A veinticuatro horas del Pleno en el que, con toda probabilidad, se acordará continuar con la tramitación de la ley que limita las funciones del Poder Judicial, la Plataforma Cívica por la Independencia ha presentado una denuncia ante el Parlamento Europeo en la que reclama una «intervención urgente» ante los «ataques» a la justicia por parte del poder político. Los juristas que suscriben este texto consideran que en España se han alcanzado «niveles de degradación» similares a los de Polonia, país que ha sido objeto de serias advertencias por parte de las instituciones europeas. En este sentido, piden a la Comisión Europea que ponga en marcha sus «mecanismos de control» ante la existencia de una «manifiesta infracción», ya sea para emprender acciones judiciales (a través del procedimiento de infracción previsto contra los Estados miembros que no respetan el Derecho de la Unión), ya sea a través de la apertura de un procedimiento de diálogo con el gobierno español, similar al seguido con Polonia desde 2016.
La denuncia se produce en paralelo a la nueva advertencia que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha lanzado al Gobierno de España en forma de respuesta a una pregunta de la eurodiputada Maite Pagazaurtundua. Además de recordar que la UE sigue de cerca las reformas que afectan a la carrera judicial, insiste en que la mitad de los vocales del CGPJ deberían ser elegidos directamente por los propios jueces. Las proposiciones que PP, Vox y Ciudadanos han presentado en el Congreso como enmiendas a la totalidad a la reforma que promueve PSOE y Podemos, y que se debatirán mañana, van precisamente en ese sentido.
La Plataforma, integrada por jueces, abogados y juristas y artífice del «Manifiesto por la despolitización e independencia judicial» que fue respaldado en 2010 por más de 1.400 jueces españoles, avisa de que la justicia española está en peligro. «Durante este año 2021 la clase política ha emprendido un asalto mediante una serie de reformas legislativas de carácter estructural encaminadas a socavar la independencia judicial. Aprovechando la crisis sanitaria derivada de la epidemia de coronavirus, se han debatido en el Parlamento iniciativas tendentes a limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano máximo de gobierno de la judicatura, así como a reducir la mayoría necesaria para la elección de sus miembros», señala el texto de la denuncia.
Parálisis de un órgano constitucional
«La reforma impedirá el nombramiento de altas instancias judiciales por el CGPJ, entre ellas las vacantes de los magistrados del Tribunal Supremo, cuando se encuentre en funciones por mandato prorrogado (mientras no se obtenga el 3/5 de votos en el Parlamento para la renovación de los 20 vocales). Supone la parálisis de un órgano constitucional y la que las vacantes judiciales de las altas instancias queden sin cubrir», avisa. La plataforma también explica que la justificación que se da para esta merma de atribuciones es que el Parlamento y el Ejecutivo en funciones también ven limitada su capacidad de decisión hasta que son renovados, pero para los juristas hay una diferencia: «Mientras que el Poder Ejecutivo y Legislativo solo se legitiman si representan a las nuevas mayorías salidas de las urnas, el Poder Judicial se legitima por el sometimiento al imperio de la ley al resolver el caso. La equiparación es desacertada y una mera excusa para asegurarse cada nuevo Gobierno resultante de las urnas que elegirá a los jueces del Tribunal Supremo y de otros altos tribunales».
Además, esta plataforma recuerda que España «es el único país de la Unión Europea donde todos y cada uno de los componentes del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial son elegidos por el Parlamento» y que los nombramientos de altos cargos judiciales, aunque en teoría obedezcan al mérito y capacidad, en la práctica carecen de garantías suficientes para asegurar que no incurren en discriminación por motivos ideológicos o simple favoritismo».
Separación de poderes
Esta «ofensiva» se acomete, dicen, inspirada por «una ideología poco compatible con la separación de poderes, al entender que los jueces deben ser sensibles a la influencia política al emanar la Justicia del Pueblo». A su juicio se trata de una concepción que «nos retrotrae a formas arcaicas de organización social, más propias de la Edad Media que de una democracia avanzada».
Los juristas aluden también a las normas que favorecen las «puertas giratorias» y al hecho de que «jueces colaboracionistas tengan asegurado un camino de ida y vuelta entre la política y la judicatura que favorece una simbiosis de intereses inconfesables». «Mientras tanto, la casi totalidad de la carrera judicial se enfrenta a un techo de cristal, una línea infranqueable en su promoción y ascenso, a menos que decidan rebajarse a un juego de negociaciones entre pasillos conocido como intercambio de cromos».
