«No creo que haya aumentado mucho la pobreza con el Covid», afirma el ministro Escrivá

José Luis Escrivá fue elegido en 2014 por Mariano Rajoy para ser el guardián de la ortodoxia fiscal como presidente de la Airef tras haber pasado previamente por el BCE y el BBVA, y en enero de este año dijó sí a la invitación de Pedro Sánchez para que entrara en el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos y responsabilizarse de la Seguridad Social en un gesto que muchos interpretaron como una forma de frenar al ala más radical y ansiosa de gasto del Gobierno y de tranquilizar a los mercados. Dice encontrarse cómodo con el plan fiscal del Ejecutivo, a pesar de que el Covid se ha llevado por delante todas las previsiones. Esta semana ha compartido protagonismo

con el vicepresidente Iglesias por la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, tras varias disputas internas previas.

El debate y la aprobación de la renta mínima ha aparecido ante la ciudadanía como una muestra más de la lucha interna entre las dos almas del Gobierno. Pablo Iglesias se ha intentado apropiar de su autoría y se ha jactado de que Pedro Sánchez había atendido a sus peticiones ¿Es esta también su versión de los hechos? ¿Ha sido una victoria del vicepresidente?

–No, creo que desde fuera se maximizan las cosas. Desde la vicepresidencia segunda ha habido una estrecha colaboración para la aprobación del Ingreso Mínimo Vital y no hay ninguna guerra por la autoría de la medida. Todo el Gobierno de España, y así lo aprecié en el Consejo de Ministros del viernes, considera que el Ingreso Mínimo Vital es una medida necesaria y eso es mucho más importante que la autoría. Lo que importa es que tenga los efectos deseados, que funcione y que ayude a reducir la pobreza de hogares vulnerables, el resto son cuestiones secundarias.

Probablemente nadie cuestionaría la renta si tuviera un carácter temporal para hacer frente a la situación generada por la pandemia pero, ¿puede España afrontar este gasto de manera estructural y permanente?

–La Comisión Europea nos lleva diciendo desde 2014 que en España hay un enorme problema de pobreza severa y que lo hemos dejado en manos de las comunidades autónomas, y cada una hace una cosa distinta. En otros países existen rentas similares. El gasto medio en Europa en estas rentas es del 0,6% del PIB, las comunidades autónomas se gastan el 0,15%, y ahora nos vamos a gastar el 0,4%, todavía por debajo de la media europea.

En España hay una gran dispersión de ayudas: de ayuntamientos, de las comunidades autónomas, y hay personas que pueden cobrar varias. ¿Han tenido esto en cuenta?

–En España hay numerosas ayudas que suponen un gasto importante y que apenas consiguen efectos. Un ejemplo sería una prestación que ahora hemos eliminado con el Ingreso Mínimo Vital, que es la de por hijo o menor a cargo o acogido. Esa prestación es poco dinero a muchísima gente, nos gastamos unos 600 millones de euros, y que se reparte sin ningún criterio de renta ni de tipo de hogar.

¿Pero ahora va a quitar esa ayuda?

–No a los que ya la están recibiendo, pero la bloqueamos y la extinguimos a futuro.

 ¿Y también se van a suprimir las ayudas que dan ayuntamientos, comunidades, y que a veces se solapan?

–Con esta norma creamos la tarjeta social digital universal.

¿La que preveían los ya famosos Presupuestos de Montoro, que siguen vigentes?

–Sí, esa tarjeta se pone en marcha ahora para saber la fotografía de las ayudas que recibe cada persona.

Podemos decía que era una tarjeta para pobres.

–No se trata de hacer una tarjeta «para pobres». Se trata de que la información esté disponible por parte de todas las administraciones para que las personas que en un momento determinado necesiten recursos puedan tenerlos. Los responsables públicos tenemos que conseguir que el dinero, que no es infinito, llegue a quien lo necesite de la manera más eficiente posible.

Hay malestar entre las autonomías, que dicen que les han pedido los datos deprisa y corriendo.

–Yo me he reunido personalmente con los consejeros del ramo dos veces y mi equipo muchas más y les hemos informado de todo. Las autonomías tienen programas que en muchos casos no han funcionado.

 ¿Pero esta renta mínima es un máximo de lo que pueden cobrar sumando las ayudas de ayuntamientos y comunidades?

–Nosotros fijamos un mínimo que todo el mundo tiene que cobrar. Sumamos todas las rentas: salariales, ayudas por paro, PER, salvo las rentas mínimas autonómicas y las ayudas finalistas, como las de comedor, y lo que falte para lo paga el Estado.

¿Y quién lo gestiona? ¿En el País Vasco lo van a gestionar ellos, como les está pidiendo el PNV?

–Es una prestación de la Seguridad Social, del Estado, y por tanto será la Seguridad Social la que gestione esta prestación. Las cuantías de renta garantizada y los requisitos para acceder son exactamente los mismos en todo el territorio nacional. No obstante, en los territorios con haciendas forales, Navarra y las tres provincias vascas, para realizar las comprobaciones que se necesitan de renta y de patrimonio, era más eficiente que la gestión la hicieran ellas y así se ha hecho.

– ¿Yel resto de las comunidades? ERC la pidió ayer para aprobar el estado de alarma.

