Suenan tambores de guerra entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos gobernados por el PP y el Gobierno de Pedro Sánchez. Pablo Casado prometió dar la batalla después de hacerse público el pacto entre Sánchez y ERC contra la política de bajos impuestos de Madrid y en Génova ya están en marcha, en comunicación directa con sus barones, para defenderse de lo que consideran un ataque directo a uno de sus pilares políticos y económicos.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol, han convocado a los consejeros de Hacienda de las regiones donde gobiernan y a los portavoces parlamentarios de esa área que están en la oposición a una cumbre interna en la sede nacional el próximo miércoles, para diseñar la estrategia y el plan de batalla que se disponen a ejecutar. El objetivo es frenar la maniobra de Sánchez y «amortiguar» las subidas de impuestos que pretende imponer el Gobierno a las clases medias, con más rebajas fiscales en sus territorios.
Fuentes de la dirección nacional del PP explicaron que su idea es «blindar» las bajadas de impuestos en sus comunidades y buscar todas las fórmulas posibles para cumplir el compromiso que Casado expresó en la campaña electoral: por cada euro que Sánchez suba los impuestos, el PP quiere bajar otro. Será el miércoles cuando se analicen de forma concreta y detallada todas las opciones legales para llevarlas a la práctica de forma coordinada en las cinco comunidades que gobiernan los populares, así como en sus municipios, siempre dentro del margen que les permiten sus competencias.
García Egea y Terol tomarán nota de las propuestas que hagan cada uno de los consejeros y portavoces de Hacienda para diseñar la respuesta conjunta y lograr que «el ciudadano no sufra el asalto fiscal que pretende el Gobierno».
Patrimonio
En la reunión del miércoles se pondrán sobre la mesa los distintos tributos que dependen de las comunidades autónomas y la capacidad de maniobra de la que disponen, dentro de los estatutos de autonomía y con las normas fiscales propias. Por ejemplo, en el impuesto de Patrimonio, sobre el que Sánchez y Rufián han pactado fijar «límites mínimos y/o máximos de gravamen efectivo» para impedir que Madrid, u otras regiones, lo bonifiquen hasta ser casi inexistente, los populares analizarán las vías legales que tienen para impedir esa intervención o bien amortiguarla con otro tipo de bajadas.
El PP ha hecho bandera de la eliminación de impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, como ha ocurrido más recientemente en Andalucía, y quieren demostrar el «buen resultado» que ha dado. Además, ven «margen» para seguir bajando otros impuestos, incluso en el tramo autonómico del IRPF. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso mantiene su compromiso de aplicar una bajada a lo largo de la legislatura. También ven posible actuar más sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, cedido a las autonomías.
«Vamos a demostrar empíricamente que bajando impuestos estamos recaudando más allá donde gobernamos», aseguran en la dirección nacional del PP. «No se trata de un debate sobre si la bajada de impuestos afecta a los servicios públicos, sino sobre la mayor recaudación que obtenemos, que permite a su vez mejorar los servicios».
Bonificaciones
El PP analizará cada tributo y cada tasa sobre las que las comunidades tienen capacidad de actuación para ver hasta dónde pueden rebajar. También estudiará posibles bonificaciones fiscales en distintos ámbitos relacionados con los servicios sociales y con las familias o los emprendedores. Los populares verán de qué manera se puede ayudar fiscalmente a sectores como el de la hostelería, ante la grave situación que está atravesando.
El Grupo Popular ya ha intentado introducir beneficios fiscales dirigidos a las familias o a los autónomos a través de enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que se encuentran ahora mismo en plena tramitación en el Congreso de los Diputados. En una de sus enmiendas, propuso que las familias numerosas vieran incrementada su prestación por hijo, durante un ERTE o en situación de desempleo. También planteó «salvar» a los autónomos con el dinero ahorrado en el gasto de los 22 ministerios. Los populares presentaron un total de 1.500 enmiendas y han denunciado el «veto» por parte del Gobierno a la inmensa mayoría de ellas: «Ni siquiera ha querido debatirlas para no tener que retratarse».
De entrada, en Génova, la dirección nacional está valorando la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, ante el intento manifestado por Sánchez y Rufián de «intervenir» contra la política de bajada de impuestos de Madrid. El PP considera que puede producirse una «invasión de la autonomía fiscal» de las comunidades, y en ese caso no tienen ninguna duda de que deben acudir a los tribunales para defender las competencias regionales.
El PP también dará la batalla en los parlamentos regionales y en los consistorios, donde planteará sus propuestas para que sean debatidas, y de paso para que los dirigentes socialistas de cada territorio se pronuncien.
«Idea de marca»
Detrás de esta estrategia, en la que Génova toma las riendas para lograr una acción coordinada de todo el partido, gobierne o esté en la oposición, se encuentra también el objetivo del PP de exhibir a los españoles «una idea de marca, que relacione las siglas del partido con los gobiernos de la libertad y de la bajada de impuestos». Para el presidente del PP, la respuesta de su partido allá donde gobierna es un avance de lo que haría él desde La Moncloa.
