El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los proyectos de ley que introducen los dos nuevos impuestos anunciados de forma repetida durante el último año y medio: el impuesto sobre determinados servicios digitales (tasa Google) y el de transacciones financieras (tasa Tobin). La redacción de ambos impuestos copia de forma literal la propuesta que ya lanzó el Gobierno hace un año acompañando los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que finalmente fueron rechazados.
Sin embargo, el Ejecutivo ha actualizado a la baja la previsión de recaudación anual de la tasa Google en 232 millones de euros, rebajando así su estimación inicial de 1.200 millones de euros, que estaba muy por encima de las previsiones de otros organismos. La nueva estimación del Ministerio de Hacienda es de 968 millones de euros, cifra que coincide con la previsión más optimista que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para este tributo. La entidad dio un margen de recaudación de 546 a 968 millones de euros, y el Ejecutivo ha elegido la más alta, por lo que todavía sigue generando riesgos sobre su cumplimiento.
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Además, la otra novedad importante que recoge la tasa Google es que el primer pago a cuenta de este año se retrasará hasta el mes de diciembre, en concreto, «el día 20 o más», señaló la ministra portavoz, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De esta forma, el Gobierno da un margen a las negociaciones que se están llevando a cabo en el ámbito internacional para ver si llegan a buen puerto.
En cualquier caso, Montero ha querido dejar claro que este tributo «no es discriminatorio en función de la nacionalidad o el tipo de empresa», contestando así a las críticas de EEUU, que considera que es un impuesto dirigido a las grandes tecnológicas estadounidenses.
España, junto a otros países de la Unión Europea, está tratando de impulsar un acuerdo en la OCDE o el G-20 para armonizar las bases imponibles y los tipos impositivos. Esto significa que el nuevo tributo comenzará a devengar cuando se apruebe definitivamente en el BOE, pero su primera liquidación no se hará hasta final de año. Montero ha señalado que si en algún momento se logra un acuerdo internacional, España modificará su tributo para adaptarlo.
En cuanto a la previsión de recaudación de la tasa Tobin, el Gobierno ha mantenido la estimación de 850 millones de euros. «Este impuesto afecta al sector financiero, que durante la crisis percibió una importante ayuda pública», ha explicado Montero. De esta forma, los bancos contribuirán con el resto de la sociedad y devolverán una parte de los recursos que inyectó el sector público para salvar las cajas de ahorros quebradas y frenar el contagio.
Los dos nuevos impuestos aportarán una recaudación de 1.800 millones de euros. Una estimación que está también en la parte más optimista del abanico de probabilidades de la AIReF. La previsión más prudente del organismo apunta a una recaudación de 970 millones, esto es, la mitad de la previsión del Gobierno.
