Los claustros de todas las universidades catalanas han aprobado un manifiesto en el que se asegura que recoge que «no hay margen para el silencio de la institución universitaria ante la situación actual de represión y erosión de las libertades y los derechos civiles» y exige la «inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas y el retorno de las personas exiliadas». Un texto adoptado de forma unánime en indiscutida que esta vez ha tenido respuesta. En tres días, más de 800 profesores respondieron con un comunicado en contra que ha recibido el apoyo del ministro de Educación, Pedro Duque.
La impulsora de ese manifiesto es Isabel Fernández, profesora de Periodismo de la UAB, miembro de Impulso Ciudadano e impulsora también de Universitarios por la Convivencia, un colectivo que intenta dar la réplica al «pensamiento único independentista» en la universidad catalana. «Yo personalmente hace tiempo que he hecho intervenciones contundentes ante el claustro de la UAB, pero es cierto que eran intervenciones ante un gran silencio», reconoce Fernández, quien advierte sin embargo que esa «espiral del silencio» se está rompiendo, también en la universidad.
Pregunta.- ¿Cómo estáis viviendo los profesores esta huelga contra la sentencia del procés en la universidad catalana?
Respuesta.- Es cierto que ha habido momentos puntuales de tensión, pero no se puede hablar de una huelga generalizada porque no tiene suficientes apoyos. Lo que se está produciendo son intentos de paralizar las clases con acciones puntuales que alteran la vida académica. Pero lo que realmente está generando una alteración más allá de estos intentos puntuales de impedir la docencia, son por un lado el manifiesto único de los claustros y los cambios en los criterios de evaluación que se están aprobando.
P.- ¿Os preocupa el contenido del manifiesto o el hecho de que se apruebe por los claustros?
R.- Nos escandaliza todo. El contenido nos parece muy preocupante. Además es un manifiesto único pero con matices que lo empeora.
P.- ¿Cómo la universidad de Lleida?
R.- Exacto, la Universidad de Lleida directamente declara persona non grata a la Delegada del Gobierno. ¿Qué hace una universidad declarando persona non grata a nadie? Y hacerlo por razones ideológicas me parece un agravante.
En términos generales, un disparo a la línea de flotación del Estado de Derecho, porque están proponiendo que se libere a personas que han sido encarceladas por un tribunal. El contenido es aberrante. Y el procedimiento. Los claustros no tienen legitimidad para aprobar ese tipo de documentos, no forma parte de sus competencias y las personas que los conforman no han sido elegidas por razones políticas. Además, en los claustros ha votado poca gente, creo que muchos no han ido porque no estaban de acuerdo con el planteamiento.
Pero además hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que las administraciones públicas no tienen libertad de expresión. Es un derecho que corresponde a las personas. Si la administración se pronuncia en su nombre es una vulneración de la libertad ideológica, porque se están apropiando de tu opinión.
P.- Les acusan de pretender censurar la política en la universidad.
R.- Un manifiesto unitario como este atenta contra nuestra función como docentes. Ante cualquier tema, pero sobre todo con un tema tan controvertido como este, la universidad debe ser un foro de debate. Por supuesto que la política debe entrar en la universidad, lo que no puede ser es que se pronuncie en esos términos sobre lo que piensa una parte de la sociedad catalana. Y qué hace un claustro rechazando una sentencia de 500 folios que nadie se ha leído. La sentencia claro que es criticable, pero que hagan el debate los penalistas. No se debe pronunciar la universidad sino los académicos que forman parte de esa universidad.
P.- Esa apropiación de un colectivo lo hemos visto en los últimos años en Cataluña en las universidades, pero también en colegios profesionales, ampas o federaciones deportivas. ¿Por qué llega la respuesta ahora?
R.- El colectivo Universitarios por la Convivencia lo creamos hace un año. Esperábamos la reacción a la sentencia, pero es que es un manifiesto único con una subida de tono considerable. Han dado una vuelta de tuerca y hemos dado una respuesta explicita. Cuando alzas la voz te das cuenta de que hay mucha gente que piensa como tu, hay más gente de la que parece, obviamente, porque sino no sería proporcional con los resultados electorales.
P.- ¿Ha habido connivencia de las autoridades universitarias?
R.- Quienes tienen cargos de gobierno están muy presionados. La posición no es cómoda para los equipos de gobierno, ese manifiesto estaba preparado fuera cual fuera el contenido de la sentencia y se refleja en un tono que representa al ala más radical. Se requeriría que las autoridades académicas no lo admitieran a trámite porque no forma parte de las competencias del claustro, pero ¿cuánta gente estaría dispuesta a hacer eso? Por eso creo que colocar este tema en el debate público es importante, para que se genere un estado de opinión suficientemente fuerte como para que las personas que quieran parar esto sientan un respaldo, porque ha habido una espiral de silencio como un piano de cola. Hay una enorme sensación de pensamiento único en el espacio público y gente que tiene miedo a pronunciarse porque parece que es algo mucho más unánime de lo que realmente es.
P.- ¿Se está rompiendo esa espiral de silencio?