–Una disposición adicional de la norma contempla la posibilidad de llegar a convenios con las autonomías de cara a su gestión, pero no en este momento.

 ¿Y cómo van a evitar el fraude y la economía sumergida? ¿Se puede tener la tentación de no declarar determinados ingresos para recibir más por la renta mínima?

–La economía sumergida ya existe en España, de hecho más que en países donde hay rentas similares a la que ahora estamos aprobando. De hecho, pensamos que esta prestación va a ayudar a formalizar la economía, entre otras cosas, porque muchos de estos hogares no hacen la declaración de la renta y a partir de ahora van a estar obligados a hacerla y si defraudan van a sufrir sanciones y el peso de la ley.

Pero, por ejemplo, ¿se va a retirar la renta a quien rechace ofertas de empleo porque al final puede ser más rentable seguir cobrando la renta mínima que trabajar?.

–El problema en España no está ahí. Sabemos que el 30% de estos hogares no son empleables. Y además, para evitar el fraude, se añade la figura de la responsabilidad solidaria de un empleador que dé ingresos no formales.

¿Y van a evaluar si funciona?

– La examinará la Airef y además hemos creado un consejo consultivo y una comisión de seguimiento en el que estarán Cáritas y otras ONG.

¿El cálculo de las 850.000 familias a las que dicen que van a llegar se ha hecho con los ingresos de 2019 o ya la nueva situación generada por el Covid-19? Hay muchas personas afectadas por esta nueva crisis, que están en la pobreza.

–Los cálculos se han hecho con datos de las rentas anteriores al Covid pero yo no creo que se haya aumentando tanto la pobreza en estos meses. Los que son pobres, en su mayoría ya eran pobres antes. No obstante, a la prestación podrán acceder personas que se hayan quedado sin ingresos este año y no estén cubiertas por otras ayudas puestas en marcha.

El que se haya quedado en un ERTE y no haya cobrado desde marzo, si no tenía ahorros, está en la pobreza.

–Cobrarán.

¿Pero cuándo?

–Yo no creo que haya tantas personas sin cobrar los ERTE, no se puede negar que hay casos, pero tampoco que el SEPE ha hecho un esfuerzo tremendo para reconocer prestaciones a más de 3 millones de personas en muy poco tiempo.

La Comisión Europea ha puesto encima de la mesa ayudas de unos 140.000 millones de euros para España, pero lógicamente estarán ligados a reformas estructurales y a compromisos de vuelta a la senda de estabilidad presupuestaria.

–Creo que Europa va a pedir a todos los países que expliquen sus planes y proyectos en las áreas prioritarias que han definido y en función de esos proyectos se juzgará.

¿Me está diciendo entonces que Europa, una vez pase la pandemia, no va a exigir a España que presente un plan de saneamiento con ajustes?

–Estamos muy condicionados por la crisis anterior y la reacción europea es completamente distinta. Esto es una pandemia que nos está afectando a todos y por eso en esta ocasión, y para mí es lo más novedoso, Alemania ha decidido que va a mutualizar parte de la crisis.

La propia Airef y el Banco de España han asegurado que en cuanto pase la crisis hay que poner en marcha un plan de saneamiento.

–Obviamente, en cuanto sepamos el terreno que pisamos lanzaremos una senda de medio plazo lo más creíble posible de reconducción de la deuda pública.

¿Y eso se consigue solo con subidas de impuestos?

– No. Hay gastos que se pueden revisar, beneficios fiscales que no cumplen su función y se pueden suprimir.

 Para pagar la protección social hay que generar riqueza. ¿Cómo se consigue eso si desde al menos una parte del Gobierno lo único que se hace es demonizar a las empresas, anunciar subidas de impuestos y pretender derogar la reforma laboral.

– Si uno mira la fiscalidad de España, más baja que la de los países de nuestro entorno, ve que los problemas están en la fiscalidad verde, más baja que la de nuestros socios, las desgravaciones fiscales, de las más altas,y en Sociedades estamos por debajo de la recaudación a nivel europeo y hay margen para recaudar más. Pero los impuestos no son mi responsabilidad.

Las cotizaciones sociales sí son su responsabilidad. ¿Las van a subir?

–Ya son relativamente altas y no creo que la solución a las pensiones sea subir las cotizaciones, aunque sí hay muchas bonificaciones, incentivos a la contratación que reducen mucho los ingresos, como el Prepara, y que no están cumpliendo su función. Lo que nos hace falta es analizar las políticas y sus resultados y decidir con los datos en la mano.

¿Cómo conviven las dos sensibilidades del Gobierno? ¿Le quita el sueño la presencia de Podemos en el Ejecutivo?

–No me quita el sueño. Este es un Gobierno de coalición, donde hay personas con aproximaciones no siempre coincidentes en los temas y eso genera debates internos que llevan después a puntos de encuentro. En el área en el que yo tengo responsabilidad y en el área económica yo me encuentro bastante cómodo.

¿Y también se sintió cómodo con el acuerdo de PSOE, Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral?

–Lo importante en este momento es desarrollar al máximo el diálogo social para que el marco laboral con el que vamos a funcionar en los próximos años tenga el máximo consenso de todos.