El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ayer las ordenanzas fiscales para el 2020. Sin sorpresas, la propuesta del Gobierno PP-Cs obtuvo los dos votos de la ultraderecha de Vox, suficientes para hacer estériles las críticas de la izquierda. Más aún después de que la responsable de Hacienda, María Navarro, contraatacara el principal argumento para aplacar su primer gran logro: la incertidumbre de si subirá o no el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y depender de si el Catastro aceptará o no la rebaja solicitada del 3% en los valores catastrales de toda la ciudad. Lo debe comunicar el Consejo de Ministros antes de acabar el año, pero la concejala del PP anunció que «con decreto o sin decreto, el IBI bajará» y que ahora ya no depende del Gobierno central para que el recibo se abarate. Pero PSOE, ZeC y Podemos ya no le creen.
Navarro aseguró que del presidente en funciones Pedro Sánchez ahora solo depende que «baje más o menos». Según sus cifras, los técnicos han analizado los dos escenarios y si llega el decreto ley que aplica el coeficiente solicitado, toda la ciudad se verá beneficiado de un 1,01% de disminución y que, si no llega, será de 0,69%. Y para la recaudación, la diferencia tampoco es sustancial, ya que el consistorio obtendría 159,14 millones sin real decreto, 710.896,08 euros menos que este año, y con él, 1.177.709,71 menos, 158,67 millones en total.
La razón, explicó la edila, se basa en que el año pasado, al aprobarse una reducción de esos valores catastrales del 7%, este coeficiente reductor «se consolida» y amortigua la subida que, año a año, se venía produciendo en Zaragoza desde el 2013. Una explicación que a PSOE, ZeC y Podemos-Equo sigue sin convencer.Solo a Vox, que en el debate definitivo se limitó a celebrar que se hayan aceptado sus enmiendas de bonificar a las familias numerosas, en el IBI y en la plusvalía. Y en defender que la progresividad en el IBI, un tributo lineal, es imposible de lograr.
«Tendrá que pedir disculpas a todos los ciudadanos como suba un céntimo», le dijo el socialista Horacio Royo, quien deseó que llegue el decreto ley y logre lo que Navarro no ha garantizado, en una ordenanza «regresiva e injusta por tratar igual a quienes tienen condiciones económicas radicalmente distintas».
El mismo calificativo utilizó antes el concejal de ZeC Alberto Cubero, quien auguró que esa confianza de Navarro, que hace pocos días aseguraba que el presidente Sánchez no se echaría encima a 85 ayuntamientos que han solicitado esa revalorización a la baja de un 3%, se debe a que «ahora que sabe que no se va a dar, dice que no le hace falta». Lamentó que se haya «conformado con los votos de Vox» y rechazado a los demás «para irse de vacaciones», mientras oculta la subida del bus como un «secreto de Estado».
«El IBI va a subir entre un 4% y un 7%. Todos sabemos hacer una tabla de Excel hasta para que nos salga lo que queremos que salga», respondió Fernando Rivarés, de Podemos-Equo, quien ve «una trampa para recaudar más y luego echar la culpa al Gobierno.
