El rastreo en la web en busca de lo que informaciones, más o menos acertadas que causan desafección a las instituciones del Estado es manifiestamente ilegal salvo que haya indicios de delito. Así lo aseguran juristas consultados por ABC, que recuerdan que la libertad de expresión e información son derechos «sagrados». Aluden también al artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que señala como principios básicos de actuación el ejercicio «con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» y el cumplimiento de sus funciones «con absoluta neutralidad política e imparcialidad».
En declaraciones a ABC, tanto la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeux, como el decano de los jueces de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, recuerdan que el límite a la libertad de expresión y a la libertad de información está solo en la posible comisión de delitos, en cuyo caso la justicia ya interviene. «El Gobierno no es quien para decir qué es noticia y qué no», apostilla Dexeux.
Ambos juristas recuerdan que las causas contra quienes se sientan ofendidos se denuncian ante la Policía, la Fiscalía o el juzgado y que se puede intervenir de oficio o investigar conductas delictivas, como de hecho se hace con la pornografía infantil o estafas que se producen en las redes sociales. «Todo lo que no sea eso se llama mordaza y censura», dice Dexeux.
«Además, ¿quién decide qué información es veraz?», se pregunta. A su juicio, es el propio ciudadano el que tiene que saber confrontar o filtrar la información que le llega y no necesita que le tutele nadie porque eso implicaría censura. Por otra parte, y en lo que respecta a la actuación concreta de la Fiscalía y al escrito de la Secretaría Técnica marcando el camino de la persecución de los bulos, Dexeux asegura desconocer la razón de ser de ese documento: si se trata de un escrito divulgativo, un escrito ad hoc para los medios o si es algo para los fiscales porque si es así no hay «ningún estudio en profundidad» sobre los delitos en los que puede incurrir un bulo, al margen de que el documento en cuestión no es una instrucción. Con los fiscales trabajando en casa y el colapso que se avecina en los Tribunales cuando se levante el estado de alarma, Dexeux considera que la investigación de bulos «no es un asunto primordial en este momento».
El responsable del PP de Justicia en el Senado, el juez en situación de servicios especiales Fernando de Rosa, advierte del riesgo de que el Gobierno se convierta en un Tribunal de Orden Público franquista. «¿Quién es el Gobierno para filtrar qué discursos son convenientes o inconvenientes?», se pregunta. Para De Rosa se trata de un ataque en toda regla a la libertad de expresión e información, y coincide con los anteriores en que si existe una afectación al derecho al honor o conductas que pueden ser delictivas, para eso están los tribunales de justicia.
