El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre algunos pasajes literales de la sentencia del caso Gürtel, un fallo decisivo en la situación política española al precipitar la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez y defenestró a Mariano Rajoy. El Partido Popular ha solicitado al Alto Tribunal que considere la recusación del juez José Ricardo de Prada por esos párrafos a la hora de revisar la condena a la parte central de la trama de corrupción.
En un escrito enviado al Supremo, el abogado del PP invoca la decisión de la Audiencia Nacional, que el pasado 4 de octubre apartó al juez De Prada del tribunal que enjuiciará el caso de la caja B del PP, una vista pendiente de celebrarse. Según el partido político, las aseveraciones de la Audiencia Nacional fortalecen sus razones para pedir que se anule la condena al PP como partícipe a título lucrativo. El Supremo tiene todavía pendiente el recurso de casación de los acusados.
Al apartar a De Prada, la Audiencia dictaminó que «no era necesario introducir» en la sentencia los párrafos más incisivos contra el PP, aquellos que situaban al partido en una relación casi de conformidad con la trama de corrupción que se creó en su seno en los años previos a la crisis. Los mismos párrafos que precipitaron en mayo de 2018 la moción de censura que protagonizó Sánchez, la jugada con la que Rajoy perdió la confianza del Congreso.
La Sala de lo Penal concluyó por mayoría (ocho votos contra siete) que esas reflexiones no eran necesarias para valorar el rol del PP, condenado por beneficiarse económicamente de la actividad de la Gürtel sin participar en los delitos. La inclusión de esos párrafos, expresan los jueces, permite deducir «con claridad la toma de postura de este magistrado respecto de varias de las cuestiones relevantes, que no eran objeto estrictamente de enjuiciamiento en ese primer procedimiento concluido por sentencia, pero que deben resolverse en el posterior», en alusión al juicio de la caja B. De Prada, amigo de Baltasar Garzón, fue nombrado por la ministra Dolores Delgado asesor en justicia universal, al tratarse de un magistrado experto en Derecho Internacional.
«El posicionamiento explícito del magistrado en estas materias le priva objetivamente de las condiciones de imparcialidad exigibles» para juzgar la caja B, alega la Sala de lo Penal. A pesar de eso, la Audiencia deja claro que no se puede deducir una «animadversión especial contra el PP o contra los acusados» por parte de De Prada.
¿Cuáles son esos párrafos que anticipan la posición del juez en la vista de la caja B? El auto cita como ejemplos los pasajes a los que aludió el juez Ángel Hurtado, quien se desmarcó de sus otros dos compañeros del tribunal y rechazó la condena al PP. Entre esas frases se encuentran las siguientes: «Entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió, pues, una estructura de colaboración estable», o «se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional».
La razón por la que el tribunal se adentró en esas consideraciones era la necesidad de analizar si Luis Bárcenas había sustraído dinero de la contabilidad opaca. Dos de los tres magistrados del tribunal –Julio de Diego, además de De Prada– entendieron que la condena por apropiación indebida al antiguo tesorero exigía esas reflexiones, para aportar el contexto del hecho. El tercer juez, Ángel Hurtado, se opuso, y alegó que esos pasajes quedaban fuera del «conocimiento» del caso.
Los magistrados que apoyaron la conclusión plasmada en la sentencia añadieron que parte de los fondos acumulados por la trama Gürtel fueron a parar «a la llamada caja B del partido consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989», una aseveración que dio por probada la contabilidad opaca, que no era parte del juicio.
Responsabilidad civil
En dicha sentencia, el PP fue condenado como responsable civil a devolver 245.492 euros, el dinero que se ahorró en las campañas de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda en 2003 y 2004, por actos sufragados por la red de Francisco Correa. El fallo acreditó que la Gürtel vulneró todas las normas para enriquecerse ilegalmente en administraciones controladas por antiguos miembros del PP, corrompiendo las licitaciones públicas entre 1999 y 2005.
Al impugnar la sentencia en el Supremo, el PP alegó que esos pasajes dañan su derecho de defensa y a la presunción de inocencia, además de revelar la falta de imparcialidad de los jueces. «Si se tolerara un precedente como este resultaría que el mero beneficiario de un alquiler muy barato de un piso, que lo es porque proviene como efecto de delitos de tráfico de drogas, terrorismo o prostitución, podría encontrarse con que la sentencia lo condena como partícipe a título lucrativo, pero los hechos y fundamentación jurídica le atribuye un rol de traficante de drogas o financiador de terrorismo, porque ello ayudaba a entender el contexto de su enriquecimiento injusto», argumentó el PP.
El recurso de casación permite al Supremo corregir una sentencia por una inadecuada aplicación de la ley, sin valorar las pruebas. En este caso, su resolución encierra una gran repercusión.
