El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha avalado este jueves el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado, con doce votos a favor de su idoneidad y siete en contra.
El CGPJ está compuesto por veinte vocales y su presidente. Son Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte Gutierrez, Álvaro Cuesta Martínez, José Antonio Ballestero Pascual, Gerardo Martínez Tristán, Enrique Lucas Murillo de la Cueva, Clara Martínez de Careaga García, Juan Martínez Moya, Roser Bach Fabregó, Nuria Díaz Abad, Rafael Mozo Muelas, Wenceslao Francisco Olea Godoy, Carmen Llombart Pérez, Pilar Sepúlveda García de la Torre, María Concepción Sáez Rodríguez, Juan Manuel Fernández Martínez, María Victoria Cinto Lapuente, María del Mar Cabrejas Guijarro, José María Macías Castaño y María Ángeles Carmona Vergara.
Los informes de valoración sobre anteriores candidatos a ocupar la Fiscalía General del Estado se pronunciaban explícitamente sobre su idoneidad para el cargo, un matiz que ahora evita Lesmes para concitar consensos, según indican fuentes del CGPJ. Así, se limita a asegurar que cumple con los requisitos previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para el puesto.
El examen del candidato a fiscal general del Estado es preceptivo, pero no vinculante para el Ejecutivo que nombra a la persona que ocupará el cargo. El sector conservador del CGPJ no oculta su “profundo malestar” por este nombramiento que interpreta como un intento de someter a la Fiscalía a los intereses del Gobierno.
En principio, Delgado encajaba en ese perfil idóneo puesto que es jurista española, con 15 años de experiencia y de reconocido prestigio. Las dudas de los sectores conservadores se centraban en si será imparcial a la hora de ejercer el cargo, teniendo en cuenta que acaba de cesar como ministra de Justicia y que ha sido diputada en las filas socialistas.
A lo largo del día se han ido matizando las posiciones de quienes pretendían directamente votar en contra de la idoneidad de Delgado y con las horas se abrió paso una postura menos radical que apostaba por reconocer que la candidata cumple con los requisitos que establece la ley pero, advirtiendo de que su nombramiento puede perjudicar la imagen de la Fiscalía.
