Ante el coronavirus, que llegó de manera inesperada para trastocar por completo nuestra realidad, los países europeos reaccionaron lo mejor que pudieron, en ocasiones a trompicones y no sin pocas polémicas. A continuación, los corresponsales de ABC en Francia, Alemania, el Reino Unido e Italia detallan a qué figura jurídica se acogió cada líder político para frenar la pandemia. En España, la prórroga del estado de alarma, que causa no pocas controversias, se debate este miércoles.
En Francia, el estado de urgencia sanitaria ha estado concertado y sometido a debate parlamentario, con rapidez y eficacia.
El 18 de marzo pasado, el consejo de ministros aprobó el proyecto gubernamental. Entre el 19, el 21, el 22 y el 23 de marzo, la Asamblea Nacional (AN) y el Senado discutieron, matizaron y aprobaron la Ley de estado de urgencia sanitaria que fue promulgada y publicada en el Diario oficial el 24 de marzo.
El 2 de mayo, el consejo de ministros aprobó la prolongación del estado de urgencia hasta el 24 de julio. De nuevo, AN y Senado discutirán, matizarán y aprobarán el proyecto de Ley.
El gobierno de Emmanuel Macron anunció el inicio del desconfinamiento, a partir del 11 de este mes de mayo, presentado como una «nueva fase» de confinamiento, mucho menos rígido: abrirán colegios y guarderías, abrirá el comercio de detalle, comenzarán a funcionar muchas empresas, grandes y pequeñas.
El gobierno francés confía en la responsabilidad cívica individual, subrayando que se trata de una «responsabilidad compartida», entre los individuos, la sociedad civil y el Estado.
En Alemania, no se ha decretado estado de alarma o similar. Las medidas han sido negociadas por el gobierno de Berlín, en videoconferencias regulares, con los presidentes de los Bundesländer. Algunas de las decisiones tomadas, como la prohibición de las manifestaciones de más de dos personas, han sido rechazadas por el Tribunal Constitucional, que ha defendido el derecho de reunión siempre que se respete la distancia de seguridad de metro y medio entre participantes.
El 29 de abril, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, obtuvo apoyo parlamentario para una reforma sanitaria que permite a hospitales y clínicas, unos 2.000 centros en total, incorporar como personal, en caso necesario, a estudiantes de medicina y enfermería en última etapa de formación y a médicos y enfermeros jubilados recientemente.
El Consejo de ministros italiano aprobó un decreto el 31 de enero declarando el «estado de emergencia» durante 6 meses, hasta el 31 de julio, «a causa del riesgo sanitario relacionado con la aparición de patologías derivadas de virus transmisibles», según consta en el Boletín Oficial. Tal decisión se produjo 24 horas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hubiera declarado la emergencia internacional por el coronavirus.
El estado de emergencia en Italia es una figura jurídica prevista en la ley 225 del 24 de febrero 1992 para casos excepcionales: «Desastres naturales, catástrofes u otros acontecimientos que, por su intensidad y extensión, deben afrontarse con medios y poderes extraordinarios».
El estado de emergencia puede decretarse no solo cuando se verifican calamidades, sino también ante su inminencia. En este caso, el gobierno italiano lo adoptó como medida preventiva para poder actuar con rapidez en caso de necesidad.
Seis meses
¿Por qué la duración del estado de emergencia fue de seis meses y no de tres, por ejemplo? La ley prevé que «la duración del estado de emergencia, a nivel nacional, no puede superar los 12 meses, y es prorrogable durante otro periodo no superior a 12 meses». En este caso, el Consejo de ministros estableció una duración de seis meses, prorrogable en caso de necesidad. La declaración del estado de emergencia se suele hacer siempre en Italia para una duración de «seis meses».
Italia decretó el estado de emergencia el 31 de enero, 20 días antes de que comenzara la epidemia en Italia, concretamente en Codogno, donde se descubrió el llamado «paciente 1», porque se temía que aparecieran focos en otras áreas del país. El día 31 de enero, el Gobierno nombró al director de Protección Civil, Angelo Borrelli, «comisario para la emergencia».
En una conferencia de prensa del pasado 24 de marzo, martes, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, explicó que el indicar el 31 de julio como final del estado de emergencia, no significa que las restricciones en vigor se mantengan hasta esa fecha. Si la situación mejorará lo suficiente, el gobierno podrá aprobar un nuevo decreto, según especificó Conte, para establecer el final del estado de emergencia.
En esa fecha, Conte explicó: «Estamos seguros de que mucho antes de la fecha límite del 31 de julio, establecida al comienzo de la emergencia, podremos volver a nuestros hábitos de estilo de vida, a un mejor estilo de vida». Mientras tanto, lo que ha hecho el Gobierno es ir adaptando, mediante decretos ley, una serie de medidas restrictivas, que han sido especialmente duras hasta el 4 de mayo, fecha en que ha comenzado la fase.
Para poder enfrentar la pandemia del coronavirus por medio del confinamiento de la población y prácticamente paralizando a la nación mediante el cierre de los comercios, el Gobierno británico no decretó el estado de emergencia, sino que recurrió a una figura que ha denominado «poderes de emergencia». Reino Unido no tiene una constitución escrita y fue necesario que el Parlamento aprobara en tiempo récord la llamada «ley del coronavirus» que le permitiera tener estos «poderes especiales», que incluyen la capacidad de multar a quienes incumplen las medidas impuestas de distanciamiento social.
La legislación tendrá una duración limitada de dos años y no todas las medidas que contempla entraron en vigencia al mismo tiempo. El proyecto de ley permite que los cuatro gobiernos del Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte) activen estos nuevos poderes cuando sean necesarios y, que los desactiven una vez que no sean necesarios. Según la información oficial del Gobierno, «las medidas contempladas en el proyecto de ley del coronavirus son temporales, proporcionales a la amenaza que enfrentamos, solo se usarán cuando sea estrictamente necesario y estarán vigentes durante el tiempo que sea necesario para responder a la situación».
