Hubo engaño oficial sobre el oxígeno financiero a los gobiernos autonómicos hasta apenas cinco días antes de anunciar que era posible lo que se había calificado de legalmente imposible. El Ministerio de Hacienda negó por escrito y en carta oficial hasta el pasado 27 de septiembre la posibilidad de desbloquear fondos a las comunidades autónomas estando en funciones, según ha podido comprobar EL MUNDO.
Hacienda mantuvo el suspense en sus cartas hasta dejar que fuera el presidente en funciones, Pedro Sánchez, el que anunciara días después, el pasado día 2 -en un mitin socialista en Valencia– que sí se liberaría ese maná multimillonario antes de las nuevas elecciones generales. Sánchez explicó ayer al diario digital Nius que ahora es posible, porque «se ha constatado que vamos a unas elecciones de nuevo» y que es responsable evitar perjuicios a las comunidades. Pero eso también era conocido el pasado día 27.
Según el conjunto de cartas remitidas por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, a diferentes comunidades autónomas y a las que ha tenido acceso este diario, la respuesta del Ministerio ha sido hasta muy última hora negativa a la solicitud de que se desbloqueen las llamadas entregas a cuenta, que son anticipos del sistema de financiación habituales y previstos. «La actual situación del Gobierno en funciones impone importantes restricciones a la instrumentación jurídica de una medida de esta naturaleza», zanjó el pasado viernes Bardón la petición del consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo. El párrafo es calcado al remitido anteriormente a, entre otros, el consejero de Hacienda de Murcia, Javier Celdrán, o al de Castilla y León, Carlos Fernández Carriego en semanas anteriores.
La diferencia con la carta a la Junta andaluza es que está datada en una fecha en la que Hacienda conocía ya la disolución de Las Cortes y la convocatoria de elecciones generales del 10 de noviembre. El Ministerio animó al PP durante el período de investidura a apoyar a Sánchez con el argumento de que así podría liberar los fondos, porque en funciones no podía, pero la última carta muestra táctica de ocultar que había ya una solución hasta que Sánchez lo anunciara. El líder socialista así lo hizo y se apuntó el tanto en un acto electoral socialista y en uno de los territorios que más necesita el dinero como es la Comunidad Valenciana.
La estimación de Hacienda es que la actualización de las entregas a cuenta que se desembolsará antes de las elecciones supondrá un reparto de unos 4.500 millones y no los cerca de 7.000 millones estimados por el PP, que incluyen también liquidaciones de años anteriores y que se encuentran pendientes. El Ministerio no explicó ayer con qué fórmula legal es ya posible lo hasta ahora imposible. En sus misivas, Bardón restriega que el desbloqueo de fondos habría sido factible, si se hubiera aprobado la Ley de Presupuestos de 2019, tumbada el pasado febrero, pero agrega que «este Gobierno está trabajando activamente en el estudio de alternativas que pudieran, en su caso, permitir un cálculo de las entregas a cuenta para este año diferente al propio de la situación de prórroga presupuestaria».
La propia ministra María Jesús Montero ha asegurado durante meses que estaba buscando fórmulas legales ya que la Abogacía del Estado se oponía que el Ejecutivo en funciones procediera al desbloqueo. El pasado 19 de septiembre afirmó que «casi» tenía ya la fórmula, pero que aún no y sin anticipar que se habilitaría antes de las elecciones.
Para los gobiernos autonómicos lo único oficial es lo que les comunique por escrito el Ministerio. «Vamos a tener que ir a los mítines del PSOE a conocer nuestro futuro económico», afirma irónicamente a este diario la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Hace poco alegaron un informe de Abogacía del Estado para decir que no se podía pagar por estar en funciones… ¿Qué ha cambiado? ¿Que estamos en campaña?», se pregunta. «Me parece vergonzoso, una utilización partidista de las instituciones públicas sin precedentes», asegura a este periódico el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. «Primero se inventan un informe de la Abogacía del Estado para asfixiarnos; con posterioridad, después de convocar las elecciones, desaparece ese informe. Y ahora tengo que enterarme por un mitin del PSOE de que nos van a pagar lo que se les debe a los murcianos», se lamenta. El presidente de Castilla y León, el también popular Alfonso Fernández Mañueco, asegura que «es infame que un tema institucional se anuncie en un mitin».
El Gobierno ha cumplido por otra parte con la promesa de celeridad que dio a uno de sus barones socialistas más importantes, el valenciano Ximo Puig y ha aprobado un aperitivo con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la espera de materializar antes del 10 de noviembre las citadas entregas a cuenta a las comunidades autónomas. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha acordado «habilitar 608,75 millones de euros adicionales que irán destinados a cubrir las desviaciones sobre el objetivo de déficit de 2018 de las tres Comunidades Autónomas que rebasaron el límite», según un comunicado oficial. La Comunidad Valenciana, recibirá 365 millones. Puig urgió a la ministra que le entregara estos fondos antes del 9 de octubre, el día de la región. Son recursos del llamado extra FLA y se suelen repartir más avanzado el año. Murcia recibirá 70 millones y Andalucía, 173 millones.
El Gobierno también decidió ayer el reparto del cuarto trimestre del conjunto de fondos de financiación autonómica y que tienen como principal beneficiaria, como es habitual, a Cataluña. Se le asignan para el tramo final del año otros 1.533 millones por lo que habrá recibido a final de año 8.044 millones, un tercio del total. Le sigue Valencia con 6.784.
