El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que enfrentarse cara a cara al coronavirus. Ha intentado evitarlo, pero la política no tiene más remedio que entrar en la crisis ante la expansión del virus, con Madrid y País Vasco, marcados, de momento, como los dos focos principales de expansión de la enfermedad. Hasta ahora Sánchez y la política en general se habían protegido bajo el paraguas de los expertos porque pensaban, cada uno por distintos motivos, que tenían poco que ganar y mucho que perder, pero la situación de emergencia nacional no deja otra salida. Ha llegado la fase de las decisiones excepcionales, y éstas son políticas, aunque tengan como base los consejos de los expertos, porque tienen que medir las consecuencias sanitarias, económicas y sociales. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anticipó ayer una primera batería de choque, que incluye el cierre de colegios en Madrid, Vitoria y Labastida. Y también compareció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para explicar las decisiones de su Gobierno.
Ayer Sánchez se fotografió por primera vez en la célula de crisis sanitaria, corrigiendo la situación ya insostenible de mantenerse al margen, sin ni siquiera haber creado un comité de crisis con representación interministerial porque las consecuencias afectan a distintos departamentos, no sólo a Sanidad. El virus lo ocupa ya todo en el Gobierno y las perspectivas no son nada tranquilizadoras. Entre las prioridades está asegurar que no haya colapso sanitario ni desabastecimiento de los test del coronavirus y corregir, además, decisiones incoherentes respecto a las prohibiciones de concentraciones sociales, por ejemplo.
El jefe del Ejecutivo compareció para anunciar medidas, que seguirán detallándose hoy, y dijo que elaborará con los agentes sociales un plan de choque contra los efectos económicos del virus, que pondrá en marcha cuanto antes para combatir esta enfermedad que amenaza el crecimiento mundial.
A la espera del detalle de esas actuaciones, Sánchez apeló a las evidencias científicas y a la coordinación con todas las administraciones. También aclaró que a partir de mañana se reunirá una comisión interministerial para supervisar el seguimiento de la epidemia. El giro es de 180 grados y evidencia de fondo la gravedad de la crisis. Con el riesgo, que Moncloa intenta evitar, de que la política convierta la gestión de esta emergencia en un lodazal, en el que las comunidades dejen de actuar al unísono, según su color político, porque las competencias están descentralizadas. Hasta ahora todo ha funcionado en una misma dirección, y el cambio de guión es arriesgado porque el que se mueva puede acertar, o no.
En Moncloa han empezado a tomar conciencia de que las protestas y el descontento puede abrasarles según crezca la percepción de que no hay una intervención planificada y efectiva ante esta crisis nacional. Y la oposición, hasta ahora guarecida también bajo la protección de los expertos, rompió ayer la tregua y lanzó el primer zarpazo contra Sánchez. El líder del PP, Pablo Casado, le acusó de estar desaparecido y presentó su alternativa, rompiendo la unidad de acción administrativa que hasta ahora se había mantenido bajo la batuta del director de Alertas Sanitarias, Fernando Simón. En la oposición huelen ya que la crisis le va a estallar encima a un Gobierno dividido, descoordinado, débil y sometido a la presión independentista, y toman posiciones para responder a este escenario.
El PP recuerda que tuvo que gestionar la emergencia nacional de la crisis económica que heredó en 2008 Mariano Rajoy, y hay quienes ya concluyen que lo que viene puede ser aún peor porque además de desestabilizar todo el sistema político y económico, incluye otro factor muy delicado, la gestión a su vez de la percepción social de una enfermedad emergente y con una cifra de muertos en ascenso por la desprotección de la población más envejecida.
Casado propuso un plan económico, con rebajas fiscales para frenar el hundimiento del turismo, y criticó la inacción de Sánchez. «Sigue sin dar la cara y sin reaccionar ante esta grave situación». Casado se centró sólo en las actuaciones económicas, en tres planos: la reducción a la mitad del Impuesto de Sociedades a los sectores afectados, sobre todo el turismo; aplazar el cobro del IVA y suprimir las subidas de impuestos financieras, ambientales y a la aviación; y devolución de manera urgente de los 2.500 millones de euros de IVA que el Ejecutivo adeuda a las autonomías. En principio, el plan de choque implicaría abrir un agujero a las arcas públicas de importante impacto cuando ya hay un desfase entre ingresos y gastos rechazado por Bruselas.
En el Gobierno preocupa el colapso sanitario y el impacto económico. Cabe esperar medidas de intervención que afectarán a la actividad, a los desplazamientos, al trabajo y a nuestras relaciones sociales. Porque, como dicen oficiosamente fuentes del Gobierno, aunque en público se mantenga la llamada a la cautela, posiblemente la solución, igual que el virus, viene de China. Son realidades incomparables, pero sí es cierto que allí se ha actuado de manera tajante en limitar la expansión geográfica y en evitar los contactos sociales. Italia ha copiado esta estrategia en los últimos días y «hay que ver qué efecto tiene porque hay que medir muy bien las consecuencias y las urgencias sanitarias y nos guste o no la única manera para evitar que la explosión del contagio sea mayor está en actuar sobre las interacciones sociales», explican fuentes gubernamentales.
