El Gobierno congela la partida de la Casa del Rey y sube un 70 por ciento la del Ministerio de Iglesias

El Gobierno tiene previsto congelar la partida de la Casa del Rey y aumentar un promedio del 41 por ciento las asignaciones al resto de órganos constitucionales y ministerios, según figura en el borrador del Presupuesto General del Estado para 2021 aprobado por el Consejo de Ministros.

La Jefatura del Estado lleva percibiendo 7,88 millones de euros desde 2018, después de varios años de importantes recortes como consecuencia de la crisis económica y de alguna ligera subida. El año que más percibió fue 2009, con 8,89 millones. La cantidad que percibe en la actualidad es inferior a la que percibía en 2006, que superaba los ocho millones de euros.

En contraste con la austeridad impuesta a la Casa del Rey, el Ejecutivo subirá un 11,3 por ciento la partida del Ministerio de Presidencia, del que depende el presidente del Gobierno, un 70 por ciento el Ministerio de Derechos Sociales, cuyo titular es Pablo Iglesias, y un 157 por ciento el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero. No obstante, la partida que más sube, un 1.168 por ciento, es la del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

También suben las partidas de otros órganos constitucionales como las Cortes Generales, que verán aumentada su asignación un 5,7 por ciento; el Tribunal de Cuentas, con una subida del 6,2 por ciento; el Tribunal Constitucional, un 3,7; el Consejo de Estado, un 5,9, y el Consejo General del Poder Judicial, un 12,1 por ciento.

La finalidad de la asignación que recibe la Casa del Rey es asegurar que la Jefatura del Estado disponga de una dotación presupuestaria suficiente para que el Rey pueda desarrollar su labor con la independencia inherente a sus funciones constitucionales. Aunque la Constitución faculta al Rey para distribuir libremente el presupuesto que le asigna el Estado, la Jefatura del Estado decidió hacer públicas sus cuentas todos los años, así como el resultado de la autoría de la Intervención General del Estado a la que se somete voluntariamente con el fin de ofrecer transparencia.