El líder del PP ha pedido este miércoles a Pedro Sánchez una «rectificación pública, oficial» por acusar a la Junta de Andalucía —donde gobiernan con los apoyos de Ciudadanos y Vox— de alentar una «lista negra» de empleados de las unidades de valoración de violencia de género en la comunidad. «Sánchez usó a las víctimas de la violencia machista con fines partidistas. Es algo infame que no vamos a consentir», ha dicho durante un mitin en Sevilla.
Esto fue lo que dijo Sánchez en el debate: «Lo que está ocurriendo en Andalucía es que acaban de recibir, y acaba de ser denunciado por UGT, cartas los médicos, psicólogos y también los trabajadores sociales que luchan contra la violencia de género en Andalucía porque se están haciendo ya las listas negras impulsadas por el PP y Ciudadanos». La realidad: La Junta de Andalucía, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla, ha tramitado una petición de datos (nombres, apellidos, número de colegiado) de trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Lo señala la carta que mostró el líder socialista durante el debate. La Junta lo hace, como aclara también la misiva, para dar cumplimiento a la petición de un ciudadano particular amparado por la Ley de Transparencia. Ese particular repite los mismos motivos que redactó Vox en su solicitud en el Parlamento, que le fue denegada. Es decir, en ningún caso las listas negras están impulsadas por Ciudadanos y PP.
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en el mismo tono que Casado, ha acusado a Sánchez de «utilizar el sufrimiento de miles de víctimas de violencia de género para arañar un puñado de votos». «Esa es la catadura moral del candidato del PSOE. No hay una lista negra de profesionales que luchan contra la violencia de género. Es un fake«, ha señalado en su intervención, previa a la del líder del PP. También el vicepresidente andaluz, Juan Marín, de Ciudadanos, ha manifestado que las acusaciones de Sánchez son «una mentira como una catedral».
En la solicitud, datada el 9 de abril, se exponían los mismos argumentos que esgrimió Vox, el 24 de febrero, en su petición al Parlamento andaluz en los que exigía la información personal y el número de colegiación, si estaban colegiados, de los integrantes de los equipos psicosociales y las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) de los juzgados de Familia y Menores, y que fue rechazada por la Mesa de la Cámara por vulnerar el derecho de protección de datos. “Nos han llegado denuncias de afectados que aseguran que estos trabajadores no cuentan con las capacitaciones necesarias para ejercer sus funciones en materia de violencia de género o de decisión sobre las custodias de los menores y de que, en algunos casos, no están ni siquiera colegiados”, alegó entonces la formación de extrema derecha.
Cinco ciudadanos particulares presentaron por las mismas fechas escritos similares —dos de ellos formularon dos peticiones casi idénticas, explican desde la Consejería de Justicia—, alentados por la reclamación de Vox alegando que se habían visto afectados por resoluciones judiciales que consideraban influenciadas directamente por los informes de las unidades de violencia de género, pese a que no son vinculantes. De ellos, tres presentaron su escrito en Sevilla y uno en Málaga, según los datos facilitados por momento la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTA). De las solicitudes solo dos reclamaban datos particulares, una referente a todos los empleados de la provincia de Sevilla, que es de la que se da traslado a los profesionales, y otra respecto de un trabajador en concreto.
Durante el debate de Atresmedia, Sánchez mostró la carta que atribuyó a “la Junta de Andalucía”. “Su Consejería manda circulares a los médicos, a los psicólogos y a los trabajadores sociales para hacer una lista negra no de los potenciales trabajadores, sino de aquellos que luchan contra la violencia de género. Esta es vuestra Consejería”, dijo dirigiéndose al candidato de Ciudadanos, Albert Rivera. La nota es una circular remitida por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a los trabajadores, en cumplimiento del artículo 19.3 de la Ley de Transparencia de Andalucía, que exige que se dé traslados las solicitudes que lleguen a través de esa vía y que afecten a derechos o intereses de terceros a los interesados. En la nota se da 15 días de plazo a los receptores para que presenten alegaciones, si bien no se obliga a los profesionales a que faciliten sus datos.
El vicepresidente andaluz ha emitido esta mañana un comunicado explicando el proceder de su Consejería en el que se ha mostrado muy duro con Sánchez. “Presentó un documento que es el protocolo que la Ley de Transparencia obliga a una administración como la Junta de Andalucía cuando se recibe una petición por el portal de Transparencia para pedir información sobre alguien. Sabía que era falso, no hemos facilitado ninguna información, ni hemos violado el artículo 16 de la Constitución”, señala Marín. El dirigente de Ciudadanos explica que se dio traslado a los implicados para que tuvieran constancia de que había llegado el escrito pidiendo sus datos. «Cuando esto sucedió se puso en marcha el protocolo y se negó a ella basándonos fundamentalmente en la Ley de Protección de Datos y en lo que nuestra Constitución ampara», dice Marín.
Los profesionales afectados por la reclamación manifestaron su sorpresa y su repulsa a través de distintos sindicatos. En su momento, USTEA cuestionó la aplicación del artículo 19.3 de la Ley de la Transparencia por entender que los receptores antes que terceros, como indica el precepto, son empleados públicos y como tales, debería haber sido la Consejería la que debería haber respondido directamente y haber alegado que por protección de datos no podían facilitar los nombres y apellidos. “Entendemos que no debería haberse llegado hasta el extremo de pedir un plazo para las alegaciones. Pero se nos ha garantizado por parte de la Consejería que no van a facilitar ningún dato personal porque eso es confidencial. Se trata de datos muy sensibles relacionados con menores, con separaciones”, explica Rafael Rivero, de USTEA que ha estado asesorando a los profesionales implicados.
Aunque la Mesa del Parlamento andaluz rechazó entregar a Vox el nombre y los apellidos de los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, sí permitió a la formación que reformulara su solicitud y accedió después a entregar el número de trabajadores. La propia Consejería de Justicia informó posteriormente en sede parlamentaria de que el 40% de los profesionales no está colegiado. “Es un dato genérico pero estamos en contra de que se haya facilitado porque la Administración cuando nos contrata no nos exige la colegiación”, sostiene Rivero.
El funcionamiento de estas unidades ha sido cuestionado desde casi todas las administraciones autonómicas por la falta de homogeneidad en su estructura organizativa. Andalucía no es una excepción. Asociaciones de mujeres, abogados e incluso trabajadores de las propias unidades han criticado la sobrecarga de trabajo y las dificultades para ejercer su trabajo, al no tener claros los parámetros de actuación por su dependencia de las instrucciones de los jueces. n cuanto a los equipos psicosociales, fue el Defensor del Pueblo andaluz quien reclamó hace unos meses a la Junta la realización de mejoras, entre ellas, una normativa que regule el servicio, los derechos y obligaciones de cada una de las partes así como mayor homogeneidad en los criterios. Desde la entidad se reconoció que las quejas recibidas eran pocas “pero muy relevantes por su incidencia en los procesos judiciales y en la vida de los menores”. El Defensor del Pueblo reclamaba más medios para que los profesionales pudieran ejercer mejor sus tareas, nunca eliminar o purgar a los funcionarios.
