondos a trabajadores y autónomos, «más allá del color político de cada gobierno».
A juicio de Vox, tumbar el decreto habría supuesto meses de nuevas negociaciones entre el Ejecutivo y las autonomías, con la consecuente demora de los fondos. Como la mayoría de partidos, aboga por que se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas. Así será.