R.- Un poco sí. Esto es muy importante, el trabajo que está haciendo S’ha Acabat! y ahora Universitaris per la Convivència cambia bastantes cosas. La universidad es un ámbito que siempre ha estado muy copado por el independentismo, cuando los estudiantes constitucionalistas reparten folletos en un campus hay otros que se sienten autorizados a rodearles y llamarles fascistas, y lo peor es que las universidades no hagan un comunicado contundente condenando eso. Eso no es un contexto normal. Si cambias los actores y hablas de un hombre agrediendo a una mujer nadie dudaría de que eso hay que condenarlo y permitir que actúen las fuerzas de seguridad.
P.- Usted ha denunciado las agresiones a estudiantes no independentistas en el campus de Bellaterra.
R.- Yo siempre he sido muy clara cuando se vulneran derechos. No hay que mediar, cuando se vulneran derechos hay que decirle al que los vulnera que deje de hacerlo. La violación de derechos es inaceptable, no se puede negociar nada. No se puede agredir a nadie, no te puedes apropiar del pensamiento de otro.
P.- Es difícil impedir esas agresiones cuando se impone el tabú de la policía en el campus.
R.– Pero ¿por qué no pueden entrar las fuerzas de seguridad en el campus? ¿Estamos presuponiendo que van a hacer algo malo, que tenemos unas policías que en vez de protegernos dañan a las personas? Yo no tengo problema con que haya fuerzas de seguridad en la calle, al revés, me generan más seguridad los Mossos que los encapuchados en el campus. Hay unos encapuchados que paran a las personas en el campus y les exigen que se identifiquen para entrar, eso es normal, hay que negociar con ellos y aceptar sus condiciones… esto es el mundo al revés. Me sorprende mucho que se defienda que las fuerzas de seguridad no pueden entrar si no le autoriza el rector, es absurdo, es como crear espacios de impunidad y en democracia no puede haberlos.
P.- El rector de la UPF argumentaba tras el cierre de su universidad que no hubo impunidad sino negociación con los huelguistas, y por eso no se reabrió el campus hasta que éstos decidieron irse.
R.- No se puede negociar con quien que te está coaccionando. Cómo que no tiene mecanismos para impedir que unos encapuchados bloqueen la facultad. Claro que tiene los mecanismos, llamando a los mossos, pero eso tiene un precio político. Si no quiere pagar el precio político que no se presente. Todo lo que hemos visto en las calles es una versión a gran escala de cosas que hemos ido viviendo en la universidad. Se sienten legitimados para arrancar unos adoquines, lanzárselos a las fuerzas de seguridad y luego decir que la represión viene por parte de la policía.
P.- ¿Todas las universidades públicas catalanas han claudicado con la evaluación continua?
R.- Efectivamente, han decidido algo que contraviene toda la filosofía del Plan Bolonia, que se basa en la evaluación continua. Ahora tendremos evaluación a la carta, al alumno que por razones políticas solicite un cambio de evaluación se lo hacemos. Encima te argumentan que eso es para garantizar su derecho a la manifestación, cuando las clases duran cuatro horas diarias. Lo que quieren es tener disponibles esas horas para impedir que los demás vayan a clase.
Si se quieren equiparar con el derecho de huelga -aunque no creo que los alumnos lo tengan, porque no tienen un contrato laboral- o con la desobediencia civil que lo hagan a todos los niveles. Las personas que lo ejercieron asumieron las consecuencias, a veces muy duras, de esos comportamientos. Estos quieren lo bonito de la desobediencia civil pero eso sí, que me adapten el sistema de evaluación. Y lo que es terrible es la connivencia de las autoridades académicas que se han plegado a estas reivindicaciones. Cuando has ido cediendo durante tanto tiempo es cada vez más difícil plantarse.
P.- ¿Esto va a conducir a un desprestigio de la universidad pública frente a la privada, que sigue sus clases con normalidad?
R.- Eso es obvio. Si tienes menos horas de docencia, alteras los planes de trabajo y se tensiona la convivencia para bien no va a ser. En mayor o menor medida esto no va a contribuir en absoluto. Veremos si vienen estudiantes de otras comunidades o de Erasmus.
P.- ¿Por qué cuesta tanto la organización de entidades o grupos no nacionalistas que den la contra a esos postulados únicos?
R.- Nosotros no estamos organizados, no formamos parte de un Programa 2000, nosotros somos ciudadanos que no estábamos al servicio de ninguna causa. Entre los agentes actuantes del Programa 2000 hay bastante gente vinculada al mundo universitario, y uno de los objetivos es el control de los órganos de gobierno de las universidades.
Yo no quería manifestar públicamente mis pensamientos políticos, yo estaba en mi rincón haciendo mi trabajo. Pero he llegado a un punto en que tienes que decir «no en mi nombre». Quiero que quede clarísimo que yo no consentí esto, ni suscribo estos manifiestos ni este modo de hacer, es lo contrario de lo que tiene que ser una universidad. Hasta ahora los independentistas han ganado este debate por incomparecencia del contrario.
P.- El Comunicado del Foro de profesores ha conseguido ya más de 800 firmas, ¿satisfecha o sorprendida por su repercusión?
R.- Es muy gratificante, porque además se sigue apuntando gente. El objetivo en todo caso lo hemos conseguido, porque es una masa crítica los suficientemente importante como para que tengan que escucharla.
Espero que el grupo siga así de fuerte y cohesionado para revisar estas nuevas normas de evaluación. Es fundamental generar espacios diferentes, es aire nuevo. Nos une la fe en el estado de derecho, porque fuera hace mucho frío, es la ley de la selva.
